La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos salió con dureza a cuestionar la reforma a la Ley de Concesiones que los diputados de Juntos por Entre Ríos rubricaron en el despacho de comisión y denunció que la modificación "habilita a transferir a manos de terceros públicos o privados, nacionales o extranjeros, actividades y funciones irrenunciables del Estado".

El gremio estatal calificó la maniobra oficialista como un avance directo sobre el patrimonio público. "Bajo la excusa de buscar herramientas para el poder Ejecutivo, pretenden entregar a la lógica del lucro mercantilista funciones que la propia Constitución reserva al Estado", remarcaron desde la organización sindical.

Según explicaron, la iniciativa impulsada por el bloque oficialista contempla concesionar "la educación pública en todos sus niveles", además de la "salud pública y servicios sanitarios esenciales", la "seguridad pública y protección civil" y los "servicios vinculados a la administración de justicia y el sistema penitenciario".

Denuncia contra los legisladores oficialistas
ATE apuntó directamente contra los diputados que avalaron el proyecto en comisión y los acusó de blanquear el origen del pedido. "El gremio repudia las expresiones y la actitud de las y los legisladores oficialistas que pretenden naturalizar la entrega del patrimonio público, admitiendo sin tapujos que este proyecto responde a un pedido directo del poder Ejecutivo", señalaron.

La entidad advirtió, además, que la reforma "abre el camino para que capitales privados —incluso extranjeros— pasen a gestionar servicios que deben ser públicos", en lo que consideraron una entrega lisa y llana de funciones esenciales del Estado.

"Solo trajeron desempleo y vaciamiento"
Para fundamentar su rechazo, la organización apeló a la memoria histórica de procesos similares en el país y en la provincia. "La experiencia histórica en nuestro país y en la provincia demuestra que las privatizaciones y concesiones de servicios públicos solo trajeron desempleo, vaciamiento, deterioro del servicio y pérdidas millonarias para el erario público", sostuvieron desde ATE.

Por último, el gremio llamó a la totalidad del arco legislativo a frenar la iniciativa antes de que llegue al recinto. "Llamamos a la reflexión a la totalidad de las y los legisladores para que detengan este atropello inconstitucional antes de su tratamiento definitivo", indicaron, y remataron: "Salud, Educación, Seguridad y Justicia no son mercancías, son derechos humanos que el Estado debe garantizar".