Uno de los temas principales de la agenda pública y gubernamental viene siendo el discutido acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como es habitual en estos casos, a medida que se acerca la posibilidad de cerrar el pacto con mayor entrega y depredación, se intensifica la acción de los medios de in-comunicación y des-información para meter miedo en la población sobre el supuesto peligro de un no acuerdo, buscando legitimar así el acto de traición al pueblo argentino por parte de la partidocracia que nos gobierna. Por Luis Lafferriere (*).

El modelo neocolonial que se despliega en la Argentina luego de la profunda crisis de cambio de siglo, implica potenciar a los sectores del extractivismo depredador, que generan bienes exportables a costa de la destrucción del territorio, de la entrega de nuestros bienes comunes y de la contaminación masiva del ambiente, provocando graves secuelas a las poblaciones donde se realiza. Monoproducción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos, megaminería destructiva y tóxica, explotación de hidrocarburos con la técnica demencial del fracking, son algunas de las actividades que se promueven como “estratégicas” y “esenciales”, están en manos mayoritarias de firmas extranjeras y dejan en evidencia la decisión de considerar a nuestro territorio nacional como zona de sacrificio (de personas y de vida en general).

Es un proyecto que viene siendo altamente exitoso para las grandes corporaciones saqueadoras de los países más poderosos de la Tierra, y para el capital usurero internacional que se queda con porciones mayoritarias de la torta. Pero es letal para la sociedad argentina, que muestra grados de deterioro pocas veces visto en nuestra historia, con la mitad de la población viviendo en condiciones de pobreza, situación más grave aun para nuestros chicos que alcanzan los dos tercios sobreviviendo en ese estado (problemas que distan de ser una preocupación para los dueños del poder).

Parte esencial de ese modelo es la sumisión a los acreedores usureros, por una deuda ilegítima y fraudulenta asumida primariamente por la última dictadura militar y aceptada vergonzosamente por los gobiernos que han gestionado el Estado desde el retorno a la democracia. Una deuda que nunca debimos, que ya la pagamos más de diez veces y que cada vez debemos más. Y esa sumisión implica no sólo transferir ingentes recursos financieros en moneda extranjera, sino también aceptar los condicionantes de política económica interna que imponen a los gobiernos cipayos en contra del pueblo argentino, y que agravan los efectos negativos del modelo (económicos, sociales y ambientales).

Endeudadores y pagadores seriales: dos caras de la misma moneda
A pesar de los numerosos cambios de papeles a partir de la original deuda ilícita denunciada por Alejandro Olmos en 1982 y declarada así por el juez Ballesteros en el año 2000, hay que aclarar que por su origen fraudulento es nula y no pueden valer los instrumentos posteriores que la fueron reemplazando. Sin embargo, los gobiernos de distintos signos políticos han aceptado pagar la estafa, obviamente a costa del sacrificio permanente de los sectores mayoritarios. En ese sentido, el rol del Estado ha sido muy activo y presente, para garantizar el pago del tributo a los usureros, aplicando para ello sucesivas políticas de ajuste.

En ese camino tortuoso y fraudulento, el FMI fue partícipe importante en más de una oportunidad, prestando generosamente fondos al Estado argentino para facilitar la fuga de capitales por un puñado de grandes especuladores, y luego presionando para que se pague la deuda con más sacrificio y entrega de quienes nunca participaron de la fiesta.

El antecedente de principios de siglo es ilustrativo. Con un plan delictivo acordado en el 2001 por el entonces ministro Cavallo (gobierno de la Alianza), los bancos comerciales y el FMI, esta institución prestó al Estado casi 10 mil millones de dólares, que servirían para potenciar el saqueo de divisas que se estaba produciendo ese año nefasto para la democracia y para toda la sociedad. Lo hizo violando sus propios estatutos, que prohíben hacer préstamos con esos cuestionables destinos. Sin embargo, el gobierno de Néstor Kirchner decidió en el año 2005 pagar por anticipado la totalidad de ese préstamo fraudulento, convalidando la estafa sufrida por el país.

Una nueva estafa se producirá, más cerca en el tiempo, durante el gobierno de Macri, que acordó recibir un préstamo de más de 57 mil millones de dólares, fuera de toda legalidad no sólo del país sino de los propios estatutos del FMI. Lo hizo para permitir que los bancos comerciales entreguen a poderosos fondos de inversión los dólares necesarios para transferir al exterior las superganancias logradas por cobrar intereses fabulosos al Banco Central.

