A partir de un proyecto de ley, buscan limitar los beneficios económicos a ecleciásticos, por delitos contra la integridad sexual tipificados en el Código Penal nacional. Según pudo saber AIM, la iniciativa, autoría de la diputada radical, Lorena Matzen, fue girada a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y espera su tratamiento. Se calcula que más de 100 mil personas fueron abusadas sexualmente por sacerdotes católicos en el mundo.

El proyecto de ley, al que tuvo acceso AIM, tiene por objeto limitar la percepción de las asignaciones económicas que perciben los miembros de la Iglesia Católica en aquellos casos en que sean denunciados por delitos contra la integridad sexual tipificados en el Código penal Argentino.

En ese sentido, quedan comprendidos en las disposiciones, los beneficios económicos, independientemente de la denominación o naturaleza con que hayan sido concedidos, que se encuentren a cargo del Estado Nacional destinados a los miembros de la Iglesia Católica en el territorio nacional.

Por ello, la percepción de la asignación económica será inmediatamente suspendida en aquellos casos que el beneficiario haya sido denunciado por alguno de los delitos.

En caso que la denuncia no prospere se procede al reintegro también inmediato del beneficio como así también de las sumas no percibidas durante la suspensión.

El cese es definitivo cuanto resulte condenado. En ningún caso tendrá derecho a reclamo alguno por la falta de percepción de los beneficios.

Según  la diputada en sus argumentos, “el abuso sexual, cualquiera sea su manifestación, es un hecho denigrante ejercido sobre una persona. Existen muchos casos, no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial, en los cuales se encuentra involucrados, en calidad de perpetradores de estos delitos, a miembros de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en muchos casos protegidos ocultados por esa institución, principalmente en casos infantiles”.

“A partir de la segunda mitad del siglo del siglo XX, numerosas fueron las denuncias que salieron a la luz sobre abuso sexual infantil por parte de los religiosos católicos. Lamentablemente, sobran ejemplos que fueron dados a conocer por la prensa, tales como los escandalosos acontecimientos conocidos de Irlanda y Estados Unidos, en escuelas u orfanatos y seminarios para la formación del clero, como en tantos otros países como Alemania, Chile y Australia; esto ha generado escándalos que llevaron a la renuncia y expulsión de Obispos y eclesiásticos, pero también muchos quedaron impunes, se reubicaron, o se ocultaron”, agregó.

Se calcula que más de 100 mil personas fueron abusadas sexualmente por sacerdotes católicos en el mundo. Dependiendo de cada región, se ha confirmado que de los casos de abuso sexual infantil entre el 50 y el 60 por ciento de los casos son cometidos por miembros de instituciones religiosas, en su gran mayoría de la Iglesia Católica.

ECA Global, organización mundial de activistas por los derechos humanos de los niños y víctimas del abuso clerical, asegura que la cifra de niños que sufrieron algún tipo de abuso y violación por religiosos, confirmados e investigados, asciende a 100 mil, pero esto corresponde a un reporte del 2014 realizado por SNAP (red independiente de sobrevivientes de abuso sexual institucional), el CCR (Centro de Derechos Constitucionales) y el Comité de los sobre los Derechos del Niños que investigó al Vaticano.

“En toda organización existe una relación de poder. Los adultos con conductas sexuales inapropiadas que cuentan con un rol trascendental dentro de una organización, poseen recursos físicos y simbólicos que sitúa al individuo en una posición de superioridad con respecto a otros. Esta situación adquiere mayor relevancia cuando se trata de instituciones religiosas, pues en los hechos quedan contenidos y criterios que hacen a la fe y a la confianza”, remarcó Matzen.

La protección de la infancia frente a cualquier tipo de maltrato o abuso, sobre todo del abuso sexual en cualquiera de las modalidades, “debe constituir una política pública en nuestro país. El Estado argentino no puede mantenerse al margen de esta forma de violencia, la peor de todas, contra los grupos sociales más vulnerables, como son los niños, niñas y jóvenes, frente a instituciones que ostentan un gran poder, como las religiosas, que cuentan con poder económico y político que les permite ocultar estos crímenes terribles”, destacó en el proyecto.

Por eso, “el Gobierno Argentino tiene la obligación y el compromiso de garantizar la protección de las personas afectadas por estos delitos, especialmente cuando esas víctimas son niños y niñas, muchos de los cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad social y emocional. Es por esa razón que resulta necesario que se defina una política no sólo de protección y atención a la infancia frente al flagelo del abuso sexual o de prevención, sino también una política que incluya acciones como las previstas en este proyecto, para limitar los beneficios económicos que desde el Estado, al cual contribuimos toda la sociedad argentina con nuestros aportes impositivos, entre otros, se realizan para sostener a los pederastas que forman parte de la Iglesia Católica”, remarcó.

El Estado Argentino “no puede ser cómplice de estos crímenes, no puede contribuir con los recursos de todos a la subsistencia de los abusadores que ponen en serio riesgo el futuro de nuestra nación: la infancia. Además de las sanciones de los órganos jurisdiccionales, es posible la aplicación de otras sanciones como las que propone este proyecto para limitar o cesar, según el caso, las asignaciones que perciben los miembros de la Iglesia Católica”, concluyó.