Ante el ajuste promovido por Gustavo Bordet, Alejo Mayor, sociólogo y docente, integrante del Grupo de estudios históricos sobre clases y conflictos sociales en Entre Ríos de la Universidad Autónoma (Uader) analiza la lucha contra el ajuste en la década del ’90.
Introducción: ajustes de ayer y hoy
Las y los trabajadores entrerrianos se encuentran, como tantas otras veces en el pasado, enfrentando un nuevo proceso de ajuste, que busca descargar sobre los hombros de la clase que vive de su propio trabajo, el principal costo de la crisis económico y financiera que atraviesa el país y la provincia. El gobierno justicialista de Gustavo Bordet, en segundo mandato consecutivo, hizo aprobar recientemente, a modo de blitzkrieg, una nueva Ley de emergencia que implica el aumento de los aportes personales de trabajadores activos y pasivos.
La respuesta de las y los trabajadores no se hizo esperar: el pasado miércoles (1/7) se movilizaron hacia la Casa Gris trabajadores de la educación, estatales en ATE, municipales, judiciales de nación y provincia, organizaciones sociales y partidos de izquierda, entre otros sectores. En la manifestación en la Plaza Mansilla, se recordó el antecedente de los ajustes aplicados por el gobierno de Mario Moine (1991-1995). Específicamente fue Susana Cogno (secretaria general de la seccional Paraná de Agmer) quién recordó desde el micrófono “la Ley de Moine”, en referencia a la ley 8918 de 1995, que declaró la “emergencia económico y financiera” provincial por un período de dos años e implicó el aumento de los aportes personales de los trabajadores, a la vez que le quitó la autarquía a las Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.
Sin embargo, esta no fue la primera Ley de ajuste del gobierno moinista, ni encontró al movimiento sindical entrerriano desmovilizado: en enero de 1993 se había producido la mayor movilización gremial de la historia provincial en contra de la tristemente celebre ley 8706. ¿Cuál fue la cocina de dicha Ley que buscaba despedir miles de trabajadores del ámbito público? ¿Cuál y cómo fue la reacción del movimiento obrero organizado provincial? ¿Cuáles fueron las formas de lucha a las que echaron mano los trabajadores para enfrentar el proceso de ajuste? En este artículo buscaremos dar respuestas a estos interrogantes, con el objetivo no solo de conocer nuestra historia, sino de recuperarla desde el punto de vista de la clase trabajadora para sacar saldos en materia de lucha y organización, para enfrentar el proceso de lucha que recién comienza.
El ajuste en Entre Ríos en la década del ‘90
“La actuación de los gobiernos provinciales justicialistas
estuvo signada por el posibilismo en la relación con el gobierno menemista.
Buscaron “cuerpear” algunas cosas, pero primó la subordinación.”
Edgardo Massarotti
En diciembre de 1992 se aprobó la Ley 8706 de despidos en la administración pública, que implicaba 2.605 despidos de un día para el otro, aunque el convenio firmado por el ejecutivo provincial en un primer momento preveía dejar sin trabajo cerca de 10.000 empleados públicos en el plazo de un año. La respuesta que desde el movimiento obrero se produjo en resistencia a este proceso, marcó un punto de inflexión en el proceso de conflictividad entrerriano convirtiéndose, de alguna manera, en un laboratorio donde se ensayaron algunas modalidades de organización y lucha que pertrecharán el repertorio de protesta del movimiento social provincial en los años subsiguientes.
El proceso de ajuste se llevó a cabo tras un acuerdo del gobierno justicialista de Moine con Domingo Felipe Cavallo (a quién el gobernador entrerriano había cuestionado hasta el año anterior, mostrándose como opositor a sus políticas de ajuste) y contó con el apoyo explícito de sectores como la Iglesia. El acuerdo consistió en la aprobación en la legislatura provincial, a instancias del poder ejecutivo, de una llamada “Ley ómnibus” para “sanear” las cuentas del arca provincial, incluyendo despidos en la administración pública y privatizaciones.
