Los proyectos en el Honorable Concejo Deliberante para declarar a Concordia, “ciudad Pro-Vida y Pro-Familia, atentan contra el estado de derecho y los derechos fundamentales consagrados en los Convenios Internacionales”, denunciaron a AIM asambleas, colectivos y partidos políticos y organizaciones sociales de la ciudad ribereña.
Ante la avanzada reaccionaria de la derecha peronista, hubo un fuerte rechazo a los proyectos que solicitan la declaración de Concordia “Pro Vida y Pro Familia” según lo requieren los cultos.
Las iniciativas impulsadas por los sectores conservadores, “buscan imponer una visión hegemónica de valores, vida y familia, ya que, como declararon públicamente, se apoyan en el Pacto de San Antonio de Padua, impulsado por la Iglesia Católica al que adhirió el intendente Enrique Cresto en junio de 2016, donde el punto quinto expresa claramente que ‘la familia es fundada sobre el matrimonio, que es un acto libre y fiel de amor entre un hombre y una mujer’”, advirtieron en una carta abierta a la que accedió esta Agencia. En ese sentido, apuntaron que la expresión “no es una simple declaración; es una posición ideológica que intenta borrar los derechos conquistados en este nuevo siglo por los movimientos sociales, de mujeres, feministas y Lgbtttiq, que reconocen la existencia de familias diversas, que van desde las monoparentales a las familias ensambladas, como así también los matrimonios de personas del mismo sexo, e incluso las familias que se constituyen sin obligación de matrimonio”.
Otro punto que sostienen los proyectos, es el del concepto del “niño por nacer” - que se enmarca en el contexto del debate por la despenalización y legalización del aborto- queriendo determinar el inicio de la vida desde sus concepciones morales y religiosas, desconociendo así el derecho de las mujeres a decidir.
“El resto de las fundamentaciones, son obligaciones indelegables del Estado a garantizar la salud, la educación, el trabajo y protección de los más vulnerables, según el art. 14 y 14 Bis, como así también las distintas Leyes que protegen los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y diversidad: Ley Nº 25.673 Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable; la Ley Nº 26.150, Educación Sexual Integral; la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para erradicar la violencia contra la mujer; Ley 26.618 Modificación del Código Civil - Matrimonio Igualitario; Ley 26.743 Idendad de género - entre otras - y tratados internacionales firmados por el país como la Convención Internacional por los Derechos del Niño, Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros”, dijeron.
En ese marco, resaltaron que las normas vigentes, “deben ser cumplidas y reforzadas en su aplicación, con políticas públicas eficaces, sin la intervención de los credos, sin hacer caso omiso a las luchas sociales y a los reclamos colecvos por el reconocimiento de derechos fundamentales en el país”.
“Respetamos la libertad de cultos, pero no vamos a permitir que se le otorgue a la Iglesia Católica ni a ninguna otra religión la elaboración e implementación de políticas públicas, que son de afectación al conjunto de la sociedad, más allá de su credo religioso. Imponer desde el Estado, basadas en imposiciones eclesiáscas, es autoritario, discriminatorio y a todas luces violatorios de los principios del Estado de Derecho”.
El movimiento de mujeres y Lgbt vienen dando peleas inmensas por el reconocimiento de derechos. La relación privilegiada de la Iglesia Católica con el Estado argentino, ha sido un motor fundamental para la negación y el retraso de debates fundamentales para la salud pública y los DDHH, lo que demuestra cada vez más la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado, para tener definitivamente un Estado laico.
Ante ese escenario exigieron que “por respeto a la diversidad y a las libertades fundamentales, el Concejo Deliberante rechace in límine las propuestas y declare a la ciudad Respetuosa de la Diversidad y las libertades consagradas en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos”.
¿Quiénes firmaron el documento?
Firmaron la carta abierta el Colectivo de Géneros; Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travess y Trans; Asamblea Oyentes de Radio Ciudadana; Resisendo con Aguante Concordia; Colectivo de Trabajadorxs de la Educación; Colectivo Militante Oktubre; Colecvo Basqüadé; Partido Nuevo Encuentro; Pardo Comunista Concordia; Asamblea por los Pueblos Libres; Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en Izquierda al Frente; Juntas y a la Izquierda; Alternativa Docente; Agrupación Libre Diversidad; Agrupación Nacional Clasista y Anti burocrática (Ancla); Movimiento sin trabajo “Teresa Vive”; y el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadh); Partido Humanista; y Feministas Humanistas.