Las comunidades que integran el Pueblo Nación Charrúa promueven debates pendientes en Entre Ríos en el marco de un año electoral. Reclaman el derecho a la educación bilingüe e intercultural; acciones ambientales y culturales en los sitios comunitarios; participación de las comunidades en los museos; cupos de vivienda; y el reconocimiento estatal de actividades de conmemoración y sitios de memorias vivas, contaron a AIM.

El Pueblo Charrúa busca articular con los gobiernos locales estrategias para imponer una agenda provincial que responda a los reclamos históricos de los pueblos originarios en Entre Ríos. En ese marco, el integrante del Consejo de Participación Indígena (CPI) y del Consejo de Coordinación Indígena (CCI) Héctor Santomil y el representante del Concejo de Participación Indígena (CPI) Mesa Nacional, Sergio Gauto, recorrieron las comunidades Charrúas de Villaguay, Federal y Maciá e irán a Concordia, Chajarí, Paraná, Feliciano y otras localidades, con la idea de reunirse con intendentes para establecer una mesa de diálogo institucional, procurando la consulta y participación.

El primer encuentro lo tuvo Santomil con la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, que tuvo como objetivo “establecer una mesa de diálogo institucional, entrega de documento, carta de presentación e ideas para llevar a cabo políticas públicas de pueblos originarios en base a la consulta previa libre e informada que rige en las constituciones nacional y provincial”, informaron a esta Agencia.

Entre las propuestas “se promueve trabajar y concientizar sobre lo que significa el racismo estructural, las discriminaciones, producto del avasallamiento a los pueblos milenarios y otros temas como cultura, educación, salud ambiente”.

La idea es que el petitorio se entregará en las ciudades donde hay comunidades del Pueblo Nación Charrúa y sea parte de la agenda provincial que se debatirá en el año electoral.
El objetivo “es el reconocimiento a los pueblos originarios del derecho a una educación bilingüe e intercultural, a sus conocimientos ancestrales y producciones culturales, a participar en la protección, preservación y recuperación de los recursos naturales vinculados a su entorno y subsistencia, a su elevación socio-económica con planes adecuados y al efectivo respeto por sus tradiciones, creencias y formas de vida”.
Además se plantean necesidades básicas como conectividad; insumos para el trabajo rural; movilidad; acceso al trabajo y a programas nacionales y provinciales; atención a las necesidades básicas (salud, educación intercultural, tierra, techo y trabajo); y lograr tener acceso a programas sociales.
Por otro lado, la propuesta a los municipios y a la provincia, “es que se cree un área o dirección de interculturalidad y pueblos originarios, tal como existen en otras provincias”, ya que “los trabajos, desde éste lugar, podrá satisfacer acciones relacionada a la participación de las políticas Indígena articulando con distintas áreas como educación, salud, cultura, derechos humanos y ambiente”.

Derecho constitucional
Cabe recordar que la Constitución de Entre Ríos reconoce en su artículo 33 “la preexistencia étnica y cultural de sus pueblos originarios”. En ese marco “asegura el respeto a su identidad, la recuperación y conservación de su patrimonio y herencia cultural, la personería de sus comunidades y la propiedad comunitaria inmediata de la tierra que tradicionalmente ocupan. La ley dispondrá la entrega de otras, aptas y suficientes para su desarrollo humano, que serán adjudicadas como reparación histórica en forma gratuita. Serán, indivisibles e intransferibles a terceros”.