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Mendoza y el proyecto minero Cerro Amarillo

Una historia de vaivenes burocráticos, seis informes ambientales y estudios sobre el impacto en los glaciares. El yacimiento de cobre tiene más de 14.000 hectáreas. La exploración, el primer paso.

Han pasado más de 16 años, desde que se inició el trámite para obtener el aval para avanzar con la exploración de Cerro Amarillo. El expediente se inició el 13 de junio de 2006. Desde ese momento, fueron seis informes de impacto ambiental, más un relevamiento geofísico aéreo y de superficie y dos análisis de aguas superficiales de muestras tomadas en diferentes puntos del yacimiento.

Todo eso para llegar a la declaración de impacto ambiental que permitió el debate legislativo de 2014. A pesar de todos estos papeles presentados (el expediente tiene más de mil fojas), en octubre de 2014 el Senado provincial marcó una carencia que detuvo el proyecto hasta ahora: faltaba ver si se podrían afectar glaciares en la zona.

En un primer momento se dijo que habría que esperar seis meses para saber si Cerro Amarillo afectaba glaciares. Hubo que esperar a 2018 que se terminara el inventario que llevaba adelante el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) para ver que Cerro Amarillo no tocaba los bloques de hielo. Ahora, Rodolfo Suárez manda ese mismo impacto ambiental terminado de desarrollar en 2014, con el aditamento del relevamiento de glaciares.

Un dato surgió de ese inventario y que le puso límite a la posible futura explotación del yacimiento: a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar hay glaciares, así que la cota máxima de trabajo es 2.900 m.s.n.m.

El primer informe ambiental fue realizado en mayo de 2006, por Safety&Environment. Tras un dictamen realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, que solicitó ampliaciones a ese primer documento, la misma empresa presentó los nuevos datos en febrero de 2007.

En abril de ese año, la Facultad de Ingeniería volvió a pedir más datos y entonces cambió la organización que preparó el informe de impacto ambiental y prácticamente desarrolló uno nuevo: fueron técnicos de la Facultad de Ciencias Físico, Matematicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis los encargados, quienes elevaron su documento en junio de 2007. Ante los reclamos de ampliaciones, fue la misma Casa de Estudios la que hizo una nueva presentación en agosto de 2008.

Paréntesis: la ley 7722 fue sancionada el 20 junio de 2007 y publicada en el Boletín Oficial el 22 de junio. Es decir, que cuando la Universidad Nacional de San Luis presentó su primer informe, Mendoza entraba en otra etapa respecto de la minería.

Para encontrar novedades relevantes en el expediente hay que saltar de 2008 a 2011. Ante el pedido de la Dirección de Protección Ambiental del Gobierno provincial, se hace una nueva ampliación del informe de impacto. Esa ampliación no la hizo la Universidad de San Luis, sino una geóloga local.

Este último trabajó incluyó los primeros análisis de laboratorio de aguas superficiales. Fueron nueve muestras tomadas en distintos puntos del yacimiento: todas dieron que el fluido de los arroyos de la zona no es apto para consumo humano, animal, vida acuática y riego, por el PH (acidez o alcalinidad) y presencia de metales como cobre, zinc, plomo y aluminio.

Recién en abril de 2012, seis años después de inciado el expediente, sale la resolución conjunta de las direcciones de Minería y de Protección Ambiental, aprobando lo hecho y ordenando los informes sectoriales del Departamento General de Irrigación y de la Municipalidad de Malargüe.

En junio de ese año, Malargüe da su visto bueno y en agosto hace lo propio Irrigación.

Parecía que el largo periplo de la declaración de impacto ambiental de Cerro Amarillo llegaba a su fin, pero en enero 2014 el Gobierno provincial pide un relevamiento geofísico aéreo y de superficie para precisar los puntos en los que se harán las perforaciones y minimizar el impacto ambiental en la zona.

Se trata de estudios conocidos por magnetometría y radiometría del área, que dan imágenes del subsuelo para determinar claramente los lugares en los que a priori hay mineral. En mayo 2014 se entrega ese trabajo.

Así, el 29 de agosto 2014 sale la resolución de la Dirección de Protección Ambiental y de la Dirección de Minería (firmada por Gonzalo Dávila y Carlos Molina, respectivamente) otorgando la Declaración de Impacto Ambiental. El 23 de setiembre de 2014 ingresó el expediente a la Cámara de Senadores.

Cinco grandes áreas

El yacimiento Cerro Amarillo tiene 14.280 hectáreas. Está dividido en cinco zonas poligonales. El “cateo I” tiene 4.300 hectáreas, el II cuenta con 3.900 ha, el III supera las 3.400 ha, la IV llega a 4.200 ha y la quinta se la conoce como mina Don Sosa, que tiene 97 ha.

