Virginia Aparicio, investigadora del Inta y del Conicet especializada en contaminación por agroquímicos, enfrenta un sumario administrativo que podría derivar en su exoneración. El gremio del organismo denunció un cuadro de persecución, censura y silenciamiento.

Aparicio trabaja desde hace más de 20 años en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y coordinó en Argentina el proyecto internacional Sprint, desarrollado dentro del programa Horizon 2020 de la Unión Europea para estudiar residuos de plaguicidas en personas y ambientes.

Argentina fue el único país no europeo incluido en el relevamiento. En el país participaron 73 personas provenientes de ciudades, pequeñas localidades y establecimientos agropecuarios, incluidos productores convencionales y agroecológicos.

Según la reconstrucción del caso, en junio de 2023 la conducción del Inta le prohibió difundir los resultados como investigadora del organismo y, meses después, se dispuso cortar el vínculo institucional con el proyecto.

El actual sumario está relacionado con el envío de muestras al exterior para su análisis. Aparicio sostuvo que ese procedimiento fue necesario porque el organismo no contaba con capacidad para realizar esos estudios en Argentina.

Su abogado, Mario Bolla, cuestionó las posibilidades de defensa otorgadas durante el proceso y anticipó que recurrirán a la Justicia si la exoneración finalmente se confirma.

La Asociación del Personal del Inta manifestó su respaldo a la investigadora, impulsó una campaña de firmas y sostuvo que la actividad científica debe desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional.

El gremio también vinculó el conflicto con los resultados del proyecto Sprint, que consideró sensibles para la salud pública y el sector productivo. Esa interpretación forma parte de la denuncia sindical y no constituye una conclusión judicial sobre las razones del sumario.

Aparicio afirmó además que algunos compañeros comenzaron a distanciarse por temor a atravesar situaciones similares dentro del organismo.

El caso reavivó el debate sobre la autonomía de la investigación científica y las condiciones institucionales para estudiar los posibles impactos ambientales y sanitarios asociados al uso de agroquímicos.

Fuentes: Portal Periferia, Portal EcoNews Global y Portal Bichos de Campo