Familias campesinas próximas al río San Francisco dentro del departamento San Pedro se encuentran al borde del desarraigo por presión del grupo cañero que adquirió el Ingenio La Esperanza en 2019.

"La gente de afuera cree que en Jujuy las comunidades o el campesinado sólo pelea contra el avance de la minería. No es verdad, porque en las Yungas también peleamos, aunque contra el avance de los desmontes y el uso de agrotóxicos", sintetizó María de los Ángeles González, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Jujuy.

González integra una de las familias campesinas que ven peligrar su fuente de subsistencia, ante el avance del propietario registral cañero que comenzó este año a desmontar -con el aval del gobierno jujeño- sobre un catastro de su propiedad con diez mil hectáreas de bosque nativo.

Este fin de semana esa familia denunció nuevamente que los actuales propietarios del ex Ingenio La Esperanza continúan desconociendo sus "derechos posesorios ancestrales y desmontan los territorios donde vivimos y producimos nuestros alimentos". En un comunicado que lleva su firma, González denunció que la firma Productora del Noroeste SA (que integra el Grupo Budeguer) persiste destruyendo el bosque. "Luego queman los árboles añejos que destruyeron con cadenas y máquinas", lamentó. "El fuego llega luego hasta nuestra casa y nos pone en peligro", continuó. "La justicia y la policía son cómplices porque sin orden formal, nos impiden ingresar a nuestras viviendas", agregó

"En nuestro caso, reclamamos la posesión por 41 hectáreas y media", explicó a Salta/12. Contó que su tatarabuelo, Ausalón González, "vivió aquí desde 1906". "Con los anteriores propietarios -la familia Leach- nunca tuvimos inconvenientes. Pero llegaron los nuevos dueños y comenzaron los problemas con cada una de las familias que vivimos aquí ancestralmente", insistió. Después enumeró que "han avanzado contra los potreros (con bosque nativo) de la familia de Amanda Molina, los Salvatierra, la familia Anzoátegui".

Las últimas negociaciones entre los campesinos jujeños y la firma cañera tucumana transcurrieron entre julio y agosto pasado, pero no fueron exitosas. "Ahora nos dicen que volveríamos a sentarnos, pero ya destruyeron todos nuestros cultivos", lamentó la campesina jujeña, "y tampoco tenemos donde mantener a nuestros animales". A mediados de año, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de Jujuy también alertó sobre el accionar de la subsidiaria del Grupo Budeguer que avanzaba con desmontes en ese territorio, "quemando ilegalmente los cordones de todo el monte topado". De hecho, las imágenes satelitales de esos meses documentaron columnas de humo que, por varios días, emanaban del catastro donde se encuentran familias campesinas, como la de González.

El relato de desalojo y destrucción -que incluye al bosque nativo y su hábitat biológico- concuerda con las imágenes satelitales de 2023 y 2024. Al menos hasta fines de noviembre de este año la empresa ya había desmontado un tercio de las diez mil hectáreas del catastro D-6355. El catastro donde habitan campesinos jujeños se encuentra al este del río San Francisco, dentro del municipio La Esperanza y en el departamento San Pedro de Jujuy. El paraje donde está la familia González se llama Los Arrozales.

En las capturas satelitales de 2023 el verde uniforme correspondía al bosque nativo que solamente se abría en forma aislada por pequeños puntos que correspondían a las viviendas del puñado de puesteros campesinos que hoy reclaman por su posesión ancestral. En el caso de la familia González, demanda la posesión de una parcela de 41 hectáreas y media, en la que ha vivido por generaciones desde principios de siglo XX.

El viernes último "en la mañana nos rodearon con fuego", contó a este diario la referente del Movimiento Campesino. "El humo llegó hasta la casa de mis padres, que tienen 60 años y entraron en pánico cuando vieron el fuego a sólo 5 metros de la vivienda que es de madera", precisó.

González comentó que llamó a la Dirección de Incendios Forestales en San Pedro para denunciar que la empresa cañera estaba quemando y, en su accionar, puso en peligro la vivienda. "Nos dijeron que si bien la empresa tenía permiso para quemar, evidentemente debía tomar recaudos para no quemar los puestos", relató.

Desde el organismo público jujeño confirmaron la denuncia y el permiso de quema controlada a favor de la empresa, pero dieron una versión diferente sobre el peligro del fuego sobre la vivienda de los puesteros y puesteras. "Enviamos personal a verificar, que informó que el fuego estaba controlado y el puesto (de la familia González) no corría peligro", respondió a Salta/12 el jefe de Cuadrilla, Hugo Núñez.

Fuente: Página 12