A partir de este viernes las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur ya no serán responsabilidad del Gobierno nacional, sino que pasarán a la órbita de Vidal y Larreta, en un acuerdo que deja muchos puntos confusos.

Tal como se había pactado con los gobernadores peronistas en el marco de las negociaciones por el presupuesto, de ahora en más la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires deberán afrontar con sus recursos los subsidios que implica el sostenimiento de la tarifa social, como sucede en el resto de las jurisdicciones.

El memorándum, que fue firmado en Olivos junto al ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el secretario de Energía Gustavo Lopetegui, establece la conformación de un ente bipartito "con la mayor celeridad posible" que cumpla las funciones de control y regulación y reemplace al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre).

Sin embargo, fuentes allegadas destacan que el traspaso se hizo a las apuradas y sin resolver una serie de temas de gran sensibilidad, como la deuda de alrededor de 20.000 millones de pesos que tiene cada una de las empresas con el estado.

La misma data de hace más de 10 años y surge de la venta de energía y obras con la mayorista estatal Cammesa, "en la época donde al no tener tarifa había que pedirle fondos al estado para pagar sueldos", informaron.

Desde su mismísima asunción Macri viene prometiendo que perdonará este importe, pero en los hechos nunca lo hizo, dejándole un gran pasivo a las firmas que figura en sus balances. "Una deuda que tiene que netearse para sanear las cuentas de las empresas. Es un tema crucial donde el Gobierno ha actuado un poquito lento", explicaron desde el sector.

La falta de resolución sobre este tema figura en el propio acuerdo, que resalta que "las Partes consideran necesario que se dé una solución integral a los reclamos pendientes entre el Estado nacional y las concesionarias".

Entre otros reclamos, subraya los "relacionados con el pago de los consumos de los asentamientos con medidores comunitarios generados desde octubre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018" y "las diferencias resultantes de aplicar el tope en las facturas de los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social".