En una conferencia de prensa, el intendente de Paraná, Sergio Varisco,  se refirió al informe que elevó la División "Lavado de Activos" de la Policía Federal al juez Leandro Ríos, lo rechazó y advirtió que el texto "tiene errores falaces en conceptos básicos y afirmaciones que demuestran supina ignorancia”, para empañar la imagen del Gobierno Municipal. “Esto es una causa política, fíjense si no habrá persecución política, que se trata de fijar una audiencia de debate en el medio de las elecciones Primarias y las Generales”, afirmó a AIM uno de los abogados del jefe de Gobierno de Paraná, Miguel Ángel Cullen.

En conferencia de prensa a la que asistió esta Agencia, Varisco explicó que "la División de la Lavado de Activos realizó un informe que contestamos punto por punto. Pareciera que el municipio es un desorden, lo que contrasta con el enorme plan de obras públicas que tenemos, con la paritaria que hemos cerrado y con el orden y superávit financiero y económico que tiene el municipio de Paraná".

También destacó  que "la Federal habla de que en el período que abarca septiembre de 2017 hasta mayo de 2018 ingresaron al municipio 497 empleados nuevos, lo cual es falaz e inexacto, al tiempo que tiende de empañar la imagen del gobierno".

Además, opinó que "el error proviene de que han contado doble lo que nosotros venimos haciendo desde principio de la gestión, que es jerarquizar al empleado municipal, pasándolo de contrato de obra a servicio y de este último a planta. De ahí que pensamos que han contado dos y hasta tres veces a un empleado. En el balance de las altas y bajas, entre los que nombramos y las jubilaciones y renuncias, en ese período disminuimos la cantidad de empleados en 126 personas".

"En todos los otros temas que cuestionan, fundamentalmente las contrataciones que hicimos en Tecnópolis están bajo el debido procedimiento de ordenanzas, decretos y resoluciones. Nosotros hemos aportado más a la transparencia, porque está todo bancarizado", argumentó.

También, Varisco aclaró que "es inexacto que un intendente maneje dinero en efectivo. Un jefe comunal lo que maneja es la autorización de un pago mediante la firma después que se lleva adelante todo un proceso".

"Estamos muy tranquilos, pero se quiere hacer creer que esto ha sido un descalabro, un despilfarro y que hay recursos que no se saben a dónde están. Todo se encuentra contabilizado y pasa por el Tribunal de Cuentas que es el verdadero órgano auditor".

Pagliotto: “Un pésimo trabajo”

Uno de los abogados del intendente Varisco, Rubén Pagliotto, sostuvo que "se ha manchado el honor muy livianamente de funcionarios. Creíamos que un cuerpo que se dice de élite como la División de Lavado de Activos de la Policía Federal, integrado por cinco contadores públicos ingresados de la UBA iba a proveer de un rico material, pero nos encontramos con imprecisiones que demuestras por lo menos supina ignorancia, no queremos decir mala voluntad con alguna tendencia para perjudicar al intendente, al funcionarios de la Tesorería como de la Contaduría general".

Pagliotto calificó al informe que elaboró la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina como "un pésimo trabajo: confuso, impreciso, sin jerarquía ni volumen intelectual ni técnico, y que desnuda un pasmoso desconocimiento acerca de normas y procedimientos contables, principalmente vinculados a la administración de la hacienda pública".

También afirmó que ese escrito policial "no tiene ningún valor y sugiere, incluso para dejar a salvo el buen nombre y honor de reconocidos profesionales que ocupan lugares expectantes en la Contaduría General y Tesorería del Municipio, la inmediata actuación y auditoria del Tribunal de Cuentas de la Provincia".

Intencionalidad política

En tanto, el abogado Miguel Ángel Cullen, se mostró cauto cuando AIM le preguntó si consideraba que existía intencionalidad política entre la Justicia y algunos medios de prensa. “Voy a ser cauto, porque días atrás, en otra causa que llevo adelante, se me acusó de pertenecer a una organización mafiosa que trata de presionar a la política por decir que estamos frente a uno de los periodos, desde la vuelta a la democracia, mas problemáticos, por la tremenda injerencia que tiene el Poder Judicial y la Justicia en todos sus ámbitos dentro del ámbito político. Eso lo he dicho, y me ha valido una sanción de la Cámara de Casación porque el Poder Judicial le molesta que esto se diga. Por suerte, hay voces valientes, como la del presidente del Superior Tribunal, el doctor Emilio Castrillón, que días atrás dio una nota y dijo esto mismo, que todos saben. Ustedes me hacen la pregunta sabiendo la respuesta.   Esto es una causa política, fíjense si no habrá una persecución política, que se trata de fijar una audiencia de debate en el medio de las elecciones Primarias y las generales. Vaya si no hay intencionalidad política, todo es política”.

