El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, dictó el procesamiento de 17 personas vinculadas a HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo SA en la causa por el fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 20 pacientes. La Justicia los acusa de adulteración de sustancias medicinales con resultado fatal y adulteración de un modo peligroso para la salud, delitos que contemplan penas de hasta 25 años de prisión.

Responsables directos y prisión preventiva

Entre los principales procesados se encuentran Ariel Fernando García Furfaro y Diego Hernán García Furfaro, propietarios del conglomerado; Javier Martín Tchukrán, director general; José Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma Group; y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo. Todos fueron procesados como coautores.

El juez también dictó prisión preventiva para seis imputados, incluyendo a Nilda Furfaro, madre de los empresarios y accionista minoritaria, quien cumplirá la medida en su domicilio. El resto del personal jerárquico y técnico fue procesado sin prisión preventiva, mientras que cuatro personas recuperaron la libertad por falta de mérito.

Falsificación sistemática y omisión de controles

La investigación determinó que la contaminación bacteriana de los lotes 31202 y 31244 de fentanilo se produjo en las instalaciones de Laboratorios Ramallo, producto de una “inobservancia sistemática y flagrante de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF)”.

El producto adulterado contenía bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, que según peritajes del Cuerpo Médico Forense fueron determinantes o agravantes en el cuadro clínico de las víctimas.

El fallo judicial describió un escenario de negligencia y falsificación sistemática:

Ensayos de esterilidad inválidos, en los que se analizaban hasta ocho lotes a la vez.

Planes de muestreo insuficientes (solo 60 unidades en lotes de más de 160.000).

Intervalos de sanitización inadecuados (tres horas y 25 minutos entre lotes).

Descarte masivo de ampollas por defectos de cierre sin medidas correctivas.

Además, se comprobó que los registros de los lotes fueron falsificados y postdatados, mientras que la empresa ignoró alertas de la ANMAT y clasificó el retiro como “CLASE

III”, minimizando el riesgo pese a conocer la gravedad de la situación.

Justicia supletoria y familiares movilizados

Ante la inacción empresarial, fue el propio juzgado el que debió ejecutar el retiro del fentanilo contaminado en todo el país, en una “ardua y exhaustiva tarea” para reconstruir el destino de cada ampolla.

El impacto social también quedó expuesto en las movilizaciones de familiares de las víctimas, quienes exigen justicia por los fallecimientos que pudieron evitarse. “Queremos que los responsables paguen por lo que hicieron”, manifestaron allegados de Daniel Sebastián Oviedo, una de las víctimas fatales.

Un caso testigo en salud pública

La causa por el “fentanilo mortal” se perfila como un caso testigo sobre los riesgos de la desregulación y la falta de controles en la industria farmacéutica. La resolución de Kreplak no solo marca un duro revés judicial para los empresarios procesados, sino que también exhibe las falencias de un sistema de control que falló en proteger a los pacientes frente a la producción fraudulenta y riesgosa de medicamentos.