Argentina no cuenta con un registro oficial, unificado y de acceso público que permita conocer con precisión el volumen total de agrotóxicos comercializados y aplicados cada año en el país, según un informe difundido por el portal El Auditor.
Ante la falta de una base estatal consolidada, las estimaciones sobre el uso de productos fitosanitarios se apoyan en datos privados, investigaciones académicas e información de importaciones. Esta carencia dificulta evaluar sus efectos sobre la salud y el ambiente y limita el diseño de políticas públicas de prevención y control.
La situación se complejiza por la diversidad de normas provinciales y municipales que regulan las aplicaciones. Las distancias mínimas respecto de zonas urbanas, escuelas rurales y cursos de agua varían considerablemente entre jurisdicciones.
También se advierte sobre la falta de un sistema nacional de trazabilidad que vincule la venta de agroquímicos con las recetas agronómicas y permita conocer qué sustancias se aplican en cada territorio.
Entre los principales problemas señalados aparecen la ausencia de una plataforma digital nacional, el monitoreo discontinuo de suelo, aire y agua y la falta de registros epidemiológicos sistemáticos sobre poblaciones expuestas.
Distintas investigaciones desarrolladas por universidades nacionales detectaron mezclas de plaguicidas en sedimentos de ríos de la cuenca del Plata y en agua de lluvia de regiones de la pampa húmeda.
La falta de información integrada dificulta además evaluar los efectos acumulativos y las posibles interacciones entre principios activos como glifosato, 2,4-D y atrazina.
Organizaciones y especialistas reclaman mayor transparencia y la aplicación del principio de precaución frente a la exposición de comunidades rurales y periurbanas.
Entre las propuestas aparece la creación de un Registro Único de Productos Fitosanitarios que reúna información sobre importación, producción nacional, comercialización y aplicación territorial.
Según los especialistas, disponer de datos públicos y georreferenciados permitiría mejorar los controles, proteger la salud y los recursos naturales y facilitar el seguimiento de las prácticas agrícolas.
Fuentes: Portal El Auditor, Auditoría General de la Nación (AGN) y Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)