Las autoridades del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (Iapv) –gestiones Urribarri-Bordet- “obligaron al organismo a renunciar a su función de planificación, admitiendo que los conjuntos habitacionales se hicieran en lugares inapropiados elegidos por las constructoras privadas y aún a sabiendas de violentar y frustrar cualquier posibilidad de crecimiento sustentable y armónico de Paraná”, aseguró a AIM la precandidata a intendenta para Paraná por la lista del Progresismo Popular, 50 B, María Emma Bargagna, quien denunció que los negocios inmobiliarios con la Cámara de la Construcción están erigiendo guetos en las ciudades entrerrianas.   

Durante estas últimos 12 años el Iapv “fue deliberadamente desmantelado, burocratizado y desprofesionalizado y esto es grave”, aseguró la ex diputada provincial, quien precisó que la función de control del organismo “desapareció y  se obligó al Instituto a desligarse de sus funciones específicas para delegarlas en un puñado de voraces e inescrupulosos particulares, presididos por la Cámara de la Construcción, de la que el Iapv pasó a ser un satélite funcional”, lo que llevó a “encarecer de manera exorbitante el precio de las viviendas, cargando con los mayores costos al Estado y a los adjudicatarios”.

En ese sentido, precisó que las muestras más indiscutidas de la decadencia “se exhiben en los conjuntos habitacionales ejecutados por el sistema constructivo Cat-sistema industrializado,  cuyos resultados –luego de más de cinco años de espera- pueden observarse en Paraná, San Benito y Colonia Avellaneda”.

Para llevar a cabo el plan de succión de fondos públicos y dinero de los más humildes, (connivencia funcionarios-empresarios) “la conducción del Iapv admitió que las empresas que tuvieron a cargo la instalación de esas viviendas aportaran el terreno en operatoria que se tercerizó en una pseudo “mutual” de manera reñida con la más elemental transparencia”.

Ante ese escenario, funcionales al negocio privado, las autoridades del Iapv –gestiones Urribarri-Bordet- “obligaron al organismo a renunciar a su función de planificación, admitiendo que los conjuntos habitacionales se hicieran en lugares inapropiados elegidos por las constructoras privadas y aún a sabiendas de violentar y frustrar cualquier posibilidad de crecimiento sustentable y armónico de Paraná”.

Así, el propio Iapv provocó en la capital de la provincia “una ruptura de la trama urbana con proyección socio-ambiental negativa que desciende todos los indicadores de calidad de vida”.

Al respecto, apuntó que obsérvese que el terreno en el que se edificaron las 300 viviendas precarias en zona Este de la ciudad, “no cuentan con centro de salud de proximidad, escuela de proximidad, policía de proximidad y centro cívico de proximidad. Tampoco tienen resuelto la conexión o inclusión en las redes de los servicios públicos municipales”.  Las mismas falencias “acucian a los conjuntos habitacionales construidos con idéntica operatoria e idénticas Empresas en San Benito y Colonia Avellaneda”, precisó la abogada.

La espuria relación de funcionarios del Iapv con los responsables de las empresas y la pseudo mutual, “confirmó a decenas de paranaenses desesperados por contar con una vivienda, en un gueto sin conexión ni conectividad, al desamparo y en la mayor precarización habitacional”.

“Como entrerrianos y paranaenses, como progresistas, manifestamos nuestro más profundo rechazo al vaciamiento que viene soportando el Iapv y a la falta de transparencia y apego a la Ley al que se lo obliga”, dijo la precandidata a intendeta, quien consideró que es imperioso que se realice una auditoría e investigación respecto de las gravísimas irregularidades que fueron denunciadas penalmente.

Además, reclaman “urgente información pública sobre todo lo actuado. Información que debería ser oficial, veraz, completa y oportuna y aquellos funcionarios o ex  funcionarios ligados a las empresas contratistas deberían renunciar de inmediato al ejercicio de sus cargos y ponerse a disposición del servicio de Justicia haciéndose personalmente responsables de las graves irregularidades cometidas”.

“A la par,  se les debería exigir a todos los directores del Iapv la presentación de una declaración jurada de bienes, con acreditación de su origen. Tanto del patrimonio individual como familiar, tomando como fecha de inicio los cinco años anteriores a la asunción del cargo hasta los 10 años posteriores inclusive”, dijo la dirigente socialista.

 

El Iapv no se creó para ser de cómplice de los depredadores del Estado

El Iapv fue creado en 1959. Impulso del Gobernador Uranga, tuvo como política de Estado tras un fin social zonificar las ciudades, villas y pueblos de Entre Ríos, orientar a los organismos del Estado en la correcta distribución de los servicios públicos, planificar las redes de comunicación, fomentar la construcción de viviendas por el sistema de ayuda mutua y dirigida y ayuda propia o sistemas cooperativos.

Además, la Ley de creación jerarquiza como función del Iapv la capacitación de sus cuadros técnicos en Planeamiento y Vivienda,  la construcción por el organismo de viviendas sociales y la adquisición de materiales de construcción para transferir a los adjudicatarios, todo ello de acuerdo a las normas dictadas por el organismo.