La Corte Suprema de Justicia convocó a dos conjueces para resolver un nuevo planteo relacionado con la derogación de la Ley de Tierras Rurales, luego de que sus tres integrantes no alcanzaran una posición común.

La presentación fue realizada por la Asociación Civil Árbol de Pie, la comunidad mapuche Lafkenche, la lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina María Magdalena Odarda, quienes mantienen desde diciembre de 2023 un amparo contra el artículo 154 del DNU 70/2023.

Los demandantes pidieron que la Corte aclare si su fallo del 29 de septiembre, que dejó sin efecto una cautelar obtenida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, también alcanza a su expediente.

Argumentan que su legitimación se sustenta en derechos colectivos vinculados con la protección ambiental y los territorios de pueblos y comunidades indígenas.

La propia Corte había aclarado que su decisión de septiembre fue de carácter procesal, que no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737 y que no afectaba otras cautelares sobre el mismo tema que tramitaran en diferentes tribunales.

Ante la falta de mayoría entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fueron sorteados como conjueces Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Como suplentes quedaron Eduardo Guillermo Farah y Jorge Morán.

La integración ampliada deberá definir cómo continúa el expediente y si corresponde pronunciarse sobre una medida cautelar específica para los nuevos demandantes.

La Ley 26.737 establecía un límite del 15 por ciento para la propiedad extranjera de tierras rurales e impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30 por ciento de ese cupo. También contemplaba restricciones en zonas de frontera y en determinados inmuebles con cuerpos de agua.

En paralelo, las dos centrales de la CTA, sindicatos, excombatientes, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas se movilizaron frente al Palacio de Justicia para rechazar la derogación de la norma y reclamar la anulación del DNU 70/2023.

Los organizadores anunciaron una nueva movilización para el 15 de octubre frente al Congreso, mientras continúa la discusión judicial sobre el alcance de la derogación.

Fuentes: Diario El Día, Portal Huella del Sur, Portal Infocielo y Diario La Nación