El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos deberá resolver si el Gobierno provincial tendrá la obligación de publicar la lista de funcionarios públicos vacunados contra el coronavirus, tras la apelación presentada por el Ejecutivo local a un fallo de la Cámara de Casación Penal de Paraná que hizo lugar a un amparo presentado por legisladores de Juntos por el Cambio.

El Gobierno de Entre Ríos apeló ayer la decisión judicial, tras una presentación de legisladores opositores, que ordenaba difundir la lista de funcionarios públicos provinciales vacunados contra la Covid-19 en un plazo de 5 días, por lo que, ahora, el caso quedó en manos del máximo tribunal, detalló hoy el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Once diputados provinciales de Juntos por el Cambio solicitaron la información en la mesa de entradas de Gobernación el 31 de marzo pasado; y ante la falta de respuesta, presentaron una demanda de amparo en la Cámara de Casación Penal de Paraná, que dio lugar esta semana el vocal Hugo Perotti.

Días atrás, el gobernador Gustavo Bordet aseguró que solo se inmunizó "a personas estratégicas para la toma de decisiones en el medio de la pandemia" y que "no se vacunó a nadie por amistad o parentesco".

Perotti pidió que el Gobierno provincial "provea la información pública solicitada y no evacuada", detallando quiénes fueron vacunados como "personal estratégico, la fecha, y especificación de la tarea que mereciera haber sido incluidos en el listado".

Los legisladores destacaron la decisión y, en un comunicado, remarcaron "la responsabilidad del Gobierno de explicar las razones por las cuales funcionarios tuvieron la posibilidad de acceder a una vacuna de manera discrecional".

El recurso de amparo fue presentado por los diputados provinciales Ayelén Acosta, Esteban Vitor, Gracia Jaroslavsky, Eduardo Solari, Juan Domingo Zacarías, Gustavo Cusinato, Julián Maneiro, Sara Foletto, Uriel Brupacher, Nicolás Mattiauda y Lucía Varisco.


La demanda de los diputados "formula un juzgamiento, no es una petición neutra, sino que carga de una imputación, de un obrar irregular por parte de la administración, cosa que no se puede consentir", dijo hoy el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

En diálogo con Radio De la Plaza de Paraná, el fiscal aclaró que la apelación y respuesta "es en término jurídicos y no políticos", y que el Tribunal Superior de Justicia resolverá "en una semana y lo que se decida, hará la provincia".