Mientras La Libertad Avanza busca aprovechar su peso como primera minoría en el Congreso para definir la agenda parlamentaria, hay temas que podrían quedar relegados pese a su enorme gravedad. Entre ellos, la crisis sanitaria más severa de los últimos años: el fentanilo adulterado que provocó más de un centenar de muertes y dejó al descubierto fallas estructurales del sistema de control estatal, constató AIM.

La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación del caso presentó su informe final ante la Cámara de Diputados. El documento, al que accedió AIM y de más de 200 páginas, reconstruye con precisión cómo dos lotes del medicamento producidos por Laboratorios Ramallo S.A. bajo la marca HLB Pharma fueron distribuidos a lo largo del país pese a múltiples alertas internas y externas. Esos lotes contenían bacterias multirresistentes, entre ellas Klebsiella pneumoniae y Ralstonia, lo que derivó en la muerte de al menos 124 personas y en secuelas irreversibles para decenas de pacientes.

El informe señala que el primer aviso provino del Hospital Italiano de La Plata, donde la microbióloga Virginia González detectó tres casos vinculados al uso del fentanilo contaminado en abril de este año. A pesar de la urgencia, la Anmat recién emitió una alerta pública el 8 de mayo, cuando las ampollas ya se habían administrado en centros de salud de varias provincias. Informaron a AIM que incluso en ese momento el retiro del producto del mercado recayó principalmente sobre la Justicia federal debido a la lentitud del regulador y la desobediencia del laboratorio.

La Comisión también expuso irregularidades graves en la producción farmacéutica. Según el dictamen, los registros de los lotes fueron confeccionados a posteriori, con datos incompletos o directamente falsos. Se verificó un único ensayo de esterilidad utilizado para múltiples partidas y una cantidad ínfima de muestras analizadas respecto de las unidades fabricadas. Todo ello, en abierta violación de las Buenas Prácticas de Manufactura.

El ministerio de Salud quedó en el centro de las críticas por su falta de supervisión efectiva. La investigación advierte que el Estado controla la producción e importación a gran escala, pero no hace un seguimiento unitario de medicamentos de alto riesgo como los opioides. Esa falta de trazabilidad impidió reconstruir con rapidez la ruta de distribución del producto contaminado y demoró la prevención de nuevas muertes.

En paralelo, el informe remarca que muchos centros de salud no registran la marca ni el número de lote al administrar medicamentos inyectables, lo que imposibilita rastrear con precisión quién recibió qué producto. Según pudo saber AIM, la Comisión reclamó la digitalización urgente de historias clínicas, controles más estrictos sobre laboratorios y un sistema de alertas sanitarias graduado que distinga situaciones potencialmente mortales.

La Justicia avanzó contra los directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, quienes fueron procesados por adulteración de medicamentos y omisiones deliberadas en el retiro del producto. Sin embargo, desde ámbitos legislativos y sanitarios existe temor a que el caso se diluya. La coyuntura política —con una agenda enfocada en disputas de poder y acuerdos parlamentarios para sostener reformas oficiales— amenaza con relegar la tragedia del fentanilo a un segundo plano institucional.

Familiares de víctimas siguen exigiendo respuestas, controles y prevención. El informe está sobre la mesa. Las responsabilidades están señaladas. Las recomendaciones son claras. Lo que resta saber es si el Congreso y el Ministerio de Salud actuarán con la urgencia que demanda una situación que, de no corregirse, puede repetirse en cualquier momento.

Supo AIM que organizaciones de pacientes ya anticipan nuevas movilizaciones frente al riesgo de que la política mire hacia otro lado. Porque en la Argentina de hoy —y más aún con una primera minoría dominante en el Parlamento— la prioridad legislativa no siempre coincide con la prioridad sanitaria. Y esta vez, el costo de la indiferencia ya se midió en vidas.