Con la promulgación y publicación de la Ley 10806, el gobierno dio el último paso para poner en marcha “el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en Entre Ríos”, confirmó AIM. La iniciativa es cuestionada por los sindicatos que la calificaron como un “brutal ajuste sobre los trabajadores”, ya que modificaría  el 82 por ciento móvil al aumentar las cargas sobre salarios y congela paritarias en todos los estamentos del Estado.

En el Boletín Oficial de este 8 de julio (26.925/124-20) se publicó la Ley 10806 que grava al sector financiero, farmacéutico y a productores con más de mil hectáreas; sujeta los salarios de trabajadores judiciales y de entes descentralizados y autárquicos a los aumentos que acuerde el Ejecutivo con el resto de las reparticiones; y aumenta los aportes de trabajadores activos y jubilados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Precisamente, el texto establece hasta el 30 de junio de 2021 (prorrogable por 180)  la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de la provincia, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado y la normal prestación de los servicios públicos”.

Mediante esta norma, el gobierno quiere “asegurar el cumplimiento de funciones inherentes a la Administración consistente en el sostenimiento y fortalecimiento de los sistemas de salud, seguridad, los servicios públicos esenciales y el cumplimiento de las obligaciones del Estado de acuerdo al principio de equilibrio presupuestario”

En ese marco, busca “procurar a nivel impositivo, un esfuerzo colectivo, en base a la capacidad contributiva en orden a superar la crisis económica imperante en el ámbito provincial” y “fortalecer el carácter solidario, proporcional y equitativo del régimen previsional con la finalidad de asegurar la sustentabilidad del sistema”.

Para cumplir con las metas de la Ley, la Legislatura autorizó al Ejecutivo a generar impuestos para los bancos, terratenientes de 1.000 hectáreas, farmacéuticas y, sobre todo, a congelar los regímenes especiales de trabajadores públicos, aumentar los aportes personales de trabajadores públicos a la Caja de Jubilaciones y poner en marcha un descuento a los haberes de jubilados provinciales que ganan más de 75000 pesos, para sustentar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

 

La resistencia al ajuste recién comienza

Cabe recordar que todos los gremios de Entre Ríos expresaron su oposición y rechazo a la Ley impulsada por el gobernador  Gustavo Bordet, ya que la calificaron como un “brutal ajuste sobre la clase trabajadora”, por lo que se declararon en estado de alerta y movilización y pusieron en marcha un plan de acción que se profundizaría con la salida del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo)

Cabe recordar que la secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná, Susana Cogno, aseguró a AIM que la norma se hizo “para ajustar al salario de los trabajadores, modifica la Ley de jubilaciones, deja sin efecto el 82 por ciento móvil y atenta contra derechos consagrados que construimos a lo largo de muchísimos años los entrerrianos”,  e indicó que con la promulgación de la norma “el conflicto recién comienza, de ninguna manera aquí se termina. Esta pandemia pasará y seremos miles en la calle expresando nuestro descontento”.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, dijo que  “esto no es una Ley de solidaridad sino ajuste al pueblo trabajador; a los activos y jubilados. Las Leyes de (Mauricio) Macri eran de ajuste y esto ¿qué es? Están en la misma sintonía. ¿Por qué tenemos que decir que son diferentes? Bordet ajusta al pueblo de una forma atroz. No se anima con los poderosos y nuevamente va por los trabajadores y trabajadoras”.

“Nuevamente vinieron por nosotros, por lo que tomamos la definición plena de que vamos a seguir luchando y transitando la calle todas las veces que sea necesario: no vamos a aflojar. Les advertimos que la pandemia terminará y ganaremos las calles y, ahí, cuando el pueblo entero esté movilizado, entenderán por qué no tienen que seguir ajustando sobre los trabajadores”, aseguró Muntes.

La presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Juana Ávalos, lamentó la sanción de la Ley: “Da rabia esta injusticia. Genera mucha bronca que te saquen lo que lograste con tantos años  de sacrificio, es decir, esta Ley es un avance contra todo el movimiento obrero de la provincia porque vulnera el 82 por ciento móvil”.