La Cámara de Diputados nacional sesionará el 12 de noviembre, a partir de las 15, para tratar un temario que incluye la reforma de la Ley 26.122, correspondiente al Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, promovida por la oposición en el Congreso, supo AIM.

Según se informó, la Comisión de Labor Parlamentaria fue convocada para las 13.30, a fin de coordinar el desarrollo de la sesión convocada para las 15.

La reunión fue convocada por diputados de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo, Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo.

Días atrás estos mismos bloques alcanzaron un dictamen consensuado en comisiones, a las que se emplazaron en la última sesión, para modificar la Ley 26.122 -diseñada por Cristina Kirchner senadora en 2006- y recortar así el poder del presidente Javier Milei y sus sucesores en el uso excesivo de DNU.

El oficialismo, de acentuada minoría en ambas cámaras, rechaza de plano una reforma de este tipo. Además, Milei ya anticipó que si la norma se aprueba la vetará, al considerar que tiene la intención de realizar “un golpe de Estado”.

Qué dice el proyecto de DNU

El dictamen de mayoría sobre la modificación a la Ley de DNU consta de cinco artículos. Entre ellos establece que los decretos “perderán vigencia si no fueran aprobados mediante resolución de ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación”.

Además, cuando los decretos sean dictados durante el periodo de receso parlamentario “las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional”.

Uno de los cambios centrales es que “el rechazo por alguna de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”. Actualmente, para ser rechazado un DNU necesita ser votado en ese sentido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tal como ocurrió con el decreto sobre los fondos millonarios para la SIDE, el primero en ser volteado por el Parlamento.

Finalmente, el proyecto indica que “rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario”.