Una denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (Dgseso), permitió rescatar a siete personas que presuntamente eran víctimas de trata laboral y trabajaban en establecimientos rurales de la provincia de Buenos Aires. El organismo conducido por Carlos Castagneto detectó a un grupo de personas que vivían en condiciones precarias y que, pese a realizar jornadas laborales prolongadas, cobraban sumas hasta un 50 por ciento inferiores al salario mínimo, vital y móvil.

Los agentes de seguridad social de organismo llevaron adelante tareas de investigación sobre campos dedicados a la producción frutihortícola en territorio bonaerense, que arrojaron indicios sobre la existencia de trata de personas con fines de explotación laboral. Los resultados dieron lugar a tres operativos presenciales de relevamiento de personal en los que participaron agentes de la Afip, del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y del Renatre.

Por medio de las acciones de fiscalización y control se comprobó que los trabajadores tenían una antigüedad laboral en los campos mayor a los diez años, y un promedio de edad que en su mayoría superaba los 55 años. Las viviendas en donde habitaban no cumplían con la ley de trabajo agrario, ya que estaban construidas con materiales precarios, y no contaban con sanitarios adecuados, agua caliente, ni cocina. Además, se encontraron pisos de tierra, faltantes de techo y aberturas rotas, entre otras condiciones de peligrosidad y factores de insalubridad.

De las entrevistas realizadas a los trabajadores, surgió que habrían llegado hace más de una década en busca de un empleo en la provincia. Una de las presuntas víctimas se encontraba indocumentado y era analfabeto. Lo pagado, en algunos casos, no llegaban a la mitad del salario mínimo, vital y móvil, a pesar de que las jornadas laborales eran prolongadas y extenuantes. Además, ninguno de ellos se encontraba registrado ante la AFIP.

A partir de las numerosas y graves irregularidades constatadas, el organismo realizó una denuncia a la línea 145 del Ministerio Público Fiscal. Al mismo tiempo, presentó una ampliación de la misma ante el juzgado federal de Lomas de Zamora. En el escrito se solicitaba la intervención del Programa Nacional de Rescate así como también la reparación del daño hacia las víctimas.

Posteriormente, desde ese juzgado se ordenó el allanamiento y rescate de las presuntas víctimas.