La Cámara de Diputados sancionó con fuerza de Ley el Régimen Provincial de Microcréditos para el desarrollo de la economía social, que tiene como objeto la promoción y regulación del microcrédito a fin de estimular el desarrollo integral de los emprendimientos de la Economía Social de la Provincia de Entre Ríos, registró AIM.

La defensa del proyecto la realizó la diputada Carina Ramos, quien precisó que la “política de promoción y fomento de la economía popular constituyen un eje de gestión con gran desarrollo en los últimos años en el país y la provincia”.

En ese sentido, indicó que la norma “se le da marco legal a este sistema, que ya está en marcha en la provincia”, y detalló que permitirá “mecanismos ágiles y transparentes para la creación y ejecución de fondos rotatorios a municipios y organizaciones de la sociedad civil para brindar esta herramienta a emprendedores y emprendedoras”.

Al respecto, la legisladora resaltó que los micocréditos “permiten un proceso de construcción colectiva y brindan un mecanismo de superación, inclusión y acompañamiento a emprendimientos familiares; emprendedores, partiendo de la fuerza propia, la voluntad transformadora y, sobre todo, la organización comunitaria”.

Además, resaltó que “a lo largo de los años la población de emprendedores y emprendedoras creció en la provincia y su composición radica fuertemente en personas excluidas de la banca crediticia tradicional (por falta de garantías formales u exigencias de garantías financieras). Muchos de estos emprendedores se vinculan entre sí y prestan servicios en sus comunidades, generando un circulo virtuoso para la economía local y regional”, y aclaró: “El microcrédito no opera como subsidio, ya que el fondo que tiene este destino es de carácter rotativo entre los emprendedores quienes son los beneficiarios, es decir, el dinero recuperado se vuelve a poner a disposición de otros emprendedores”.

Por su parte la presidenta del bloque opositor, Gracia Jaroslavsky, explicó que si bien se acompañó el proyecto hay dos cuestiones a observar: “Que la Ley deberá ser reglamentada, porque de eso dependerá que sea accesible a las organizaciones sociales; y, por otro lado, en vísperas del tratamiento del proyecto de Ley de Presupuesto, que el gobierno establezca fondos razonables, ay que lo que proyecta es bastante exiguo. Por lo que sería importante que se considere un porcentaje que, realmente, garantice el objetivo de esta extraordinaria herramienta de desarrollo”.