De acuerdo con Alejandro Sologuren, por aquel entonces dirigente de ATE, “Moine apareció acá también diciendo que estaba contra Cavallo que no aceptaba lo de Cavallo. Nosotros también planteamos la necesidad de unirse contra Cavallo y bueno, una vez que ganó Moine dijo que no podía enfrentarse a las líneas políticas nacionales de Cavallo y vino el primer gran ajuste en la provincia, con la intención de echar 10.000 empleados trabajadores estatales”[1]
A principios de enero de 1993 se conoció por los medios locales que, a pesar de las desmentidas del gobierno provincial, el convenio de ajuste firmado por el gobierno a fines de diciembre preveía dejar sin trabajo a cerca de 10.000 empleados de la administración pública en el plazo de un año. El proceso de ajuste encarado por la administración de Moine recibió el apoyo del arzobispo de Paraná, monseñor Estanislao Karlic, quien declaró que se trataba de “medidas que hacen al bien común”[2]. En la misma línea se pronunció el cura Gabriel Batello, conocido por el ser confesor del gobernador.
El plan de ajuste fue redactado bajo el nombre de “Plan para la Contingencia”, por el funcionario del ministerio del Interior Héctor Domenicone, ligado al Banco Mundial, por lo que se lo conoció como “Informe Domenicone”. El informe sugería la cesantía de 20.000 trabajadores, mientras que el gobernador Moine había sostenido el número de 5.000, en dos etapas. Finalmente, el borrador confeccionado por José Luis Manzano y firmado con Gustavo Béliz, acordó el número de 10.000 trabajadores que debían ser expulsados del Estado provincial antes del 31 de diciembre de 1993. Esto debía producirse paulatinamente: primeramente, se sancionó en la Legislatura el pase a disponibilidad de 2605 agentes, en una sesión de la Cámara de Senadores donde las bancas del bloque oficialista estuvieron adornadas por profilácticos (“forros”) con los nombres de cada miembro[3]. Esta original forma de protesta anticiparía una modalidad que se hizo carne en el repertorio de acciones de los trabajadores de la provincia del período: los “escraches”. Los “escraches”, una modalidad que cobró mayor visibilidad a partir del accionar de Hijos frente a ex represores y criminales de lesa humanidad tiene la particularidad de “personalizar” la política, es decir, señalar como foco de la protesta política a la persona, con nombre y apellido, responsable de determinadas decisiones. El “santiagueñazo” de diciembre de 1993, marcará una nueva inflexión en este tipo de protesta, al dirigir el locus de ciertas acciones (como los saqueos) al domicilio particular de ciertos actores políticos: dirigentes políticos centralmente, pero también un importante dirigente sindical y hasta el obispo.
Desde el Ministerio de Economía, se sostuvo que Entre Ríos se había transformado en la provincia piloto para realizar este tipo de ajuste. Santa Fe y Córdoba, aparecían en el horizonte, como las próximas provincias en formalizar convenios de “saneamiento de deuda” similares, aunque “todas anticiparon que el ajuste lo harán en forma más paulatina y menos salvaje”[4].
El gobernador Moine, según un vocero del Ministerio del Interior, había intentado “capitanear el conjunto de las provincias que se oponían al Pacto federal fiscal y al acuerdo Nación-provincia, pero después cambió rotundamente. Pasó de ser opositor total a aliado prima facie. Eso fue determinante para que se acuerde, en primer lugar, con Entre Ríos. Moine se transformó en un aliado en serio y arregló con Cavallo, Manzano y el actual titular de la cartera política”. El enfrentamiento con Cavallo, venía desde antes que el Ministro de Economía asumiera su cargo: en una reunión con los gobernadores electos el 20 de noviembre de 1991, Moine le había espetado: “No nos venga a decir cómo tenemos que gobernar en nuestras provincias”. Luego, en declaraciones a Ámbito Financiero, se había ufanado de no atender las llamadas del titular de la cartera de economía. Esta situación comenzó a cambiar en los meses previos a la interna del justicialismo que lo enfrentaba con Jorge Pedro Busti, en los cuáles Moine empezó a aproximarse al gobierno nacional: como sostiene la cita que abre este apartado, más allá de los forcejeos primó la subordinación a las políticas nacionales. De acuerdo con “un alto funcionario del Ministerio de Economía, para los últimos días de 1992, “Moine hizo un mea culpa el día de la firma del convenio. En concreto dijo que él estaba equivocado con respecto a o que opinaba de Cavallo. Que ahora lo respetaba más y estaba totalmente de acuerdo con las medidas económicas por él instrumentadas. Incluso llegó a considerar que la única forma de gobernar correctamente era haciendo un ajuste de este tipo”. El alineamiento del gobierno provincial con las políticas neoliberales que emanaban de nación era total.
