La Oficina Anticorrupción acusó a la exministra de Seguridad de adquirir materiales que llegaron al país 5 meses después de la cumbre y, en algunos casos, con supuestos sobreprecios de más del 300 por ciento.

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció ante la Justicia a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por sobreprecios en la compra de chalecos antibalas, equipos antiexplosivos y otros productos que eran para la reunión del G20, que se hizo a fines de 2018 en la Argentina. Y que además llegaron después de realizado el evento en Buenos Aires.

Según la acusación, el Ministerio de Seguridad de Cambiemos compró ambulancias, furgones, scanner, chalecos antibalas y equipos antiexplosivos para la cumbre, pero habrían llegado al país hasta cinco meses después de que concluyera el encuentro internacional y, en algunos casos, con supuestos sobreprecios de más del 300 por ciento.

La compra con sobreprecios no es la única irregularidad en torno a la organización del G20 durante la gestión macrista. En 2020 trascendió que periodistas, fotógrafos, camarógrafos y productores de medios de comunicación nacionales e internacionales fueron espiados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en el marco de la realización de la Cumbre en 2018, según denunció la titular del organismo Cristina Caamaño.

La denuncia apunta también a otros exfuncionarios de la cartera de Seguridad y es el resultado de una investigación que llevó adelante la OA que conduce Félix Crous, a partir de una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que detectó las supuestas irregularidades en las 9 licitaciones analizadas, consignó la agencia Télam.

La denuncia recayó en el juzgado a cargo del magistrado Luis Rodríguez y en la fiscalía que encabeza Paloma Ochoa, y en el texto de la misma se señala que de los llamados a licitación surge que los bienes a adquirir resultaban necesarios para apoyar las operaciones de las Fuerzas de Seguridad en la cumbre del G-20, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación.

En todos los procesos licitatorios, los funcionarios denunciados habrían consistido que el plazo de entrega de los bienes resultara posterior al 1° de diciembre de 2018, el día en que culminó la Cumbre del G-20, lo que implicó que ninguno de los bienes adquiridos pudiera utilizarse con la finalidad para la que habían sido comprados.

"La entrega de los productos luego de la realización del evento que generó la necesidad de sus adquisiciones traen como lógica conclusión que esas necesidades no fueron satisfechas, que fueron satisfechas con la realización de gastos adicionales o bien que los productos adquiridos no eran necesarios para el desarrollo del evento en cuestión, lo que implicaría que la motivación del acto administrativo resultó falsa", sostuvo la denuncia de la OA

En la denuncia se detalla que las irregularidades se dieron alrededor de la compra de 4 ambulancias, 20 furgones, 475 chalecos antibalas, equipos antiexplosivos, 900 uniformes ignífugos, 2 scanner de vehículos montados sobre un vehículo tipo furgón, 5 camiones hidrantes, sistemas de comunicación y 120 pistolas tácticas, y que el precio pagado por el Estado Nacional superó los 9 millones de dólares.

Entre los denunciados se encuentran el exsecretario de Coordinación, Formación y Carrera del ministerio de Seguridad, Alberto Fernando Fohrig; el exsubsecretario de Gestión Administrativa, Martín Siracusa; y el exsecretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad, Daniel Fihman.

La OA les imputó haber cometido los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional.