Desde la Asociación Paranaense de Síndrome de Down (Aspasid) se pronunciaron sobre la nueva reglamentación del certificado único de discapacidad, el vínculo con la Agencia Nacional de Discapacidad y la desregulación que se dio por decreto de los aranceles a pagar por parte de obras sociales o programas del Estado. “Habría que tener en cuenta que estas personas por el déficit que portan están en inferioridad de condiciones respecto del resto de la población y sus necesidades deberían ser tenidas en cuenta con especial dedicación”, señaló a AIM la presidenta de la organización, Beatriz Arbasetti.

Sobre el certificado único de discapacidad, Beatriz Arbasetti indicó a esta Agencia que “esta nueva reglamentación es positiva, sobre todo sabiendo que el trámite exige su tiempo, demanda presentar documentación a la persona interesada. Venimos siguiendo el tema del vencimiento del certificado, por ejemplo, mi hijo ha tenido tres certificados, el primero por diez años, el segundo también renovable y el último que le dieron por la duración de un año”, por este motivo: “Me parece bien que se emita sin fecha de vencimiento, sobre todo teniendo en cuenta aquellas discapacidades que son definitivas (mental, motriz que no tenga solución). Lo que hay que tener en cuenta es que son interesantes las coberturas que se prestan y, además, se hace una salvedad respecto de que aquellas personas que son mayores pueden tener algún tipo de adecuación o necesidad que vaya surgiendo en el desenvolvimiento de su patología y entonces es necesario que la junta revisora haga una adecuación y aquellas personas que también necesitan equipamiento permanente en esos casos también habría que hacer una revisión para adecuar lo que hay que otorgarle”.

Consultada la presidenta de Aspasid sobre la vinculación con el Gobierno nacional señaló que “las organizaciones vinculadas a la discapacidad están directamente relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad. Se han normalizado algunos temas, pero en general observamos que no hay un tratamiento específico del tema discapacidad, teniendo en cuenta que estas personas son un porcentaje importante de la población en la Argentina que ronda el 13 – 14 por ciento y sobre eso no hay una expedición formal del Gobierno nacional, simplemente mantener la institución que se ocupa de este tema”.

Con relación a la desregulación que se produjo tiempo atrás de los aranceles de obras sociales remarcó que “es una problemática difícil porque en algunos casos las prestaciones devienen muy costosas y por ahí el afiliado no está en condiciones de afrontar los gastos; por eso cuando estaban pautadas las prestaciones era una referencia importante para las instituciones y nos parecía que era una manera de igualar la situación cualquiera fuera la prestadora”.

Añadió al respecto Abrasetti: “En el tema hay que trabajar, habría que tener en cuenta que estas personas por el déficit que portan están en inferioridad de condiciones respecto del resto de la población y sus necesidades deberían ser tenidas en cuenta con especial dedicación”.