Esta reforma recibió la oposición de los trabajadores organizados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El otro gremio que agrupa a agentes del sector público, la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn), en cambio, acompañó al gobierno.
En ese sentido, desde un primer momento, ATE buscó accionar desde el plano administrativo y desde el planteo de un juicio contencioso administrativo nivel del Supremo Tribunal de Justicia (STJ). Otra posibilidad que evaluaron los abogados del sindicato fue la del amparo, mecanismo que opera cuando se afectan derechos constitucionales. La base del recurso presentado por ATE estuvo centrada en el artículo 21 de la Constitución provincial que planteaba que “ningún empleado o funcionario podrá ser despedido de la administración pública con un año de antigüedad mientras dure su buena conducta, su constricción al trabajo y su salud física y mental”. Desde el gobierno, en cambio, se ampararon en el inciso 14 del artículo 81 que facultaba al Poder Legislativo para crear o suprimir empleos[5]. Simultáneamente a estas medidas administrativas y judiciales, los trabajadores de ATE se manifestaron en el interior mismo de la legislatura, desde donde profirieron insultos a los representantes y disponiendo, primero en diputados y luego en senadores, preservativos sobre las bancas de aquellos que apoyaban el proyecto de Ley ómnibus que finalmente fue aprobado[6]. Estas acciones se complementaron con otras medidas tendientes tanto a incentivar la movilización de los trabajadores como a generar un consenso de rechazo a la medida en sectores más amplios (la llamada “opinión pública”) como “asambleas para contrarrestar el temor, difusión del significado de despidos entre los sectores ligados al mercado interno, demostración del empleo público como prestador de servicios (salud, minoridad, educación, vivienda) contrarrestando la imagen de burocracia”[7], así como un el intento de acordar con el poder político mediante la construcción de datos mediante un relevamiento sobre situación de revista, categorías, núcleo familiar, etc.
La complicidad con el proceso de ajuste, empero, no solo consistió en sectores de los partidos mayoritarios y de sectores de la iglesia, sino también de las conducciones de algunos gremios, que confeccionaron listas de personal a quedar en “disponibilidad” (“listas negras”). De esta manera, muchos sindicatos negociaron con el gobierno el número de trabajadores a dejar en la calle, a la vez que utilizaron dicho proceso como mecanismo disciplinador al interior de los gremios con sectores o trabajadores opositores o díscolos.
Desde el sindicato de Luz y Fuerza, por su lado, miembros de la comisión directiva se reunieron con el gobernador para interiorizarlo del plan alternativo elaborado por la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza para la Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos (Epeer). El mismo implicaba que, sumadas las bajas por jubilaciones ordinarias, jubilaciones anticipadas y adhesiones al régimen del Retiro Voluntario, el número de trabajadores que se reduciría oscilaría entre 300 y 350. A su vez, se contemplaba la reubicación de otros trabajadores. “A los recursos los generamos nosotros, somos un ente autárquico y nos regimos por un marco jurídico diferente al de los estatales. No estamos en la ley ómnibus”, argumentó Fabián Medina, el secretario general de Luz y Fuerza[8]. Este proceso no estuvo exento de conflictos entre los trabajadores del sector, como cuando, ante la amenaza de algunos jefes de sección de incluir en las listas a algunos empleados, los trabajadores de redes decidieron hacer una retención de servicios y no salieron a la calle a cumplir sus tareas habituales. Por otro lado, los trabajadores manifestaron su preocupación por ahuyentar el fantasma de privatización que rondaba a la empresa de energía estatal, aunque desde la conducción se hizo mediante un discurso pleno de ambigüedad: “Nos preocupa este discurso, que la presenta como una empresa deficitaria y que es necesario achicar, cuando en realidad somos eficientes y nos autofinanciamos; y que todo esto sea para privatizarla. No porque estemos en contra de la privatización, al contrario, estamos a favor de la participación del capital de riesgo privado”[9] .
