El sistema educativo público “está desfinanciado”, afirmó a AIM Cesar Baudino, ex secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), quien explicó que “hay una política del gobierno que intenta culpabilizar a los docentes por la magra educación argentina, desligando a los gobernantes de su función fundamental que es garantizar la educación pública, laica, gratuita, obligatoria y de calidad”.
Las políticas neoliberales promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronuncian la reforma educativa mercantil que se lleva adelante desde los ‘90, como parte del programa que también implica lo previsional y laboral. En ese marco, los gobiernos (nacional de Mauricio Macri y provincial de Gustavo Bordet) “subsidian constantemente a la educación privada y descuidan a la educación pública, porque, la verdad, es que el Estado está absolutamente ausente, ya que sólo paga salarios, envían una partida de 800 pesos a las escuelas y sostiene básicamente a las que tienen copa de leche o comedor, esa es la única presencia que tienen”, advirtió a esta Agencia el docente.
Al respecto, remarcó que “la coyuntura es muy grave”, a lo que se suma evaluación Aprender “que tiene que ver con una propuesta internacional del neoliberalismo en la educación donde los protagonistas diarios, es decir, la comunidad educativa (padres, escuela y estudiantes) no interviene en nada en la instancia, que tiene un estándar nacional, sin contemplar las características e idiosincrasia de cada lugar, de cada escuela, donde las necesidades económicas, laborales, tecnológicas, alimentarias y de vestimenta son distintas y no se contemplan en este tipo de muestreo que se aplica no desde ahora sino, incluso, desde el kirchnerismo”.
Los docentes evalúan, se auto evalúan y los evalúan permanentemente desde el Consejo General de Educación (CGE), es decir, “nadie se niega a la evaluación, pero cuando las evaluaciones son impuestas y no se contemplan las características de cada lugar, se intenta ranquear a las escuelas exponiendo una clara decisión del gobierno de culpabilizar a los docentes por la magra educación argentina, desligando a los gobernantes de su función fundamental que es garantizar la educación pública, laica, gratuita, obligatoria y de calidad”.
Además, señaló que hay que tener en cuenta que al repliegue del Estado en cuanto a políticas públicas educativas se suma que “hay maestros y profesores por debajo de la línea de pobreza”, por lo que muchos de los docentes aceptan ser aplicadores de forma acrítica, garantizando este tipo de pruebas.
“Todo esto expone una clara política de intentar disciplinar a las escuelas, ranqueandolas, tratando de imponer un imaginario en el que la escuela privada dice ser mejor cuando, en realidad, las condiciones y sectores que asisten son distintos, lo que genera mayor desigualdad y mayor drenaje de la escuela pública a la privada”, remarcó.
Ante ese escenario, lamentó el rol de los sindicatos: “Están ausentes en este debate y son funcionales al ocultamiento del pensamiento crítico que otrora era una bandera de los gremios provinciales y nacionales, lo que es muy grave para la educación pública y quienes dicen defenderla”.