La Cámara de Diputados nacional se prepara para una semana cargada de reuniones y sesiones, pedidas por el oficialismo, pero también con temarios de la oposición. Por su parte, el Senado tendría su cónclave el próximo 15 de agosto para la movilidad jubilatoria, informaron a AIM fuentes parlamentarias.
Caída la sesión especial pedida por el oficialismo el miércoles 7 de agosto, el oficialismo insiste con el mismo temario. Pero antes de que lo hiciera, un sector de la oposición se adelantó para pedir una sesión especial para tratar tan solo el DNU 656/24 que dispuso el otorgamiento de 100 mil millones de pesos en concepto de gastos reservados para la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado. La actividad está prevista para el jueves 15 de agosto.
Además, Encuentro Federal, el oficialismo y sus aliados del PRO pidieron una sesión especial para el miércoles 14, con el mismo temario del 7 de agosto, más el proyecto que declara a la educación servicio esencial.
Más allá de eso, el radicalismo también convocó a una sesión para este miércoles, a las 14, para tratar el tema del presupuesto universitario.
Qué pasa en el Senado
Según pudo saber AIM, la Presidencia del Senado convocaría para el próximo jueves 15 de agosto a una sesión especial, en la que accedería a tratar nada menos que la movilidad jubilatoria
Tras una extensa discusión lo que terminó resolviéndose fue que movilidad jubilatoria se tratara en la próxima sesión, pero cuando tuviera dictamen.
El dictamen ya está, por lo que, para cumplir con los acuerdos, si se convoca a sesionar este jueves, movilidad jubilatoria deberá estar sí o sí en el temario.
El dictamen se consiguió el último jueves 7 de agosto, siendo el de mayoría el de Unión por la Patria, que ratifica la media sanción de Diputados. Ese dictamen contó con las firmas de los miembros de UP, más los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco (en disidencia parcial), y el santacruceño José María Carambia.
La media sanción de Diputados fue aprobada por 160 votos a favor, 72 en contra y ocho abstenciones, y establece un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia y suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50 por ciento por variación salarial (Ripte). A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total. La iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1 por ciento para recuperar los ingresos de la clase pasiva y el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.
El dictamen de minoría es el del oficialismo, y propone modificaciones a lo aprobado en Diputados, tales como la eliminación de los artículos 2, 4 y 10 (la garantía del piso del haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total; el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales). También que se apliquen las actualizaciones, luego de la sanción de la ley, no de forma retroactiva desde abril. Además, la recomposición del 8,1 por ciento y la actualización por inflación.
Además, las autoridades del Senado estarían analizando qué otras iniciativas podrían incorporarse al temario. Es casi seguro que se avanzará con una declaración sobre Venezuela, conforme el dictamen alcanzado en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, donde se expresa “su firme y enérgico repudio al fraude perpetrado en las elecciones del 28 de julio pasado en la República Bolivariana de Venezuela en el que se inhabilitaron y se persiguieron a candidatos opositores e imposibilitaron a ciudadanos de otros países a ingresar en dicho país para acompañar el proceso electoral, deportándolos”.
Otro tema que está listo para ser incorporado al temario es el proyecto que aumenta las penas de tráfico de menores. En la sesión del 4 de julio se aprobó ese tema en general, por unanimidad (63 votos), pero volvió a comisión por la redacción del artículo 139 bis que establece dejar exento de pena a los progenitores. El pasado 1 de agosto se firmó dictamen para que el proyecto vuelva a comisión, luego de que se modificaran los artículos 139, 139 bis y 139 ter. La redacción acordada entre el oficialismo y los dialoguistas proponía “penas de 4 a 10 años de prisión a quienes entreguen un menor mediando o no precio”, y la misma sanción a quienes actúen como “facilitadores e intermediarios”.
Asimismo, establecía “5 a 15 años” en casos de que el delito sea cometido por funcionarios públicos y/o profesionales. Sin embargo, la senadora riojana Florencia López (UP) cuestionó que en la previa a la reunión de la comisión que preside el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), “habíamos debatido que el 139 bis impondrá penas de 5 a 15 años a quien reciba y entregue a menores de edad”.