Alejandro Cacace, de Evolución Radical, perteneciente al interbloque de Juntos por el Cambio, propuso que ningún funcionario de los tres poderes pueda percibir una remuneración superior a la del presidente de la Nación ni recibir mayor actualización de su salario que la de los jubilados, supo AIM

El diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical-Juntos por el Cambio) presentó ayer un proyecto de ley por el cual propone la "equidad salarial" en el sector público.

A partir del acceso al texto del proyecto por parte de AIM, se pudo saber que la iniciativa establece que ningún funcionario de los tres poderes pueda percibir una remuneración superior a la del presidente de la Nación, ni recibir mayor actualización de su salario que la de los jubilados.

El legislador marcó la importancia de descartar “la fuerte desigualdad que hay entre los altos funcionarios de los tres poderes del Estado y el resto de los argentinos".

“El sector del cual formamos parte no debe ser ajeno a la austeridad y solidaridad que reclamamos de otros argentinos, sino que debemos ser quienes pongamos el ejemplo, y apelando al principio de igualdad, consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional, que debe ser operativizado para todos los sectores de la sociedad, haciendo que los sacrificios y esfuerzos que se piden de los argentinos sea compartido y soportado por todos los sectores”, explicó el diputado puntano.

Y continuó justificando su proyecto: "Hoy en día, por ejemplo, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cobra un sueldo básico de $963.581, sin contar adicionales como la antigüedad. Esto los pone más de 21 veces arriba de un salario mínimo, que es actualmente de $45.540, por lo que la brecha salarial entre estos (magistrados) y la población es enorme”, precisó.

Para Cacace, “la equidad y la igualdad deben ser principios rectores para el Estado, que solo podrá fortalecerse en la medida que se proponga terminar con las injusticias y reducir la inequidad", ya que "la política, la función pública, no da privilegios”.

Y concluyó: “No hay razón para que funcionarios de todos los poderes del Estado sean mejor remunerados respecto de los demás argentinos. Tampoco hay lógica en querer salvaguardar estas prerrogativas ante la crítica situación económica explicada por el Gobierno como la causa del esfuerzo solidario que se le pide a la población; porque si se pide a nuestros ciudadanos ajustarse, nosotros, como integrantes del sector público, debemos ajustarnos también”.