En el marco de un plenario de las comisiones de Comercio y de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados, invitados del sector plantearon “la grave situación” que atraviesan con motivo de la inflación y la demora en los pagos, que está generando el cierre de numerosas PyMEs. En ese sentido, reclaman cambios en la legislación de tarjetas de crédito.

En el marco de un plenario de las comisiones de Comercio y de Defensa del Consumidor, se analizó la grave situación que atraviesan las estaciones de servicio, con la presencia de representantes del sector. La situación, calificada como “gravísima” por el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), Vicente Impieri, está relacionada con el mecanismo de pagos del sector, basado en las tarjetas.

Por eso es que se reclamaron cambios en los plazos de pago y las comisiones que cobran las empresas de tarjetas, lo que figura en un proyecto de la diputada nacional Victoria Tejeda (Evolución Radical-Santa Fe) sobre el cual se propuso trabajar para buscar una solución.

En el inicio de la reunión, la presidenta de la Comisión de Comercio, Gabriela Lena, admitió la baja presencia de diputados en el encuentro, que atribuyó a las elecciones que se realizarán en los próximos dos domingos, aunque hizo hincapié en lamentar la ausencia de representantes del oficialismo. Con todo, el número de diputados presentes no excedía la decena. Tampoco estuvo presente el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, el cordobés Víctor Hugo Romero.

Por parte de los invitados, Vicente Impieri, se apoyó en una serie de filminas que sirvieron para exponer la composición del sector. Allí se pudo ver que hay en la Argentina 5.270 estaciones de servicio, de las cuales 1.606 pertenecen a YPF; 1.002 son blancas; 843 a Shell; 582 son de GNC; 566 de Axion; 336 de Puma; 156 de Dapsa; 88 de Gulf; 77 de Refinor y 21 son bocas de Voy.

“Las petroleras solo tienen entre un 7 y 8 por ciento en cantidad de bocas. El 90 por ciento somos nosotros que estamos acá como PyMEs”, precisó el titular de CECHA, que a continuación detalló la composición del precio de venta al público: al costo de la compra corresponde un 52 por ciento del valor; impuestos nacionales se lleva un 34 por ciento; los impuestos provinciales un 3 por ciento y los municipales el 1 por ciento. De ahí que el margen bruto que corresponde a las estaciones de servicio ascienda apenas al 10 por ciento.

El arancel y el plazo más altos

En cuanto a la participación estimada en el mercado, el 40 por ciento de los pagos se hace a través de tarjetas de crédito y solo el 20 por ciento en efectivo. A Mercado Pago y otros mecanismos de venta corresponde otro 20 por ciento y a las tarjetas de débito el 20 por ciento. Al respecto, Impieri aclaró que el cuadro no estaba actualizado, pues el pago en tarjetas de crédito viene subiendo, en detrimento del efectivo, que “hace unos años tenía una participación muchísimo mayor”, aseguró.

Luego llegó a los plazos de acreditación, eje principal del conflicto. Y lo hizo presentando un cuadro comparativo con otros países. En la Argentina asciende a los 16 días, mientras que en Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú es de apenas 2 días; en Costa Rica y España uno; y en Colombia 3. Y en cuanto a los aranceles, mientras el de Argentina es de 1,30 por ciento, en Chile por ejemplo es de 0,78 por ciento, o Colombia el 0,05 por ciento.

En el gráfico no figuraba Brasil, y al respecto aclaró Impieri que era porque el país más grande de la región tiene un régimen especial, en el que está la posibilidad de trasladar a los precios los costos financieros, y quisieron poner en el cuadro países que están en las mismas condiciones.

“Argentina tiene el arancel más alto y el plazo de acreditación es largamente superior a todos. Con el agravante del contexto inflacionario, comparando con países que tienen economías estabilizadas”, citó el titular de Cecha, que resumió: “Esto nos está erosionando en forma sistemática todos los meses nuestro capital de trabajo”, a lo que atribuyó el cierre durante el último año de más de 40 estaciones de servicio.

Vicente Impieri admitió que desde 1985 siempre ellos han tenido un régimen especial, “porque el nuestro es un sector con mucha rotación, pero baja rentabilidad. Estamos en un mercado donde los precios son controlados. Si bien en los 90 se desreguló, nosotros seguimos intervenidos con los precios y no somos formadores de precios, como sí son las petroleras”.

El empresario sostuvo que “el tema de la financiación de las tarjetas nos está erosionando todo el capital de trabajo que tenemos”. Y cerró: “Queremos un pie de igualdad con todos, que no supere el 0,5 por ciento de arancel y los dos o tres días de acreditación de las tarjetas”.
Una situación “escandalosa”

A continuación, expuso Isabelino Rodríguez, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Mendoza y secretario de Cecha, quien calificó de “escandalosa” la situación que se da en la Argentina, donde “el promedio real en el que una PyME percibe el dinero de una operación con tarjeta de crédito es de 16 días”, al compararlo con cualquier país de Latinoamérica. “Más teniendo en cuenta el proceso inflacionario”, y sumó: “Nosotros pagamos de contado al camión que deja el combustible, y eso genera un descalce financiero que no merece mayores comentarios”.

