Los diputados de la Alianza Juntos por Entre Ríos trabajan para aprobar este martes el proyecto de Ley que creará Agencia de Administración de Bienes Inmuebles de Entre Ríos (Aabiper). La norma delegará facultades de la Legislatura al Ejecutivo y se autoriza al gobierno a hacer los contratos de alquiler que considere necesarios, disponer de los bienes que no tienen asignación específica, celebrar todo tipo de contratos, llevar adelante proyectos urbanísticos y habilitaría la venta de miles de hectáreas de humedales que hoy cuentan con una protección especial garantizada por la Constitución provincial, informaron a AIM.
Autoridades de la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados buscarán darle despacho de comisión y llevar al recinto la creación de la Aabiper. El objetivo del oficialismo es que la norma salga con el apoyo de bloques minoritarios, ya que el justicialismo rechazaría el proyecto de Ley, ya que consideran que las facultades que tendría la agencia “incluyen la de disponer de bienes del Estado (artículo 16°), lo que de acuerdo con la Constitución provincial requiere de autorización legislativa y no se exponen razones válidas para que los legisladores deleguen en funcionarios del Ejecutivo esa facultad”.
Además, fuentes cercanas a Más para Entre Ríos advirtieron a esta Agencia que el nuevo organismo “podrá, por ejemplo, hacer los contratos de alquiler que considere necesarios, disponer de los bienes que no tienen asignación específica, celebrar todo tipo de contratos, llevar adelante proyectos urbanísticos, y además se pretende que el Poder Legislativo renuncie a su rol”, y destacaron que “no existen antecedentes de dificultades o problemas originados en lo previsto por la Constitución provincial”.
Asimismo, apuntaron que el texto no específica que estén salvaguardadas las áreas protegidas: “De hecho, desde organizaciones ambientales, se advirtió durante julio que el proyecto podría ‘habilitar la venta de miles de hectáreas de humedales que hoy cuentan con una protección especial garantizada por la Constitución provincial’”.
Por otro lado, dijeron que el proyecto de la agencia “tampoco considera el impacto social y ambiental y no dice cómo se previene que estas acciones no afecten al ambiente o a poblaciones vulnerables y tampoco incluye mecanismos de participación ciudadana vinculados a la toma de decisiones”.