El 30 de junio se realizó una toma en el barrio Padre Múgica en el sector conocido como la Containera, es una franja de terreno que venía siendo usado como basural. Casi 100 familias impedidas de seguir pagando altos alquileres, donde la inmensa mayoría mujeres con niños, limpiaron el terreno y sobre él armaron carpas muy precarias, con tablas y bolsas de nylon. Debido al frío y la situación de intemperie. Muchas de ellas vienen atravesando situaciones de violencia de género, lo que las llevó a tomar estas tierras para tener un lugar donde vivir.

El derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado deben ser entendidos de una manera amplía a partir de su correspondencia con otros derechos humanos elementales. La vivienda, en ese sentido, es un derecho humano reconocido universalmente, y es un requisito necesario para el cumplimiento de la dignidad, la libertad y la justicia social.

Actualmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el problema de la vivienda ocupa un rol central en la vida de la gran mayoría de sus habitantes, que se expresa en la multiplicidad de hábitats informales y/o precarios existentes y en las dificultades que atraviesan los sectores de escasos y medianos recursos para acceder a condiciones dignas de habitabilidad, dice un informe de la Defensoría del Pueblo al que tuvo acceso AIM.

“Es urgente que en la Ciudad más rica del país se tomen medidas resolutivas frente a la situación habitacional y la vulneración de derechos que, en su mayoría, lo sufren los sectores populares a costa de que el negocio inmobiliario siga creciendo donde se benefician unos pocos. Un subsidio de seis mil pesos por seis meses no lo resuelve problema”, remarcaron a AIM desde Barrios de Pie Capital.

La “Ciudad formal”, ampliamente regulada por el mercado inmobiliario y la especulación en cuanto al valor del suelo urbano, no se ha modificado en términos poblacionales desde hace más de 60 años. En detrimento, la “Ciudad informal”, la de los hábitat precarios y no regulados, ha crecido exponencialmente.

La escasa planificación y control estatal de los usos y los valores del suelo urbano, como así también del mercado inmobiliario, generaron un proceso desordenado de urbanización, visible en la existencia de espacios no ocupados o informales y la carencia de servicios básicos fundamentales.