Pero además esa estafa avalada por el gobierno de los EEUU (principal miembro del FMI y el único con poder de veto) tenía otros objetivos: por un lado, dar apoyo financiero al entonces presidente Macri en el proceso electoral (evitando una corrida cambiaria y una eventual megadevaluación), y por otro, hacerlo de manera de condicionar al futuro gobierno, ya que el préstamo era impagable en las condiciones que se otorgaba, y eso llevaría luego a la necesidad de renegociar y aceptar imposiciones y condicionamientos, gobierne quien gobierne.

Ahora que llega el momento de pagar esa deuda fraudulenta, el gobierno no duda un instante en cumplir religiosamente con el tributo a la usura, aunque para ello haya tenido que aplicar fuertes políticas de ajuste que no pueden disimularse con el mero cambio de palabras y con un relato fantástico que muy pocos se lo creen: que “ahora el FMI es bueno”, que “no es ajuste sino disminución del déficit fiscal”, que “no se aceptarán condicionamientos”, etc. Sin embargo, y a pesar de estar en un proceso de renegociación, este gobierno viene pagando intereses y capital por montos significativos, llegando a entregar para marzo del año próximo si cierra el acuerdo casi 10 mil millones de dólares.

Este rol compartido de entreguistas seriales lo reconoció recientemente la actual vice presidenta al afirmar que la oposición cuando es gobierno se convierte en “endeudadores seriales”, y ellos como oficialismo luego son “pagadores seriales”. Funcionales entre sí, cómplices de la usura internacional, y traidores de los intereses nacionales y del pueblo argentino.

¿Quiénes afirman que la deuda es ilícita y fraudulenta? El juez Ballesteros, luego de un proceso judicial que duró 18 años, el denunciante Alejandro Olmos, y muchos otros intelectuales patriotas que han estudiado el tema y presentado nuevas denuncias.

¿Quiénes dicen que el FMI en el año 2001 entregó 10 mil millones de dólares para que lo saqueen los bancos y las corporaciones? Una Comisión Investigadora especial de la Cámara de Diputados de la Nación, que demostró las modalidades delictivas de los grandes capitales.

¿Quiénes sostienen que el último préstamo del FMI fue fraudulento y hay que denunciarlo e investigarlo por eso? Muchos, aún con denuncias ante la justicia. Y hasta el actual presidente lo denunció cuando era oposición y que luego ya asumido anunció una “querella criminal” por ese acto ilegal, aunque quedó en un anuncio más para la gilada. Y hasta el entonces presidente Macri y hoy líder opositor, declaró recientemente ante la justicia que esos fondos prestados por el FMI fueron destinados a los , para que éstos se los entregaran a los megaespeculadores que querían llevar sus ganancias afuera.

Resumen: el origen fraudulento de la deuda pública no tiene discusión, fue para beneficiar a un puñado de grandes usureros. Pero a la hora de asumir el pago de esa obligación, los gobiernos lo hacen recaer sobre los sectores mayoritarios y de menores ingresos.

¿Cómo se está haciendo para pagar una parte de la deuda? (es decir, todo lo que se pueda, ya que en las condiciones que se ha pactado es absolutamente impagable)
La deuda se paga con ajuste y sacrificio de las mayorías y con creciente depredación y contaminación de nuestro territorio. Eso se viene haciendo aún antes del posible acuerdo con el FMI, pero de concretarse el mismo el tamaño del ajuste será potenciado con nuevas políticas que traerán más consecuencias negativas y mayor destrucción social y ambiental.

En línea con las tradicionales exigencias del FMI se ha producido una continua rebaja de los salarios reales de los trabajadores, cuyos ingresos nunca alcanzan a los altos índices inflacionarios. También se ha producido una paralela reducción de las jubilaciones y pensiones reales, agravado por la suspensión de la movilidad jubilatoria en el año 2020 y por la posterior reforma que eliminó los ajustes por inflación en los haberes (en una economía con índices inflacionarios superiores al 50 por ciento anual). Y en especial, hubo un incremento de la recaudación tributaria que se logró con la suba de impuestos y los aumentos de precios que potencian los ingresos fiscales vía los impuestos indirectos.

Si vemos lo sucedido este año (primeros diez meses), los ingresos fiscales aumentaron más del 84 por ciento, en tanto el gasto público primario (sin intereses) lo hizo sólo en un 42 por ciento, y dentro de éstos las prestaciones sociales sólo subieron un 25 ciento (en comparación con igual período del año anterior).

¿Quiénes han venido pagando la deuda, entonces? ¿Los especuladores que compraron los dólares y los fugaron? No, la vienen pagando los trabajadores y los jubilados con la pérdida de sus ingresos, y los consumidores finales con mayores impuestos indirectos. Es decir, los que no recibieron ni siquiera las migajas del festín de saqueadores y corruptos.

