El proyecto de ley que establece la emergencia en discapacidad se encuentra en tratamiento en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Al momento, cuenta con dictamen de las comisiones de Salud y la de Discapacidad. Resta el tratamiento en Presupuesto, antes de llegar al recinto, supo AIM.

Reformas para otorgar pensiones por invalidez, falta de pago a los servicios médicos, auditorías demoradas que alcanzan a la paralización: ese fue el estado de situación en el que coincidieron las personas con discapacidad que participaron de una comisión en Diputados, que busca decretar la emergencia para el sector hasta el 31 de diciembre del 2027.

En esta oportunidad, según pudo saber AIM, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados recibió a exponentes que brindaron sus aportes sobre la iniciativa que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad.

El proyecto de autoría del diputado Daniel Arroyo (UP), presidente de la Comisión de Discapacidad, declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y busca “asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad”.

En primer lugar, expuso Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, niños y adolescentes, quien se refirió a la auditoría de las pensiones no retributivas, anunciada por el gobierno nacional.

Graham aclaró que se comunicó con el Ministerio de Salud, donde manifestaron que “dicha auditoría no iba a hacerse en caso de niñas, niños y adolescentes” y las pensiones para esas personas “no se iban a modificar”. “Esa palabra ha sido cumplida”, añadió.

En tanto, Graham también mencionó que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que “las niñas, niños y adolescentes iban a estar cubiertos por la AUH con discapacidad y asignación familiar con hijo con discapacidad”. “Eso nos trae una preocupación porque, si bien es cierto que el monto es más alto que la pensión por discapacidad, lo cierto es que perderían todos los beneficios de Incluir Salud”, alertó.

En cuanto el proyecto de ley, Graham manifestó que "sería bueno que en esta ley pudiéramos incorporar un capítulo para niños, niñas y adolescentes”. “No cometamos el mismo error que cometimos con la Ley de Salud Mental, tengamos un párrafo especial para hablar de las infancias y adolescencias con discapacidad”, ejemplificó.

Posteriormente, tomó la palabra el padre Pablo Molero, integrante del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Molero dijo que el proyecto en discusión “es una manera de mostrar que queremos otra cosa para nuestro país”. “Lo más importante es que esta ley salga, es la respuesta para decir: queremos una sociedad distinta”, expresó.

A continuación, Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité sobre Personas con Discapacidad de la ONU, se mostró crítica respecto a las políticas públicas en el país.

“Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de manera que tiene el enorme compromiso de cumplir eso a lo que se comprometió, estamos viendo que actualmente está en un franco retroceso”, dijo Gamio.

“Esta ley es para cumplir de inmediato con los principios que se habían abandonado, por lo tanto, hay que apoyarla totalmente”, comentó también.

En tanto, Eduardo Quiroga, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) graficó que “en Argentina menos del 25% de personas con discapacidad reciben una pensión, es decir, que hay muchas personas con discapacidad que requieren de una prestación de protección social y no la están recibiendo”

Además, Quiroga criticó que el Estado nacional reinstaló requisitos para recibir una pensión que son “inconstitucionales”.

Sobre el final de la reunión, se indicó que, en la próxima sesión, se pediría emplazar a la Comisión de Presupuesto, liderada por el oficialismo, para que tengan la obligación de tratar el tema”.

Cabe destacar que el proyecto de ley, al que tuvo acceso AIM, busca focalizar partidas presupuestarias para garantizar el Sistema de Prestaciones Básicas en Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad, que además garantice una pensión no contributiva por discapacidad que sea compatible con la actividad laboral.