Contratación de personal

La primera afirmación del informe de respuesta es una desmentida categórica sobre la aseveración que hacen los peritos de la Policía Federal en cuanto a que habría habido un ingreso de 497 personas a la esfera del Municipio.

Cullen y Pagliotto presentan números que dan cuenta que el ingreso fue de 166 personas con contratos de obra, pero con una baja de 46 personas por finalización del período en esa misma categoría. Mientras que con contrato de servicios ingresaron sólo 31 personas, y con una baja de cinco casos.

"Es decir que los números oficiales distan mucho de lo que habla el informe y eso tiene una explicación: los peritos policiales cayeron en el error de creer que hay personas con dos contratos, cuando en realidad hay trabajadores que tienen un contrato que se vence y luego se constituye otro contrato con una nueva situación de revista".

Abundan en detalles técnicos acerca de cómo se inscriben las situaciones de baja, alta y cese, cómo se identifican las diferentes características laborales, y por qué algunos empleados tienen un legajo que, tras cesar, luego pasan a tener otro. "Todo esto hizo que los policías, erróneamente, hablen de dobles contrataciones", aclaran.

Los abogados aportaron planillas y documentos para solventar su respuesta también en este punto.

Pero aporta un dato central como conclusión de todo el asunto de personal: "El dato más relevante es que en septiembre de 2017 había un total de 6.303 empleados y en mayo de 2018, un total de 6.177, es decir que en ese lapso hubo una reducción clara del personal: 126 empleados menos", escribieron los abogados para desmentir el crecimiento de la planta de personal.

Los letrados dedican el tramo final para refutar, largamente, que haya manejo de fondos en efectivo en los niveles que señalan los peritos policiales. Abundan en explicaciones sobre diferencias de montos entre neto y bruto, en demostrar la trazabilidad bancaria, en describir responsabilidades dentro de la estructura administrativa y en mostrar cómo los movimientos se adecuaron a las normativas y fueron analizadas por los estamentos de control interno.

A los abogados, evidentemente instruidos por los contadores de carrera del Municipio, les llamó la atención que los peritos policiales no sepan que cuando se depositan cheques de la propia cuenta (la Municipalidad), el banco lo considera como un "depósito en efectivo" y no bajo concepto de "cheque de propia sucursal".

En cualquier caso, los abogados Cullen y Pagliotto dejan constancia que los movimientos están bancarizados, las transferencias se hacen de modo electrónico y que si hay manejo de cheques es para el caso en que el beneficiario aún no mantiene una cuenta bancaria habilitada para poder cobrar.

En tal sentido, niegan "categóricamente" que se esté dando el manejo de fondos en efectivo, fuera de las situaciones menores y habituales en cualquier municipio y aportan planillas de números bancarios para sostener sus afirmaciones.

Los abogados destacan en el informe de respuesta que en la Tesorería General "no se realizan pagos en efectivo, ni a empleados, ni a proveedores de bienes y servicios", por lo cual rechaza tajantemente expresiones como la de los peritos policiales que hablan de "una ingeniería financiera tendiente a librar dinero en efectivo".

"Afirmaciones como las mencionadas causan indignación, duelen y resultan lesivas de la moral, y mucho más cuando son formuladas con absoluta liviandad y sin tener un fundamento adecuado".

Los abogados reparan en el hecho de que quienes fungen de tesorero general y de subtesorero tuvieron su ingreso al Municipio en 1988, por la vía del concurso, cuando eran estudiantes de Ciencias Económicas. "Hoy, ya como profesionales con una trayectoria y un reconocimiento dentro y fuera del Municipio, ven perplejos cómo en la causa en cuestión, se califica su impecable, independiente y profesional actuación".