“Tenemos que el precio del combustible lo determinan las petroleras -agregó-. Nuestra rentabilidad bruta está determinada por los contratos. Somos prisioneros de dos puntas, eso hace que la operatoria de la tarjeta genere una implosión en nuestros negocios. Si vendemos 50.000 pesos en tarjetas de crédito, tomando el arancel que se nos aplica, impuestos, retenciones… el margen neto por operar con tarjeta de crédito es de 1.449,90 pesos. El margen neto es del 2,90 por ciento”.

Rodríguez calificó a las tarjetas como un “socio silencioso” y comparó la actividad con la de cualquier otro comercio minorista que “tiene la posibilidad de remarcar el precio”.

A su turno, la contadora Adriana Sors, presidenta de la Cámara de Expendedores de la provincia de Entre Ríos y directiva de Cecha, sostuvo que “necesitamos leyes y estructuras normativas que nos acompañen en esta situación tan grave que estamos atravesando”. Resaltó que el sector está compuesto en su mayoría por “economías familiares, que se sostienen porque vienen de muchos años, que están en su traspaso generacional y que han pasado diferentes situaciones coyunturales, con mayor o menor acompañamiento. Hoy necesitamos esta ley que estamos solicitando”.

“Nuestro margen neto bruto de un 10 por ciento, con los descuentos del arancel e impositivos, nos queda un neto de 2,9 por ciento y hay que sumarle el componente inflacionario. Si tuviéramos un país más previsible, no sería tan grave”, sostuvo. Aclaró que “creemos que las tarjetas aportan un componente positivo, son una realidad necesaria. El incremento del uso del plástico va en aumento y también contribuye a la seguridad de la estación de servicio, porque cuanto menos efectivo se tenga es mejor. Queremos que esto vaya en incremento, pero en términos que podamos sostener. Si nos queda un 2,9 neto, a una inflación del 7,5 por ciento, ya estamos en contra. Sin contar los días de plazo”.

Marcelo Herrero, vicepresidente de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior y directivo de Cecha, resaltó la razón que terminó dándoles la justicia, al hacer referencia al fallo del Juzgado Nacional Comercial N° 8, a cargo de Javier Cosentino, ante un planteo iniciado por las estaciones de servicio de la provincia de Santa Fe. El fallo, de octubre de 2022, dispuso la adecuación de los contratos celebrados entre estaciones de servicio, reduciendo la comisión al 0,5 por ciento y estableciendo la obligación de cancelar a las estaciones dentro de los tres días hábiles de efectuada la venta.

“Claramente ningún comercio puede hacerse cargo de los aumentos y los trasladan al público”, observó Herrero, que aclaró que “nosotros no pedimos esto, sino que se haga justicia y tener el apoyo de ustedes para que esto pueda avanzar”.

A la hora de las preguntas, y ante una consulta del diputado Pablo Tonelli, José Guillermo Lego, apoderado de Cecha comentó respecto del pago de las operaciones con tarjetas de débito estaban tardando de 24 a 72 horas, “lo cual es vergonzoso”, porque de inmediato al cliente se le debita el importe de su cuenta corriente. Respecto de Mercado Pago, Lego comentó que no están estimulando demasiado el uso de ese mecanismo de pago, porque “nos están devolviendo el dinero a 20 días. Y lo bajaron, porque antes era a 28 días”.

Graficó la situación señalando que hay muchas estaciones de servicio que están dejando de operar con tarjetas y planteó que “si vendo la mitad del producto en efectivo, me da lo mismo que vender el 100 por ciento con este sistema”.

“Es una vergüenza que en un país con tanta inflación nos vengan con una bicicleta de pagar a los 16 días. Las estaciones de servicio que tienen la asistencia de una marca pueden zafar; pero las ‘blancas’ cada vez son más afectaas”, señaló Lego.

Isabelino destacó que el proyecto impulsado por la diputada Tejeda “adecua legislativamente lo que la justicia ha dictaminado en forma objetiva”.

El diputado Alejandro Cacace recordó una reunión informativa que se realizó en el año 2020, donde se trató un proyecto del diputado Carlos Ponce. “En ese momento vinieron los bancos y el planteo de ellos era la imposibilidad técnica de hacer la acreditación inmediata. En el caso de las tarjetas de crédito demoran entre 24 y 72 horas, pero no era un tema operativo, sino de financiación. El dinero tiene un valor según el tiempo en que se dispone. La plata no vale lo mismo si me la dan hoy, que dentro de 15 días”, comentó el legislador puntano.

Recordó que hay una disposición en la Ley de Tarjetas de Crédito que establece que no debe haber diferencia entre el pago en efectivo y el precio por tarjeta, “pero en la práctica eso es incumplible. En la práctica la ley no se cumple, en cualquier comercio pasa. Simplemente porque el valor del dinero no es el mismo”.

Aclaró también que lo que los bancos señalan también es que no soportan un financiamiento del cliente desde el consumo al pago con tarjeta. “Esto es lo que tenemos que ver cómo resolver. Veo que jurídicamente hay que atenderlo por dos canales: por un lado, el tope de aranceles, que requiere una reforma de la ley, y el tema plazos, que está regulado por el Banco Central”, señaló, reiterando que “esto es lo que tenemos que discutir. Entiendo claramente la posición de ustedes, pero veo a su vez que están los otros planteos que hay que congeniar de alguna manera”. Pero sintetizó: “No cabe duda que el problema es la inflación”.