Las herramientas punitivas en todas las provincias de la Argentina hacia los trabajadores públicos se incrementan para implementar el recorte que el Gobierno nacional exige a los gobernadores, afirmó a AIM el secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, quien advirtió que “a quienes no pueden contener los reprimen”.
La represión en Chacho del gobierno kirchnerista a trabajadores públicos, las medidas punitivas que toma la gobernadora María Eugenia Vidal en Buenos Aires y los límites a asambleas y descuentos promovidos por el gobernador peronista de Entre Ríos Gustavo Bordet “tienen el mismo fin de ser cómplices al Gobierno nacional (de Mauricio Macri) en el plan de ajuste sobre la administración pública, para avanzar en un plan de tercerización de servicios y recortes de derechos”, dijo a esta Agencia Muntes.
El Gobierno nacional “dispone de herramientas para aplicar el ajuste y cómplices para hacerlo efectivo en las provincias”, dijo Muntes, quien ilustró: “No es ajeno lo que pasó y pasa en Río Turbio (Santa Cruz); los despidos y vaciamiento en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti); los despidos y la represión en el hospital Pasadas y ahora lo que está pasando en Chaco. Esto demuestra la definición clara del Gobierno nacional de reprimir a todos los que se opongan a las políticas de ajuste y necesitaban a los gobernadores quienes ahora cumplen al píe de la letra el ajuste y la represión”.
“Acá no hay banderías políticas (tanto los gobernadores de Cambiemos como los justicialistas o kirchneristas) tienen un claro mensaje: ‘en el caso de que no se agache la cabeza habrá represión’”, apuntó el gremialista.
En ese marco, expresó su solidaridad con los trabajadores de Chaco y apuntó: “Lo que ocurrió deja en evidencia el doble discurso de dirigentes del peronismo, ya que hace unos días vino Jorge Capitanich y dijo que el Gobierno de Chaco encabezado por Oscar Domingo Peppo tenía una realidad diferente y ahora sabemos que tiene las mismas políticas que el Gobierno nacional”.
Al respecto, agregó que en Entre Ríos también se está alerta, ya que “no está lejos de estas políticas, no es casual la reafirmación del Decreto que impide las asambleas y la situación de los contratados de obras, quienes no perciben salarios desde enero y a la hora de reclamar son amenazados que van a ser despedidos”.
“Todo tiene que ver con esta cadena de represión e intimidación hacia los trabajadores”, aseguró.