Por el lado de los trabajadores viales, el secretario adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever), Carlos Lallana, sostuvo que “entre retiros voluntarios, bajas vegetativas y adscripciones llegan a 200 los que se van. Quedarían 90 que lo hacen por legajo, Nosotros, como gremio, no fuimos a decir quién se iba y quién no, sino a controlar que no se digiten las disponibilidades”, a la vez que aseguraron que el gremio no tuvo injerencia en la confección de los listados.
Upcn, como señalamos anteriormente, fue el único gremio que adhirió e impulsó la reforma del Estado, lo que valió la calificación de “traidores” de parte de sus pares de ATE. Como señaló el secretario general de ATE, “Upcn siempre tuvo una actitud “acuerdista” (que no es lo mismo que dialoguista). Con Agmer, Judiciales, Apler, Jerarquizados Municipales tuvimos grandes acuerdos y unidad en la acción. Otros, más simbólicamente que efectivamente, también acompañaron.”[10]
La resistencia trabajadora
La resistencia a estas medidas, no se hicieron esperar. En el sector de la salud pública, con la consigna “personal separado, hospital parado”, los trabajadores y trabajadoras del Hospital San Martín y el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, rápidamente se organizaron en asambleas a fin de definir las acciones de lucha a concretar para enfrentar el ajuste, a la vez de definir estrategias de comunicación hacia la comunidad de la incidencia que los recortes tendrían sobre la prestación de los servicios de salud.
Los trabajadores nucleados en ATE, decidieron la realización de paros progresivos a partir de la recepción de los telegramas de despidos. Desde el gremio de los estatales interpretaban la llegada de los documentos de disponibilidad en varias etapas, como una estrategia de desgaste de parte del gobierno.
Las asambleas contaron con la adhesión de algunos médicos, quiénes se solidarizaron y adhirieron a las medidas. En lo mecanismos de selección del personal “prescindente” por parte del gobierno, desde el hospital San Roque sostuvieron que primaron los de “vendetta política”, como el despido de la doctora Ana Kinen, de extracción radical, única médica de la provincia con título que la capacitaba en el área de radiografía pediátrica[11]. Desde la Secretaría de Salud, asimismo, se exigió listados detallados de las personas que habían participado de las asambleas.
En el contexto de bronca y tensión creciente, se reunió una “Asamblea en Defensa de Entre Ríos y su Pueblo”, donde se conformó un comité de lucha (integrado, entre otros, por los secretarios generales de ATE -Edgardo Massarotti- y Agmer -Clelia Lavini-) que anunció una movilización en la capital provincial, para el jueves 21 de agosto a las 19:30, a culminar en una concentración frente a la Casa de Gobierno. Dicha movilización a su vez se vería replicada en los distintos departamentos por manifestaciones similares a dirigirse a los domicilios particulares de los legisladores que aprobaron la ley “ómnibus”.
Pueblazo
La masiva manifestación de más de 6.000 personas[12] frente a la Casa de Gobierno, fue expresión de un repudio generalizado a las medidas de ajustes previstas en el plan de reforma del Estado que buscaba instrumentar el gobierno de Moine. A su vez, la masiva adhesión y participación en la acción conflictiva, implicó un triunfo de la línea política de ATE, que se opuso fuertemente desde un primer momento, y su fortalecimiento en detrimento de Upcn, que no adhirió y fue duramente cuestionada por su vínculo con el gobierno.
Hay consenso en los entrevistados que participaron en señalar a la movilización como una de las más importantes en la provincia en la década que iba desde el retorno de la democracia y un hito del movimiento obrero provincial. Para Massarotti “fue quizás la más grande en la historia sindical de la provincia[13]”, en tanto para Sologuren “[no hubo una movilización más grande llamada por el movimiento obrero en la ciudad de Paraná”[14]. Esto a pesar del clima de incertidumbre que se intentó generar desde el oficialismo “consignando de la posibilidad de algunos actos de violencia, a partir de la inserción de supuestos infiltrados que sólo existieron en la imaginación de los gobernantes[15]”.
