El juez de garantías de Neuquén elevó a juicio oral y público al dueño y dos exdirectivos del basurero petrolero Comarsa, acusados por contaminación con riesgo para la salud. La causa es considerada una de las investigaciones penales ambientales más importantes vinculadas a Vaca Muerta.
El juez Juan Manuel Kees hizo lugar al pedido de la Fiscalía y de las dos querellas, aceptó la mayor parte de la prueba y los testigos ofrecidos, pero rechazó que el juicio se realice mediante jurado popular. Los acusados ya habían sido sobreseídos por administración fraudulenta.
Según la acusación del fiscal ambiental Maximiliano Breide Obeid, con el crecimiento del fracking se multiplicaron los residuos petroleros y Comarsa pasó de ser una planta de tratamiento a un predio de acopio de 17 hectáreas con residuos sin procesar. La Fiscalía sostiene que la empresa emitía certificados ficticios, principalmente para operadoras como YPF, mientras acumulaba barros y líquidos tóxicos en piletas, varias de ellas sin autorización ni impermeabilización.
El fiscal indicó además que los 210.000 metros cúbicos de residuos actualmente trasladados a la planta de Indarsa corresponden solo al material ubicado en superficie y que se desconoce cuánto permanece enterrado. También señaló que nunca se realizó el estudio encargado para determinar la calidad de las napas.
Las defensas cuestionaron la responsabilidad individual de los imputados, la precisión de las acusaciones y parte de la prueba testimonial. También se opusieron a la realización de un juicio por jurados.
En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) debe resolver un pedido de probation presentado por las defensas. Ese beneficio había sido concedido en primera instancia y posteriormente revocado. La decisión podría conocerse hasta el 5 de noviembre.
Mientras avanza la causa, parte de los residuos acumulados en Comarsa están siendo trasladados a Indarsa, en Añelo. El plan comenzó en diciembre de 2024 y debe terminar en diciembre de 2026, aunque hasta ahora solo se trasladó alrededor del 50 por ciento del material previsto.
Desde las organizaciones que acompañan el proceso advierten que trasladar los residuos no equivale a remediar el daño ambiental, ya que no se difundió un programa técnico integral que contemple la recuperación del suelo, el agua y el aire del predio y sus alrededores.
La causa se originó tras más de una década de denuncias, investigaciones y reclamos por los residuos peligrosos generados por la actividad petrolera. Entre los temas pendientes se encuentran las responsabilidades de las grandes operadoras, la situación de la planta de Comarsa en Añelo, el rol de funcionarios públicos y el funcionamiento de otras empresas de tratamiento de residuos petroleros en Neuquén.
Fuente: ANRed