Un proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos para crear un registro provincial de organizaciones con voluntariado social y establecer que esa actividad, debidamente acreditada, sea considerada obligatoriamente como antecedente en los concursos para cubrir vacantes en el Estado provincial. La iniciativa tomará estado parlamentario en la próxima sesión.

Un proyecto que busca promover e institucionalizar el voluntariado social ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos y tomará estado parlamentario en la próxima sesión. La iniciativa propone, entre otros puntos, que la experiencia como voluntario sea valorada como antecedente en los concursos para ingresar al Estado provincial.

El texto fue presentado por el diputado Jorge Maier, con la coautoría de Mariana Bentos, Mauro Godein, Gabriela Lena, Ruben Rastelli, Juan Manuel Rossi, Carolina Streitenberger y Noelia Taborda, todos del bloque Juntos por Entre Ríos.

La propuesta tiene como objetivo “promover, institucionalizar y valorar la participación voluntaria, solidaria y altruista” de los ciudadanos entrerrianos en organizaciones sin fines de lucro que desarrollen actividades de interés general y bien común. Entre ellas contempla tareas asistenciales, sociales, cívicas, educativas, culturales, científicas, deportivas, sanitarias y ambientales, entre otras.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación del Registro Provincial de Organizaciones de la Sociedad Civil con Voluntariado Social, que tendrá a su cargo la inscripción de las entidades, el registro de las altas y bajas de voluntarios y la validación de los certificados que acrediten las tareas realizadas. La nómina de organizaciones inscriptas deberá ser pública y de consulta libre y gratuita.

Para formar parte del registro, las entidades deberán acreditar personería jurídica vigente, carecer de fines de lucro y desarrollar actividades de interés general. A su vez, tendrán que formalizar un Acuerdo Básico Común con cada voluntario y notificar su incorporación dentro de los 30 días hábiles de firmado ese documento.

El Ministerio de Desarrollo Humano, o el organismo que en el futuro lo reemplace, quedaría establecido como autoridad de aplicación y tendría a su cargo la administración del registro y la implementación de políticas de promoción y capacitación sobre voluntariado.

El voluntariado como antecedente para acceder al Estado
El aspecto de mayor impacto de la iniciativa aparece en el artículo siete, que determina que la actividad voluntaria debidamente acreditada mediante un certificado validado “constituirá un antecedente de valoración obligatoria en todo concurso para cubrir vacantes en el ámbito del Estado provincial”.

La disposición se aplicaría conforme al régimen de selección correspondiente a cada concurso y exceptúa expresamente los procesos de designación que tramitan ante el Consejo de la Magistratura. Además, el voluntariado deberá ser considerado como antecedente relevante en los programas de becas y formación impulsados por organismos públicos provinciales.

El proyecto también invita a los municipios entrerrianos a adherir al régimen para que la actividad voluntaria acreditada pueda ser reconocida como antecedente en los procesos de selección de personal de las administraciones locales.

Un antecedente legislativo que quedó archivado
En los fundamentos, los autores recordaron que Entre Ríos adhirió en 2004 a la Ley Nacional 25.855 de Promoción del Voluntariado Social, pero señalaron que esa adhesión no estuvo acompañada por la creación de una estructura provincial que permita acreditar y certificar formalmente las actividades.

Según explicaron, actualmente la provincia carece de “un registro provincial propio, de una autoridad de aplicación con competencia específicamente designada en la materia y de mecanismos concretos de acreditación y certificación de la actividad voluntaria”.

La iniciativa recuperó además un antecedente de 2012. Ese año, Diputados aprobó un proyecto de características similares que creaba un registro provincial y reconocía el voluntariado como antecedente para concursos públicos. La propuesta obtuvo media sanción en agosto, pero nunca fue tratada por el Senado y terminó archivada.

Los legisladores sostuvieron que la nueva propuesta no crea otro régimen de voluntariado, sino que complementa la legislación nacional y busca generar herramientas para acreditar las tareas realizadas. El sistema de registro, argumentaron, permitiría que la valoración de esos antecedentes en los concursos públicos se realice de manera “equitativa y transparente”.