El acuerdo en trámite con el FMI requiere profundizar esas tendencias regresivas, y las exigencias básicas plantean al gobierno un nuevo y fuerte ajuste, de manera de que el Estado pueda conseguir superávit fiscal y tener el dinero suficiente para comprar los dólares necesarios para abonar el tributo a la usura. El ajuste se impulsaría con disminución de los subsidios energéticos (que implican fuerte suba de tarifas), con menor emisión monetaria (si es necesario reemplazándola con más endeudamiento) y con menor gasto público.

Pero para que el país consiga los dólares que luego el Estado debe comprar, es necesario que el ajuste llegue a toda la sociedad, para disminuir la demanda interna, bajar el nivel de importaciones y dejar más saldos exportables, mejorando la balanza comercial a costa de más sacrificios. Y eso a su vez se acompaña con los anunciados planes de promover la profundización del extractivismo, con ampliación de la producción de transgénicos y el apoyo a nuevas inversiones en extracción de hidrocarburos y en megaminería.

El grado de sumisión que implica el modelo neocolonial que se ha desplegado en la Argentina a lo largo de este siglo XXI, se potenciará en caso de que se avance en el acuerdo anunciado con el FMI. Eso sólo traerá un agravamiento de las condiciones de vida de los sectores mayoritarios de la población, y se alejaría cualquier esperanza de mejoras sociales. Igualmente, habrá una nueva vuelta de tuerca en la depredación gigantesca de nuestros bienes comunes, y en el proceso de contaminación ambiental que implica la multiplicación de inversiones en agronegocios, megaminería y fracking.

Con tales políticas de destrucción social y ambiental, se esperan aumentos significativos de nuestras exportaciones, desde los casi 60 mil millones actuales hasta llegar a los 100 mil millones de dólares, y de esa manera conseguir las divisas para seguir pagando la deuda eterna y fraudulenta que igualmente será imposible de pagar y nos llevará a nuevos ajustes.

A menos que no den resultados las políticas distractivas de meter miedo a la población utilizando el pretexto de la farsa de pandemia (con la posibilidad que impongan más confinamientos y controles), ya está comenzando a desplegarse una represión a las resistencias y los reclamos populares. Represión que buscará garantizar lo que quieren los saqueadores: las riquezas del territorio, y la pobreza y eliminación de la población sobrante.

Este camino nunca fue ni será una alternativa para la sociedad argentina y sus sectores mayoritarios. Por eso urge desarrollar acciones que pongan en evidencia este presente ominoso y el futuro más lúgubre que nos espera si permitimos que se mantenga este rumbo destructivo.

Somos apenas 45 millones de personas en un mundo habitado por más de 7.800 millones. Tenemos uno de los territorios más ricos y privilegiados del planeta (el octavo en superficie), con recursos para producir alimentos sanos, energía limpia y muchos otros bienes indispensables para la vida. Generamos divisas en cantidades significativas, al punto que desde comienzos de este siglo hasta hoy tuvimos un superávit de la balanza comercial de más de 200 mil millones de dólares (el saldo que nos dejaron las exportaciones por encima de las importaciones). Pero nuestras reservas efectivas de divisas están casi en cero y la deuda externa se ha incrementado exponencialmente.

Tenemos todo para que toda la población viva dignamente, pero somos saqueados de manera perpetua. Y la deuda fraudulenta es uno de los mecanismos más efectivos para promover ese saqueo. Está en nosotros hacer algo, con más participación y protagonismo, porque nadie lo hará por nosotros ni nos regalará nada. Y si seguimos haciendo más de lo mismo, contemplando pasivamente cómo marchamos hacia el abismo, no tendremos otro futuro que un grave empeoramiento social y ambiental. El primer paso es repudiar la deuda fraudulenta y denunciar las estafas, ya que así nunca perderemos lo que vamos a perder si seguimos el actual rumbo entreguista. (**)

Por Luis Lafferriere (*) Docente universitario de economía política – Programa extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” (Comunicación Social – Uner) – Miembro de la Junta Abya Yala por los Pueblos Libres y del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina.

(**) Esta nota fue escrita horas antes de que la legislatura de Chubut apruebe entre gallos y medianoche una ley que autoriza la megaminería, a espaldas del pueblo y sin ninguna licencia social ni ambiental. La rápida movilización popular, masiva y pacífica, fue reprimida duramente y a los tiros. Tanto el gobierno provincial como el nacional, traicionando los intereses de quienes los votaron, buscan garantizar el saqueo de nuestro territorio y la contaminación de nuestros bienes comunes, en beneficio exclusivo de los poderosos, y dar señales de sumisión ante los acreedores usureros y el Fondo Monetario Internacional. No les interesa el agua, ni la salud ni la vida…