Este corredor es clave para el comercio regional, ya que conecta a Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay. También se contempla la posibilidad de desarrollar nuevas actividades complementarias que generen ingresos.

El Gobierno nacional dio inicio al plan de privatización de las concesiones de la denominada “Ruta del Mercosur” y más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas mediante la publicación del Decreto 28/2025 en el Boletín Oficial. Este decreto establece un plazo de doce meses para ejecutar el proceso de licitación de ocho tramos y rutas pertenecientes a la Red Vial Nacional, actualmente bajo administración estatal.

El decreto oficializa la decisión de transferir al sector privado la gestión de más de 9.000 kilómetros de infraestructura vial, entre los cuales se encuentra la estratégica Ruta del Mercosur. Este corredor es clave para el comercio regional, ya que conecta a Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay.

En su artículo uno, el decreto especifica que “los tramos y rutas que forman parte de la Red Vial Nacional, detallados en el ANEXO (IF-2025-00934117-APN-DNV#MEC), serán licitados en un plazo máximo de doce (12) meses, conforme al régimen establecido en la Ley Nº 17.520 y sus modificaciones”.

El proceso de licitación se realizará “bajo la modalidad que se considere más adecuada”, con el objetivo de adjudicar concesiones por peaje para tareas como construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, y prestación de servicios a los usuarios. Además, se contempla la posibilidad de desarrollar nuevas actividades complementarias o colaterales que generen ingresos adicionales.

El Gobierno justificó esta medida amparándose en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que establece los lineamientos para la reorganización administrativa. Este marco busca optimizar el funcionamiento del Estado y promover una gestión pública caracterizada por la transparencia, la agilidad, la eficiencia, la eficacia y la calidad en beneficio del bien común.

El Gobierno justificó esta medida amparándose en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

En el considerando del decreto, se destacó que la medida “favorece la reducción del tamaño del aparato estatal, con el objetivo de disminuir el déficit, transparentar los gastos públicos, equilibrar las cuentas del Estado y garantizar un control interno efectivo en la administración pública nacional, asegurando así la transparencia en la gestión de las finanzas públicas”.

En este marco, se subrayó que la licitación de las concesiones tiene como fin “asegurar la conservación y el mantenimiento de las rutas, autovías y autopistas involucradas, garantizando servicios de asistencia a los usuarios, así como mejoras en infraestructura y seguridad para el transporte en general”. Según el artículo 2 del decreto, el Ministerio de Economía será el encargado de “modificar la composición de los tramos de la Red Vial Nacional descritos.

En el decreto recientemente publicado, se menciona al Corredor Vial 18, una infraestructura estratégica que atraviesa varias provincias argentinas. Este corredor comienza en la provincia de Buenos Aires, en el empalme con la Ruta Nacional 193, ubicado en el Partido de Zárate, y se extiende a través de las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Su recorrido también incluye la Ruta Nacional 174, que conecta la localidad de Victoria, en Entre Ríos, con Rosario, en Santa Fe, cruzando el Río Paraná.

El Gobierno Nacional destacó la relevancia de este corredor vial, señalando que “es fundamental no solo para la región del Litoral argentino, sino también para todo el Mercosur, ya que conecta tres de las cuatro naciones miembros de este bloque intergubernamental a través de una vía terrestre, e incorpora en su recorrido la conexión a la Represa Binacional Salto Grande”.