Las “dificultades técnicas” tampoco se perderían semejante cita: los oradores, entre los que se destacó Edgardo Massarotti, debieron dirigirse a la multitud desde las penumbras, ya que no se les otorgó el permiso para utilizar la energía eléctrica.
Dos días antes de la movilización, cuándo la masividad se dibujaba en el horizonte como algo esperable, Moine había deslizado la idea de reconsiderar algunos despidos, probablemente para desalentar la participación de algunos agentes estatales que estaban en la cuerda floja. Esto luego de que una semana antes había declarado que sería “inflexible” y habló de pasar a “inmediata disponibilidad” a todo aquel que participará de la movilización. La capacidad de organización y, sobretodo, la velocidad de reacción de los trabajadores hizo “ablandar” rápidamente la dureza inicial de Moine.
El gobierno, junto a las amenazas verbales, no escatimó en métodos para obstaculizar o dificultar la protesta. Además de la mencionada negativa, so pena de incurrir en un delito penal, de utilizar los enchufes de la casa de gobierno para la iluminación y la emisión de sonido del acto (tampoco se les facilitó el palco), hubo otros hechos más preocupantes que remitían a períodos oscuros del país: dos dirigentes de la Asociación Bancaria, Juan Carlos Navarro y Walter Carballo (de la comisión interna del Banco de Entre Ríos), fueron interceptados por un patrullero mientras realizaban pintadas en contra del gobierno y demorados durante varias horas en dependencias policiales.
Desde las primeras horas del jueves comenzaron a organizarse los contingentes de manifestantes. Autobuses provenientes del interior (demorados en por controles policiales), los distintos gremios, organizaciones estudiantiles y organizaciones partidarias como la UCR, el PI, los socialistas o Frente del Sur (referenciada en el dirigente Federico Soñez).
La nutrida columna de los docentes avanzó por calle Buenos Aires en dirección a la Plaza 1° de Mayo, entonando, entro otros cánticos “Cuando Dios hizo a Moine lo soñó seminarista, pero nunca imaginó este engendro menemista[16]”. El cancionero de protesta fue escrito a máquina, fotocopiado y repartido a los afiliados.
La primera columna en arribar a la plaza fue la de ATE, encabezada por Massarotti y algunos dirigentes nacionales que arribaron a la provincia para expresar su apoyo.
Con respecto a la columna del radicalismo, llamó la atención el hecho de estar encabezada por el ex gobernador Sergio Montiel, hombre poco afín a las protestas populares. Al respecto, irónicamente había declarado Aldo Bachetti, subsecretario general del Ministerio de Salud y Acción Social: “Montiel va a tener la satisfacción de concurrir a una manifestación con los trabajadores, donde no va a haber ni gases, ni perros”. La columna de la UCR se ubicó a la derecha del improvisado palco.
Los docentes de Agmer, por su parte, ingresaron a la plaza tomados de los brazos y con la dirigente Mary Sánchez a la cabeza, entonando cánticos contra los funcionarios de gobierno, tomando la cortada principal de la plazoleta para ubicarse.
El grito “Que se vayan, que se vayan”, casi como una prolepsis de lo que se cantaría casi nueve años después (ampliado al conjunto de las representaciones políticas hegemónicas), precedió el arranque del discurso de Massarotti, encaramado en el furgoncito que hizo las veces de improvisado palco. Hubo cánticos contra el liberalismo y se quemó un muñeco de Moine con un cartel de Los Hermanitos (la cadena de supermercados de su propiedad), que luego fue arrojado a la puerta principal de la Casa Gris. Junto a la lectura del documento elaborado para la ocasión, se leyó también una carta dirigida a Moine escrita por Gerónimo Fernández, hijo de despedidos y se proyectó un video realizado por estudiantes de Comunicación Social. Finalmente, el cantautor folclórico local, Jorge Méndez, cantó a capella “Canción del jornalero”, uno de sus clásicos, lo que tiñó de emotividad al acto.
Esta modalidad fue replicada en las plazas principales de todo el territorio provincial, y su masividad e impacto sería fundamental para obtener un fallo favorable del Supremo Tribunal de Justicia (en adelante STJ) logrando la reincorporación de los despedidos, quedando como caso testigo para empleados estatales despedidos, ya que sentó jurisprudencia.
