La empresa Buses del Paraná ratificó ante la Secretaría de Transporte y ordenamiento Urbano que “que resulta imposible, por causas no atribuibles a las empresas, la prestación de los servicios con total normalidad”. Además, demandó que la Municipalidad “se abstenga de realizar amenazas o aplicar sanciones hasta tanto se resuelva el planteo sobre adecuación de la tarifa y se garantice la ecuación económica del contrato de concesión”, informaron a AIM.
La nota presentada al secretario de Transporte, Seguridad Vial y Movilidad Urbana, Eduardo Acosta, indica que la concesionaria informó “la necesidad de la reducción del servicio en consonancia con todas las presentaciones que realizaron y que dan cuenta de la imposibilidad de sostener el servicio público en iguales condiciones en las que se venía prestando”.
En ese sentido, desde la empresa argumentaron que Buses Paraná “jamás pretendió interrumpir el servicio sin causa justificada, sino que en forma reiterada y explicita se puso en conocimiento del Municipio las causas que no permiten la prestación del servicio”, y detallaron que los problemas son: “La falta de ingresos (como consecuencia de una tarifa totalmente desactualizada, que no contempla los costos operativos del sistema y la falta de compensación por parte de los estados tanto municipal, provincial y nacional); la disminución de los cupos de combustibles necesarios para las empresas de transporte que vienen siendo recortados mes a mes, lo que trae aparejado no solo que no se llegue a tener un abastecimiento pleno; el precio de los insumos básicos (combustible, lubricante, repuestos y reparaciones) varía al ritmo de la inflación, por lo que, al no estar dadas las condiciones de sustentabilidad económica del sistema, se nos hace imposible cumplir en tiempo y forma con todos los compromisos”. Además, dijeron que el costo de haberes del personal “se viene ajustando por paritarias, las cuales no están contempladas en la actualidad dentro de la estructura de costos, de hecho, los costos salariales afectados desde la última paritaria, que requería el aporte compartido de nación y provincia no fueron cubiertos en debida forma, requiriendo de un esfuerzo empresarial al solo efecto de evitar conflictos en la jurisdicción, circunstancia que se agrava para los salarios del mes de noviembre que requieren una nueva recomposición y sobre las cuales no se cuenta con recursos algunos en el marco de los compromisos asumidos por el gobierno nacional y que requieren de igual aporte del gobierno provincia para hacer frente a los mismos”.
En ese marco, los empresarios indicaron que “hasta tanto se fije una tarifa acorde o se asignen partidas que cubran los desfasajes económicos se arrastran”, proceden de “manera provisoria a reducir los servicios a los fines de no tener que llegar al punto que no se pueda cumplir con la totalidad de la prestación”.
Sin embargo, desde la compañía aclararon que “tienen toda la voluntad tanto de acatar las órdenes impartidas por la Autoridad de Aplicación como de prestar el servicio en forma regular y continua”.