En una contundente respuesta al desfinanciamiento del sistema de salud y al deterioro del hospital Garrahan, la Cámara de Diputados aprobó con dos tercios de los votos una ley que declara la emergencia sanitaria pediátrica y de las residencias médicas nacionales por un año. El proyecto también establece al Garrahan como hospital de referencia nacional en atención de alta complejidad.

La iniciativa obtuvo 159 votos afirmativos, 67 negativos y cuatro abstenciones. La norma, que ahora deberá ser tratada por el Senado, fue impulsada tras casi un año de conflicto entre los trabajadores del Garrahan y el Gobierno nacional, marcado por paros, renuncias masivas y denuncias por salarios congelados y deterioro en la infraestructura hospitalaria.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida demandaría una inversión superior a los 133 mil millones de pesos anuales, monto que el oficialismo utilizó como argumento para votar en contra, bajo el pretexto de “falta de sustento técnico”. En línea con la política de recortes, el presidente Javier Milei ya anticipó su rechazo a cualquier iniciativa que implique mayor inversión pública, aún si se trata de la salud infantil.

Pese a que el oficialismo niega el colapso del Garrahan, la situación es crítica: los residentes nacionales sufren un atraso salarial del 53 por ciento respecto a la inflación, se paralizaron obras fundamentales como la ampliación de la guardia y la sala de trasplante de médula ósea, y se multiplicaron los retrasos en la entrega de medicamentos. El propio hospital ya contabiliza más de 200 médicos renunciados en el marco del conflicto.

La ley busca garantizar el pleno funcionamiento del Garrahan, así como la recomposición salarial inmediata del personal de salud pediátrica, con base en los niveles reales de noviembre de 2023. También se incluye la exención del impuesto a las Ganancias para quienes realicen guardias, tareas críticas u horas extra, en línea con los reclamos del sector.

Asimismo, se deroga la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud que había modificado el régimen de residencias médicas, y se estipula la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, medicamentos, infraestructura y equipamiento.

El proyecto también obliga al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias del Ministerio de Salud, e incluso permite ampliar recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias. Se crea además una comisión de seguimiento con informes públicos trimestrales para evitar nuevas dilaciones.

En paralelo, se establece que todos los programas de salud infantil y adolescente deberán tener prioridad en la ejecución presupuestaria, especialmente en áreas sensibles como neonatología, urgencias, oncología pediátrica, cirugías y trasplantes.

El conflicto, que se originó en septiembre de 2024 con el primer paro de médicos durante la gestión de Milei, tuvo un punto de inflexión cuando el ministro Mario Lugones despidió al Consejo de Administración del hospital por haber otorgado un bono extraordinario al personal. Desde entonces, el deterioro no ha frenado, mientras el oficialismo insiste en negar la emergencia.

La sanción de la ley representa un revés político para el Gobierno nacional, que enfrenta cada vez más resistencias a su ajuste feroz, ahora evidenciado incluso en el corazón del sistema de salud pediátrica del país. La emergencia no es una consigna: es el resultado de una política de desfinanciamiento sistemático que pone en riesgo la salud y el futuro de millones de niños y niñas en Argentina.