El Poder Ejecutivo promulgó y publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 11300, que fija qué fallos del Superior Tribunal de Justicia pueden derogar con efecto general una norma declarada inconstitucional, confirmó AIM. Fue sancionada en el Senado en medio de la polémica por la reforma jubilatoria.

El Poder Ejecutivo de Entre Ríos promulgó la Ley N° 11300, que reglamenta el último párrafo del artículo 60 de la Constitución provincial y establece qué sentencias del Superior Tribunal de Justicia (STJ) pueden habilitar la derogación general de una norma declarada inconstitucional. La norma fue publicada este jueves 13 de agosto en el Boletín Oficial, tras haber sido sancionada por el Senado el martes 11, con 9 votos a favor y cinco en contra.

El texto fija que el efecto derogatorio previsto en el artículo 60 —por el cual una ley, decreto, ordenanza o resolución de carácter general queda sin vigencia cuando el STJ declaró tres veces su inconstitucionalidad— solo podrá activarse con sentencias firmes dictadas por el Tribunal en pleno, en acciones de inconstitucionalidad. Quedan afuera las resoluciones de las Salas del STJ, las declaraciones de oficio y los fallos dictados en procesos de amparo.

Además, la Ley exige que las tres sentencias recaigan sobre el mismo artículo cuestionado y coincidan en el vicio constitucional señalado. La derogación se limitará "a la parte específicamente afectada por el vicio constitucional declarado".

El contexto: la reforma previsional
La sanción se dio apenas semanas después de aprobada la reforma jubilatoria provincial, en un escenario donde distintos sectores del Poder Judicial ya habían planteado dudas sobre su constitucionalidad. La Asociación de la Magistratura había advertido en abril sobre "posibles consecuencias jurídicas" de la reforma, y en junio su presidente, Alejandro Cánepa, pidió eliminar uno de los artículos por considerar "obvia su inconstitucionalidad".

Esa secuencia alimentó el cuestionamiento de la oposición durante el debate en el recinto: el senador Juan Pablo Cosso (Más para Entre Ríos) sostuvo que la exclusión del amparo —vía habitual para plantear inconstitucionalidad— constituye "una manera sutil de blindar la ley de reforma previsional". En el mismo sentido se expresó el senador Víctor Sanzberro, para quien la reglamentación puede volver "difícilmente aplicable" el mecanismo constitucional.

Desde el oficialismo, el senador Jaime Benedetti (Juntos por Entre Ríos) defendió la iniciativa como una forma de aportar "seguridad, certeza jurídica y razonabilidad" al procedimiento, y remarcó que el registro y la publicidad de las sentencias que prevé la ley "garantiza la transparencia que tanto exige la sociedad".