En la zona no hay actividades económicas, ni productivas, salvo la ganadería estacional. En las inmediaciones del yacimiento suele haber presencia de arrieros en la época que se conoce como la “veranada”, que se extiende de octubre a marzo.

Por la zona corren los arroyos El Desecho, del Cajón Grande y del Cajón de los Oscuros. También está la laguna Cajón Grande. Como se dijo, se tomaron muestras de agua en distintos puntos y la calidad del fluido no era apta.

En los sucesivos informes se menciona la cercanía de Los Molles (localidad a medio de camino del complejo de esquí Valle de las Leñas, ubicada a 12 kilómetros al noreste del yacimiento). Pero el acceso se planificó por el sur, tomando la ruta 226 en Las Loicas y culmina en el paso internacional Vergara.

Desde esa ruta, a la altura de un paraje conocido como Valle Noble, hay que construir un camino consolidado de 3,5 metros de trocha y 20 kilómetros, para circular en 4x4 y y camiones livianos . El impacto de esa construcción también se incluyó en los informes.

El trabajo de exploración consiste en la perforación de nueve pozos distribuidos en los de no más de 400 metros de profundidad, para extraer “testigos” (muestras de roca) que muestran los lugares dónde hay mineral y la profundidad a la que están.

Un detalle. En aquellos primeros datos de 2006, se incluía la palabra oro entre los minerales que podrían encontrarse en la zona. Con el correr de los años y los estudios, esa palabra desapareció de los informes y la Declaración de Impacto Ambiental habla de cobre como único mineral. Habrá que ver después de la exploración a ver qué se encuentra, aunque los conocedores dicen que el mineral que aparece con más chances de trabajar es el cobre.

El agua en el yacimiento

En mayo de 2014, junto con los resultados del relevamiento geofísico aéreo, se entregan datos de laboratorio del segundo estudio de agua superficiales de la zona. Se tomaron 8 muestras de los tres arroyos que fluyen por la zona: El Desecho, Del Cajón Grande y del Cajón de los Oscuros. También de la laguna del Cajón Grande.

Una tercera parte de las muestras no es apta para humanos, animales, riego, ni vida acuática por los niveles de PH; siete puntos de muestreo no resultaron aptos para consumo humano por la elevada concentración de aluminio; seis muestras no eran aptas para la vida acuática por altos contenidos de cobre, plomo y zinc y dos por altos contenidos de manganeso.

De esa agua no apta, se usarán unos 10.000 litros para cada una de las perforaciones, con aditivos no contaminantes (viscomud, drillvis, drilldet y quickgel). Los lodos resultantes serán recolectados en “piletas de decantación”.

Otro dato que surge de los sucesivos informes de impacto ambiental presentados es que en esa zona no hay relevamientos de aguas subterráneas, por lo tanto, no se conoce cantidad, ni calidad del fluído que pudiera contenerse en las napas freáticas.

Así pues, las 19 perforaciones que se realizarán para saber si hay cobre y en cantidad suficiente como para que sea rentable iniciar la actividad minera, podrían ser también la primera evidencia de agua subterránea en la zona. En el informe, la empresa asume el compromiso de tomar muestras y denunciar el hallazgo al Departamento General de Irrigación.

De acuerdo al informe, el comportamiento del tipo de suelos de la región (basaltos y andesitas terciarios y cuaternarios) es variable, ya que si bien la roca “suele ser compacta frecuentemente están fisuradas y pueden tener espacios porales vesiculares que aumentan su porosidad y permeabilidad... por las características nombradas, el comportamiento hidrogeológico es muy irregular: desde no acuífero, hasta contener agua de variado grado de mineralización”.

Vueltas

La política tiene vueltas. Un funcionario que fue ministro de Obras de Francisco Pérez tuvo mucho que ver entre 2011 y principios de 2014, puesto la Dirección de Minería dependía de él, hasta la llegada de Marcos Zandomeni a Energía y termina “llevándose” esa dependencia.

Ese exministro ahora es senador del Pro (aliado de Cambia Mendoza) y parte de una de las comisiones que intervendrá en el análisis legislativo del expediente mandado por Rodolfo Suárez (Ambiente, Cambio Climático, Asuntos Territoriales y Vivienda). Se trata de Rolando Baldasso, quien conoce el expediente de cerca el proyecto.

Otras vueltas están en el expediente. Hubo tres empresas vinculadas al proyecto desde la presentación inicial. El dueño del derecho es Jorge Bengoechea, pero para avanzar en la exploración buscaba socios con espaldas.

Los primeros socios fueron Latinamerican Minerals Argentina, quienes iniciaron junto a Bengoechea el expediente en 2006. Para la ampliación del informe de impacto ambiental de 2008, aparece otra empresa: Constitution Mining Argentina SA. Los últimos socios fueron Meryllion Argentina SA, quienes ingresaron en diciembre de 2010. Ahora no aparecen socios de Bengoechea.

Fuente: Los Andes

mendoza Minería

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