En una acción legal poco frecuente, un grupo de abogados presentó una acción de clase en defensa de un bien común: el ecosistema marino que reiteradamente es víctima de la depredación.

Después del escándalo de la persecución del buque pesquero TAI AN que operaba en la Zona Económica Exclusiva argentina (Zeea), se inició una demanda colectiva o “acción de clase” destinada a proteger el derecho constitucional a un ambiente “equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras de los argentinos”.

La demanda ingresó en el Juzgado Civil y Comercial Federal 11 Secretaría N° 21 el 4 de abril de 2024 y fue presentada por los abogados Daniel Sallaberry, Miguel Araya y Horacio Rodolfo Belossi contra la empresa Prodesur SA, propietaria del buque pesquero de bandera argentina B/P TAI AN, por pesca ilegal dentro de la Zeea. En esta nota, DEF te cuenta los detalles exclusivos de esta acción judicial.


Pesca ilegal en el Mar Argentino: que plantea la demanda colectiva

En la presentación, los demandantes señalan que la pesca o captura de 175 toneladas de merluza negra entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de 2024 fue efectuada en violación de las normas vigentes y ocasionó un daño relevante al ecosistema oceánico argentino y solicitan que los responsables compensen económicamente a “la clase” –constituida por “toda la comunidad argentina”– por el daño patrimonial, extrapatrimonial o moral y punitivo ambiental.

En este caso, piden un resarcimiento económico equivalente al valor de lo extraído -en este caso la merluza negra- en el mercado internacional, más otra suma a determinarse por un sistema de monetización de daños ambientales de uso internacional en concepto de daño moral ambiental, además de la que el Tribunal determine en concepto de daño punitivo con el fin de desalentar estas conductas antijurídicas en el futuro.

Según solicitan los demandantes, dichas indemnizaciones deberán ser asignadas a un Fondo de Compensación Ambiental que se destinará a la Prefectura Naval para mejorar el control de la pesca ilegal en aguas territoriales argentinas, incluidas las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.


Los antecedentes de demandas colectivas en Argentina y en el mundo

Los profesionales llevan adelante esta demanda colectiva en calidad de afectados y, a su vez, representantes de toda la comunidad en defensa del derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo humano, presente y futuro.

Esta es la segunda acción de este tipo a nivel nacional en la que “la clase” está constituida por 45 millones de personas. La anterior fue la causa “Giménez Alicia Fanny c/ Monsanto, Bayer etc. sobre transgénicos y agrotóxicos”.

Hay muy pocos casos similares a nivel mundial –si es que hay alguno– que contemplen una clase tan numerosa. Ni siquiera la famosa causa por contaminación con asbesto en Estados Unidos implicó a tanta gente.

La demanda ingresó en el Juzgado Civil y Comercial Federal 11 Secretaría N° 21 el 4 de abril de 2024.


El poder de la acción colectiva en el sistema judicial

Según la normativa, están autorizados a buscar reparación y el cese de las actividades en este tipo de perjuicios colectivos generados a cualquier ciudadano afectado tanto el Defensor del Pueblo, como las ONG ambientalistas y los diversos estamentos del Estado.

La noción de acción de clase implica que una decisión judicial tiene un alcance general para todas las personas o miembros de un grupo que se ven afectados en un mismo derecho, con el propósito de evitar la multiplicidad de demandas.

En materia ambiental, para que sea pertinente la competencia federal judicial deben existir dos condiciones: la degradación o contaminación efectiva y que el recurso sea interjurisdiccional, como es el caso de la merluza negra, especie migratoria y frágil que está protegida internacionalmente y forma parte del patrimonio nacional.

El incidente se suma a otro anterior ocurrido en el puerto de Ushuaia donde se detectó la llegada del mismo buque con merluza negra.

Quizás el caso más resonante de una acción de clase que hace décadas espera una solución efectiva es el conocido como causa de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

Este proceso se inició en 2004, impulsada por los mismos abogados, cuando un grupo de vecinos, mediante una acción de daño ambiental colectivo, presentó una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de esta Cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios provocados por la contaminación.

Esta causa –“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza–Riachuelo)– continúa veinte años después esperando el cumplimiento de la sentencia de 2008 que ordenaba, en un fallo inédito, la recomposición ambiental.


Alerta roja en el mar argentino, los hechos

El 27 de marzo, la Armada y Prefectura Naval Argentina, en una acción coordinada, abordaron un buque de bandera china –el TAI AN– que estaba pescando ilegalmente en la ZEE del Mar Argentino.

El incidente se inició cuando las autoridades nacionales, a cargo de la vigilancia de la región, lo detectaron navegando 12 millas adentro de las aguas jurisdiccionales argentinas y con el sistema de identificación automática (AIS) apagado.

El barco chino ignoró los intentos de comunicación de parte del buque argentino hasta encontrarse en aguas internacionales, momento en el que activó también el identificador.

Pasadas apenas unas horas y con el equivocado convencimiento de que las autoridades argentinas no regresarían, volvieron a la zona para continuar con la depredación. Sin embargo, la corbeta y el patrullero oceánico, debido a un cambio de rumbo, retornaron la ruta y confirmaron la operación irregular de la embarcación.

Las indemnizaciones deberán ser asignadas a un fondo de compensación ambiental que se destinará a la Prefectura Naval Argentina para mejorar el control de la pesca ilegal.

Este incidente se suma a otro que había ocurrido la semana anterior en el puerto de Ushuaia, donde se detectó al mismo barco llevando a cabo capturas ilegales de merluza negra, se especula que desde mediados de febrero.

Esta especie se encuentra protegida por un sistema de cuotas establecido por el Consejo Federal Pesquero (CFP), mediante un régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Capturas (Citc), que están asignadas a tres barcos en Argentina pertenecientes a las empresas nacionales. Y cuenta también con protección internacional que exige que las embarcaciones tengan asignada una cuota para las capturas.

El informe del Inidep sobre la pesca ilícita del TAI AN

Según un informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Inidep, (organismo cuya misión es asesorar sobre el uso racional de los recursos pesqueros) entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de 2024 el pesquero TAI AN capturó 175 toneladas de merluza negra, utilizando redes de arrastre de fondo a una profundidad promedio de 450 metros, dentro del Área de Protección de Juveniles de esa especie.

Este arte de pesca está prohibido en el sector protegido y, según el Inidep, la captura de juveniles superó ampliamente el límite permitido.

A esto se suma que el buque no posee autorización para la pesca de merluza negra desde 2020. El informe, por último, sostiene que la apropiación de este recurso protegido no fue producto de la imprudencia, sino que se efectuó con la intención concreta de obtener un rédito económico, ignorando el daño al ecosistema marino.

Este caso es uno más de los muchos a los que se enfrenta la Argentina de explotación de especies por parte de flotas extranjeras, en especial de bandera china, que operan en el Atlántico Sur, en los límites de la Zeea.

Ante esta situación, la acción legal iniciada busca proteger un bien colectivo, de naturaleza común, y promover la conciencia sobre la importancia de las regulaciones ambientales en el sector pesquero.

Fuente: Diario El Sureño