El fallo del TSJ mantuvo los embargos preventivos por más de siete millones de dólares para Comarsa, en tanto continúa la investigación contra los empresarios por el acopio de toneladas de materiales contaminantes sin tratar en la meseta.

La Asociación de Abogados Ambientalistas catalogó de «histórico» el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén que reafirmó la continuidad de embargos millonarios contra la empresa y los directivos de Comarsa por el depósito de toneladas de barros contaminados con hidrocarburos en la meseta de Neuquén. Para la Apdh, la sentencia del TSJ fue un «claro mensaje a los jueces» ante problemáticas de afectación al medio ambiente.

En la primera semana de julio el TSJ convalidó embargos preventivos de 7 millones de dólares a Comarsa y dos empresarios, una decisión que fue dictada en primera instancia y que luego de apelaciones de la firma, un tribunal de Impugnación redujo a 200 mil pesos.

Para la querella de la APDH, Bruno Vadalá, la reinstauración del embargo millonario (mientras transcurre la investigación penal) determinó la amplitud de criterio que ameritan las causas ambientales, para cualquier fuero que tramite un incidente.

El fiscal Maximiliano Breide Obeid -en declaraciones radiales- opinó que la medida del máximo tribunal de justicia de Neuquén permitirá ordenar la investigación de la causa penal que tuvo «idas y vueltas» desde febrero y determinó el decomiso de un dinero a una empresa que, mediante maniobras fraudulentas, cobró más de 700 mil millones de pesos y dejó más de 300 mil metros cúbicos de barros empetrolados sin tratar en el Parque Industrial Neuquén.

Rafael Colombo, querellante por Abogados Ambientalistas dijo que la reinstauración de los embargos que habían sido determinados antes abrirá la oportunidad de que «los costos de la recomposición del colosal pasivo ambiental sobre tierras públicas, sea pagado por Comarsa, los empresarios imputados y las corporaciones petroleras que generan estos residuos provenientes del fracking»

Mientras se trabaron los embargos, sigue la investigación sobre las responsabilidades penales por los contaminantes que siguen depositados en la meseta. En estos días, varias máquinas viales removían montañas de lodo de un lado a otro del predio. Según el fiscal, la actividad no forma parte del tratamiento, debido a que la firma ya admitió no estar en condiciones de tratar el volumen de residuo.

A la vera de la nueva ruta 22, un nuevo desarrollo de más de 1000 lotes con servicio, rodea la montaña de barros petroleros, que según la investigación fiscal, no cuenta con la impermeabilización en el terreno.

En septiembre, casi 400 terrenos serán entregados en la primera etapa de adjudicaciones de lotes con servicio de Neuquén, en un espacio contiguo a la montaña de contaminantes.

Otros 500 lotes más, ocuparían incluso el mismo terreno de los barros con residuos de petróleo que se originaron en la actividad petrolera de Vaca Muerta, ya que los empresarios fueron «corriendo» el límite de los barros empetrolados y el último cerramiento se produjo en sectores que estaban diagramados para las calles de la urbanización del sector que ejecuta el Instituto Municipal de la Vivienda y Urbanismo.

«Todo comenzó con la formulación de cargos a los directivos de una empresa que recibieron residuos peligrosos de la industria petrolera percibiendo ganancias millonarias», dijo Vadalá. Agregó que cuando se les redujo a 200 mil pesos la multa porque así lo estipulaba el código «se les olvidó mirar la parte de la biblioteca que explica el derecho ambiental».

La Apdh sostuvo que la reinstalación de los embargos millonarios «es un claro mensaje a los jueces: no pueden mirar para otro lado al momento de tomar cualquier decisión» en materia ambiental, mientras que resultó un llamado a los empresarios «que realizan sus actividades afectando el medio ambiente: no se puede hacer cualquier cosa, existe un marco normativo que inclusive las empresas están obligadas a cumplir», indicaron en un comunicado.

El organismo de derechos humanos hizo también un llamado a la comunidad a visibilizar los problemas que existen para buscar soluciones «esta causa tiene varios años, hay que organizarse, denunciar, exigir», postuló. Insistió en alertar sobre la explotación desmedidas de los recursos para obtener ganancias millonarias a costa de afectar la vida y el desarrollo «de las comunidades actuales y de las generaciones futuras».

Fuente: Diario Río Negro