Los profesionales que conforman hace más de diez años el espacio gremial denominado “Lista Roja” del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (Caer), manifestaron a AIM su “rechazo al aval que el Colegio dio a los concursos de la Fiscalía Anticorrupción que se encuentran en desarrollo ante el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos”.

La necesidad de expresarse surgió luego de haber tomado conocimiento del comunicado de prensa difundido en distintos medios periodísticos de la provincia dando cuenta del “respaldo del Caer y Amfjer al Consejo de la Magistratura”, en la cual se ilustra la reunión mantenida el mismo día entre el presidente del Caer, Alejandro Canavesio; el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa; y el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Mariano Churruarín, dada “en el marco de los concursos abiertos para la Fiscalía Anticorrupción, por el cual se rechazaron tres impugnaciones”.

Al respecto consideraron que “el acompañamiento o respaldo del Caer a los concursos no resulta representativo del sentir de los y las colegas que integran o se identifican con nuestro espacio, por cuanto en tales concursos se ha señalado la existencia de posibles y graves irregularidades, que la entidad Colegial debería considerar antes que desmerecer apresuradamente”.

“No parece haberle despertado inquietud al Colegio, por ejemplo, las distintas renuncias de los jurados técnicos designados para estos concursos, muchos de ellos colegas de la matrícula, que se niegan a convalidar las irregularidades denunciadas”, indicaron los abogados.

Asimismo, apuntaron que tampoco “parece haberle importado a la máxima autoridad de nuestra colegiación las sendas críticas a la Ley que regula dicho proceso, la cual mereció el rechazo de distintos espacios: políticos, colegiales, universitarios y de la sociedad civil, incluso del propio Caer”.

Además, indicaron que “menos aún parece haber considerado el Colegio que se presentaron contra la Ley que reformó el Consejo, dos acciones de inconstitucionalidad por entender que la misma es repugnante a nuestra Carta Magna.”

En este contexto y en momentos donde la sociedad civil reclama mayor transparencia e institucionalidad, “resulta incomprensible que el Caer realice tamaño acto de respaldo a estos cuestionados procesos, poniendo nuestra institución al servicio de intereses extra colegiales o gremiales, conductas que de ningún modo podemos acompañar y –entendemos- es menester exponer el sentir de nuestra agrupación”.