Con la reforma judicial pendiente y sin definiciones sobre los cambios en la Procuración General, el gobierno nacional, en pleno uso del posmodernismo de Ernesto Laclau, que no tiene mucha estima por ninguna forma estatal del pasado, avanza en su propósito de copar la justicia por diversos medios en un juego orquestado que poco a poco va dando resultados, aunque no sean republicanos, representativos ni federales.

Para plasmar las reformas que necesita con miras a establecer un cesarismo, un poder hegemónico que no se discuta ni acepte otra cosa que el alineamiento incondicional, el poder centrado en el puerto de Buenos Aires usa las voluntades que tiene sometidas, como la de varios gobernadores alineados sin condiciones y legisladores que debieran responder al pueblo que los votó.

En 2007 el entonces presidente Néstor Kirchner firmó un decreto permitiendo a Clarín unir en un solo grupo a las dos grandes empresas de cable que había en la Argentina. Luego, cuando llegó el momento del desacuerdo, el gobierno tronó y truena contra el monopolio que antes había favorecido en silencio.

La idea de "democratizar" la justicia que estuvo en boga hasta hace poco y que ahora parece relegada era meter la política en un ámbito que, por naturaleza, debe defender el derecho individual contra el Estado y contra cualquier mayoría, pero los conceptos de Laclau no admiten derechos de minorías.

El Poder Judicial debe fallar a favor del que tenga razón según la ley, aunque tenga contra él a todos los demás habitantes el país. No es propiamente un concepto democrático en el sentido de que no se atiene al criterio de la mayoría, pero preserva el derecho por encima del número y eso es demasiado para el kirchnerismo, que usaba el 54 por ciento que luego perdió como si fuera la “razón y justicia” que la Constitución atribuye a Dios y no a la cantidad.

Se trata de establecer una especie de poder único, propio del cesarismo, que ya fue denunciado por Alberdi cuando estudió las constituciones americanas para criticar con dureza algunas como la del Paraguay de su época, que no reconocía independencia a la justicia.

La justicia no depende del voto, porque debe dar la razón a quien no tenga ninguna representación política ni haya buscado nunca votos, o aunque los haya buscado y no los haya conseguido. Es la garantía del individuo contra el poder, contra el interés general, contra el Estado.
Lo que está en juego es mucho y muy serio, no se debe tomar en broma porque los jueces deben tener en cuenta qué intereses afectan antes de decidir, porque arriesgan ser desalojados por el Consejo de la Magistratura donde está representada la mayoría por el voto.

La democratización de la justicia más en serio está representada como en los Estados Unidos por legos que pueden fallar en los casos penales, aunque la última palabra la tiene el juez letrado.

La idea de “ninguna imposición sin legislación” dio origen hace 1000 años en Inglaterra a la ley arrancada al rey Juan sin Tierra y abrió la representación parlamentaria con participación de las minorías. La idea de que cada uno conserva su propio derecho y puede reclamar ante los jueces cualquiera sea la opinión de sus vecinos o del poder político es la base de la justicia independiente.

Lo demás, por ejemplo la idolatría del Estado y de sus conductores depositarios del poder público y del “espíritu de la Nación” ante el que el individuo no es nada, es fascismo, regreso a formas solapadas de monarquía, negación de la república. La Argentina es republicana, representativa y federal, según la Constitución.

No es federal desde que las provincias no disponen de sus recursos y están hoy más avasalladas que nunca por el poder central y los gobernadores deben mendigar en Buenos Aires.

Representativa no es porque el poder político representa a a las magamineras, al interés financiero nacional e internacional y no al pueblo que los votó, y los legisladores públicamente se muestran sumisos y expectantes de sus “jefes”, los presidentes y no sus votantes.

Pero tampoco será republicana, desde que la tutela de los derechos individuales quedará librado al arbitrio del Ejecutivo, como fue en tiempos del Antiguo Régimen la situación en Francia. El destino de aquella aristocracia durante la revolución de 1789 debería ser tomado en cuenta por aquellos que no conciben otra forma de gobernar que acrecentar su poder político y económico a cualquier precio y de cualquier manera.

Si triunfan las ideas de un gobierno que mira encuestas y piensa en "quedarse" 200 años de vida constitucional, Argentina se va “al tacho” con la eliminación de la división de poderes. Y los jueces sólo deben ser entonces un apéndice, esclavos del Poder Ejecutivo de turno.

Recordemos que el gobierno nacional es “artiguista” o “neoartiguista”.

Las instrucciones del año XIII de Artigas, tienen algunos artículos que conviene recordarles a los neoartiguistas:
Artículo 4°: Como el objeto y fin del gobierno debe ser conservar la igualdad, libertad y seguridad de los Ciudadanos y los Pueblos, cada provincia formará su gobierno bajo esas bases, a más del gobierno Supremo de la Nación.
Artículo 5°: Así éste como aquel se dividirán en poder legislativo, ejecutivo y judicial.
Artículo 6°: Estos tres resortes jamás podrán estar unidos entre sí, y serán independientes en sus facultades.

Como ciudadanos todavía de una república, aunque no representativa y desde Pavón tampoco federal, cabe esperar que el gobierno de Entre Ríos, no tome ejemplo e intente aplicar a la justicia provincial alguna “reforma” de parecida índole a la nacional.
De la Redacción de AIM