La Asociación de Abogados Ambientalistas presentó una denuncia penal tras la sanción en la Legislatura provincial de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Otbn), votada en una sesión que se realizó de madrugada.

A fines de abril de 2024, la Legislatura de Chaco votó una Ley que permite un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos y habilita el desmonte de un millón de hectáreas.

La Cámara de Diputados de la provincia de Chaco sancionó la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Otbn), Ley Nro 4005R, y áreas que antes estaban marcadas por la Ley de Bosques como “amarillas” (se pueden hacer actividades productivas sostenibles, pero no desmontar) o “rojas” (no se pueden tocar) pasaron a pintarse de verde, habilitando la deforestación.


La agonía del monte chaqueño

"Hemos aprobado con satisfacción el ordenamiento de nuestros bosques nativos, muy a pesar de los intereses supranacionales. Este ordenamiento permitirá llevar adelante proyectos agroindustriales de manera ordenada y controlada por el Estado, hasta ahora era más fácil desmontar y pagar la multa, el monte estaba librado a su suerte”, celebró el diputado provincial Samuel Vargas, del Interbloque de Juntos por el Cambio, según consignó el portal Diario Chaco.

A raíz de esta situación, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal con sede en la provincia de Chaco.

"Tras una investigación exhaustiva de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, se evidencia la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos. Se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses", explica el abogado ambientalista Enrique Viale.

Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. El monitoreo satelital de Greenpeace detectó la deforestación de 57.343 hectáreas solo en 2023.

“Es importante destacar la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas desmontadas durante 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024, ya que los desmontes se encontraban suspendidos por la justicia provincial, desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, señaló esa entidad.


¿Quiénes son los denunciados?

De acuerdo al escrito presentado por la Asociación de Abogados Ambientalistas, entre los denunciantes se encuentran: Hernán Halavacs; actual Ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques; Luciano Olivares. Subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Peppo y Capitanich, principal responsable del desmonte desde el año 2014; Atlanto Honcheruk.

Diputado provincial por el Frente de Todos y empresario del transporte forestal. Titular de la mayor empresa transportista de madera de la Provincia; Miguel Ángel López. ex-Director de Bosques de la Provincia. Propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS; Ana Victoria Hupaluk. Empresaria maderera y carbonera; Adolfo Eduardo Hupaluk. Empresario maderero y carbonero de Los Frentones, Juan José Bergia. Legislador de NEPar, su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar.

Según Enrique Viale, entre los delitos que se le imputan se especifican: "Defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y/o asociación ilícita. Todos previstos en el Código Penal".


Los fundamentos de la denuncia

Según sostiene la denuncia presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas, "se documentó la defraudación contra la administración pública, conforme al artículo 173 inciso 7 del Código Penal argentino. Los funcionarios mencionados han otorgado permisos de desmonte ilegal y han recategorizado parcelas de manera fraudulenta, desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados".

Además -agrega la denuncia-, se han identificado casos de falsedad ideológica de instrumento público, tipificados en el artículo 292 del Código Penal. Los acusados falsificaron documentos públicos para justificar la reclasificación de terrenos forestales como aptos para actividades agropecuarias, vulnerando así las disposiciones legales destinadas a la preservación de los recursos naturales.

Por último, específica que "se registran casos de cohecho y tráfico de influencias, delitos contemplados en los artículos 256 y 268 del Código Penal, respectivamente. Los funcionarios públicos acusados habrían recibido beneficios económicos y otros favores indebidos a cambio de la facilitación de permisos de desmonte y la modificación de normativas ambientales locales. Estas prácticas ilícitas subvierten el principio de imparcialidad y objetividad que deben regir las funciones públicas, perpetuando un ciclo de corrupción que pone en riesgo tanto el ambiente como la integridad del sistema administrativo argentino".

La denuncia penal también pone sobre la lupa las empresas asociadas a la extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados y sus vínculos con funcionarios y exfuncionarios. El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros.

Aparte de la denuncia penal, los denunciantes solicitaron "el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de la regresiva Ley 4005-R del 30 de abril de 2024, y cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial".

"La denuncia penal -dice Enrique Viale-, "tiene como objetivo se investigue y desarticule a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia. Una organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción. Si esta Asociación Ilícita sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas más importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) tienen solo como destino su desaparición definitiva".

Fuente: Perfil