La práctica educativa es una herramienta fundamental para la conquista de la libertad, no para ascender de clase; es un derecho, que la burguesía universalizó y que la revolución conservadora tornó en un bien de uso y cambio, en una mercancía, síntoma de una lógica que terceriza las obligaciones del Estado. Las consecuencias de estas políticas maquinadas por las clases dominantes refuerzan la falsa conciencia y sostienen el status quo.
El problema es la práctica educativa y su mercantilización es un tema hodierno que los gobiernos prefieren omitir, ya que las gestiones pasan y la idea de la educación como un objeto de intercambio se profundiza y debilita diariamente el derecho a la educación pública, laica, gratuita y obligatoria.
El injusto financiamiento de las mal denominadas “escuelas públicas de gestión privada” por parte de los gobiernos se sostiene e incrementa en Entre Ríos con el silencio de los gremios.
Es que en la provincia el gobierno destina gran parte de su presupuesto educativo a lo que los funcionarios mal llamaron escuelas ‘públicas de gestión privada’; hablar de público de gestión privado es un trabalenguas y hay que recusarlo de entrada: o la institución es pública o es privada. Sin embargo, la discusión en la provincia fue clausurada (en 2016) tanto en la Cámara de Diputados como en los sindicatos, cuando se presentó un anteproyecto que buscaba estatizar las escuelas de gestión privada y obligar a los funcionarios públicos a que sus hijos asistan a las escuelas públicas. La iniciativa cayó tras una reunión del gobernador Gustavo Bordet con obispos de la Iglesia Católica, quienes lograron voltear el anteproyecto de Ley que fue destruido en la esfera pública por los medios güelfos y los políticos de turno.
Así, el gobierno sostiene la inmoralidad de que el Estado sigue destinando fondos de los contribuyentes a una formación confesional, donde valores morales y verdades confesionales (que solamente son válidos para algunos pero no para todos) son socializados en instituciones a niños y jóvenes destruyendo el programa republicano de la educación y retrotrayendo a un mundo premoderno, que es el mundo donde no se cree que exista la igualdad.
Además, que el gobierno fije recursos para financiar una desigualdad no responde a un programa igualitario, sino que es producto de una lógica que falsea la realidad sosteniendo el prejuicio del ascenso social con una formación diferenciada en escuelas privadas.
Giro negativo en la historia
Lo que pasa en Entre Ríos no es producto del azar, sino que es parte del proceso de globalización, donde el capitalismo de la mano de sus socios transitorios (religiones, corporaciones y políticos) pulveriza lo público, más allá de que tras la pandemia se observó que fueron los Estados nacionales los que salvaron la humanidad y el sistema.
Es que históricamente hubo un giro negativo en la concepción de la educación: la revolución burguesa transformó la educación en un derecho universal (porque todas las personas eran consideradas en igualdad de condiciones de participar en el gobierno y, sobre todo, en la confección de las Leyes); pero a partir de lo que se podría denominar categorialmente “la revolución conservadora”, que otros dicen ‘políticas neoliberales’, se observa un hecho completamente difundido donde la educación volvió a ser un privilegio pero, en este contexto, económico.
Los hombres y mujeres de comienzos del siglo XXI estamos en una nueva bisagra en la dialéctica de la historia, ya que presenciamos la ‘revolución conservadora’ que se podría fechar como el cambio histórico que se produce cuando líderes como Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Helmut Kohl, antecedidos por la revolución que se produjo en la Iglesia Católica con el papado de Karol Wojty?a dieron inicio a la privatización de los derechos, es decir, se transforman los derechos en mercancías.
Por: Renzo Righelato, director periodístico AIM.