Palabras finales. Balance y perspectivas.
La enorme movilización de enero de 1993 implicó un verdero hito en la lucha contra el llamado “modelo neoliberal” en el ámbito provincial y abrió el ciclo de luchas que tuvo su punto más alto de confrontación durante las jornadas de diciembre de 2001. En materia de formas de lucha, volvió a poner la centralidad de la movilización callejera como el modo de protesta central de los trabajadores en el período para presionar a los sectores dominantes, pero también para establecer alianzas con otros sectores, para hacerse visible, influir en la opinión pública y contribuir a la construcción de una fuerza social que sea hegemonizada por los y las trabajadoras. Por otro lado, una de las particularidades de las acciones llevadas a cabo fue la de “escrachar” personalmente a los cómplices del ajuste contra el pueblo trabajador. El impacto de estas medidas, que es combustible de bronca, es mayor cuanto más pequeña es la localidad del legislador o funcionario en cuestión. Quiénes hayan vivido y militado el proceso de luchas de 2001-2002 recordarán, por su parte, las constantes protestas frente al domicilio del por entonces gobernador Sergio Montiel.
En materia organizativa, el principal saldo que dejó la lucha contra la 8706, fue la constitución de una organización multisectorial, hegemonizada y dirigida por los trabajadores organizados en sindicatos del ámbito público. La multisectorial fue un actor clave en la provincia en los hechos conflictivos de la década del 90 y del explosivo 2001. Los ajustes de los últimos años han vuelto a poner al orden del día, tanto el debate sobre las formas luchas adecuadas para encarar estas luchas defensivas como la organización multisectorial como actor unificador de distintos colectivos. El carácter policlasista de la multisectorial fue un elemento de fortaleza, pero también marcó los límites de ese tipo de experiencia. Hoy en día es difícil, por no decir imposible, concebir que figuras de los partidos políticos patronales discutan y se movilicen en movilizaciones convocadas por las y los trabajadores.
El objetivo que motivo este artículo es el de recuperar una rica experiencia de lucha en nuestra provincia para enriquecer los debates sobre el modo en que libramos nuestras luchas presentes. Hacer dialogar dos procesos de ajustes, ver los posicionamientos y los movimientos, implica reconocer a la crisis como constitutiva y constituyente al modo de producción capitalista. Los trabajadores, como alguna vez escribió Rodolfo Walsh, tenemos que ser capaces de recuperar y conservar este acervo de luchas para que no parezca que cada lucha comienza desde cero, de la nada, sin experiencia previa que recuperar, criticar, reivindicar y problematizar. Solo desde los trabajadores se podrá construir una salida favorable a las amplias capas que conformar el pueblo trabajador.
* Alejo Mayor. Sociologo y docente. Miembro del Grupo de Estudios Históricos sobre Clases y Conflictos Sociales en Entre Ríos (Uader) y militante de Agmer.
[1] Entrevista del autor a Alejandro Sologuren (7/2019)
[2]“Moine y un lápiz rojo de mucha punta”, Análisis n°745, 7/1/1993
[3] El único legislador del oficialismo que votó en contra fue Sergio Urribarri, quien luego fuera gobernador de la provincia durante dos períodos consecutivos (de 2007 hasta 2015).
[4] Idem.
[5] “¿Será Justicia?”, Análisis n°745, 7/1/1993
[6] “Legislatex”, Análisis n° 745, 7/1/1993
[7] Entrevista del autor a Edgardo Massarotti (1/2020)
[8] “Las listas negras”, Análisis n° 745, 7/1/1993
[9] Idem
[10] Entrevista a Edgardo Massarotti (1/2020)
[11]“El que no tiene senador, se embroma”, 14/1/1993
[12] La cifra es la especulada por los periodistas de Análisis, aunque señalan que los organizadores barajaron la cifra de 10 a 12 mil. “Aquí hay más de diez mil entrerrianos”, vociferó en su discurso Edgardo Massarotti.
[13] Entrevista a Edgardo Massarotti
[14] Entrevista a Alejandro Sologuren
[15] “La plaza del no”, 23/1/1993
[16] Ídem