Ingresó en la Cámara de Senadores un proyecto de Ley que promueve que quienes integren o formen parte de la Fiscalía de Estado, la Contaduría General de la provincia, la Tesorería General y la Defensoría General del Pueblo no puedan integrar empresas o sociedades del Estado provincial, ya que atentan contra la transparencia de las instituciones, afirmó a AIM el  autor de la iniciativa, Raymundo Kisser.

El texto -que tomó estado parlamentario en la última sesión- fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Al respecto, Kisser explicó que la Constitución provincial sancionada en 2008 “consagró la existencia de órganos autónomos de control de todos los organismos del Estado, incluido, en ese control, no sólo los entes autárquicos del Estado provincial, sino también de la empresas del estado, o en las que el Estado ya sea en forma directa, o a través de alguno de sus organismos, sea parte o forme parte en ellas y que funcionarios de esos organismos participen de esas empresas es una contradicción, ya que no se pueden controlar a sí mismos”.

En ese sentido, el abogado explicó que los órganos de control extrapoder  ̶ Fiscalía de Estado, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, y el Defensor del Pueblo ̶, “deben guardar, en aras de la transparencia, independencia, entre otras cualidades, una autonomía total, y por ende ni siquiera pueden recibir órdenes o instrucciones de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, salvo que la propia Constitución lo establezca, como es el caso de Contaduría General”.

“Esto indica que el Constituyente del 2008 estableció verdaderos organismos de control que deben, justamente, controlar todas las reparticiones del Estado, pero también aquellas entidades en las que el propio Estado es parte, o tiene algún interés”, remarcó el legislador, quien detalló: “Esto implica que quienes integren estos organismos de control deben guardar total y absoluta independencia con respecto no solo a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino de los demás organismos de control, porque bien es sabido de estos organismos de control extrapoder intervienen en distintas etapas del desarrollo de las diversas actividades del Estado, ya sea en forma simultánea o en forma sucesiva”.

En ese sentido, subrayó que en función de la investidura que ejercen (no solo los responsables máximos de estos organismos de control, sino también todos aquellos dependientes que cumplen funciones), “no pueden actuar, ya sea como directivos, síndicos, controladores internos de cualquier organismo o repartición, empresa, fundación, sociedad, etc., y que fuera del Estado Provincial, o el mismo sea parte. Ello es así es aras de la independencia y transparencia que los organismos de control deben mantener y guardar en todas las instancias del funcionamiento del Estado Provincial, pero además, hasta por razones de ética pública”.

Al respecto, ejemplificó que actualmente el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes,  participa de varias empresas: “El fiscal, quien debe controlar a los otros poderes,  forma parte del Cemener, Enersa y Sidecreer, entre otros organismos”.

En ese marco, dijo que espera que el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, “revea la situación, ya que es inconstitucional lo que está pasando”.