No pasan por alto, a fin de "resignificar aún más el papel esencial que cumple como órgano de contralor independiente, la Contaduría General de la Municipalidad de Paraná, que su titular y la subcontadora no fueron designados por la gestión de Varisco, sino que en el caso del titular fue designado por la gestión de la intendenta Blanca Osuna de Molina" y que el contador general "responde sin límite con sus bienes personales, por lo que el celo demostrado en su labor se puede apreciar cada vez que libra un pago a un proveedor o agente municipal".

Contrataciones de publicidad

El informe de los abogados sostiene que las contrataciones de publicidad "pasaron por el tamiz analítico de todos los controles internos" y que cumplen con el marco que establece la Ordenanza de Contabilidad 6173, y sus respectivos decretos reglamentarios.

Pero no se queda en lo conceptual la respuesta de los abogados, sino que analiza cada uno de los puntos cuestionados. Al respecto, sostiene por ejemplo que entre las condiciones para ser proveedor de la Municipalidad no hay impedimento en que el prestador sea jubilado, como señala uno de los casos aludidos por la Policía Federal.

Tampoco hay impedimento en que los proveedores estén dados de alta en los organismos tributarios con otros rubros, lo que no es constituye ningún obstáculo siempre que estén, sí, inscriptos como "publicidad". Por eso, el informe policial erróneamente habla de otros rubros, como carnicería o funeraria a los que la Municipalidad de Paraná les paga publicidad, cuando en realidad eso no es cierto.

En este punto, las autoridades municipales y los abogados del intendente han dicho enfáticamente que se paga publicidad siempre que se constate la prestación a través de certificaciones correspondiente para cada soporte de medio de comunicación.

"Es mentira que se pague publicidad a personas no inscriptas en el rubro, es mentira que se pague publicidad a personas que no estén inscriptas en Afip como así tampoco en Ater ni en el organismo municipal correspondiente", sostienen los abogados.

Cullen y Pagliotto abundan en detalles, con nombres de proveedores a los que alude el informe policial, para demostrar dónde residen las "erróneas imputaciones".

Es así, como muestran por ejemplo casos particulares de personas que se dieron de baja de Afip, tras un cambio de actividades, pero que estaban en regla al momento de la prestación. "Puede haber situaciones en las que el proveedor se inscribe para poder prestar servicio y facturar; luego se da de baja y como el pago se produce de manera posterior, y a veces con meses de diferencia a la prestación, puede darse el supuesto que no registren impuestos activo, pero al momento de la prestación estaba todo en regla", escriben los abogados y dan ejemplos puntuales a los que aludieron los policías federales.

Agrega la respuesta que cuestiones fiscales, como que los domicilios de los proveedores no estén actualizados, no infringe la normativa de contratación y excede el interés o la responsabilidad de la Municipalidad, a punto tal que eso es materia de observación, en todo caso, del organismo federal impositivo.

Luego aborda uno de las imputaciones más grave a que hizo la Policía Federal, con notable repercusión mediática, "pero que no se condice para nada con la realidad": el "pago de facturas mellizas".

Cullen y Pagliotto desmintieron tajantemente que se haya producido algún caso al respecto y, tras un minucioso estudio de trazabilidad administrativa, demostraron que no hay doble pago de una prestación, y que si bien puede haber órdenes de pago, por centenares, con el mismo número, hay que reparar que unos tienen su número respectivo, con un subíndice 32 (ordenes de publicidad, subsidios, reconocimientos de gastos), mientras que otros tienen el subíndice 35 (concursos de precios, licitaciones públicas o privadas que se hayan llevado a cabo para seleccionar a contratistas).

"No existen órdenes de pago mellizas, ni, por ende, acto irregular, ilegal o ilegítimo alguno", indican al rechazar el informe enviado al juez Ríos

También abunda sobre la aludida contratación de baños químicos para la presentación de Tecnópolis, evento que albergó a más de 800 mil visitantes durante su estadía en Paraná. La respuesta incluyó el informe adjunto de la Subsecretaría de Previsión y Suministro, que determina que no hubo sobreprecios en la búsqueda del servicio luego de que el principal prestador se diera de baja, pero sostiene también que los controles se debieron intensificar debido a las exigencias de contralor del Gobierno nacional, que fue el que aportó los fondos para la muestra científica, educativa y recreativa.

Refuta la "conclusión" del informe que compara precios de prestaciones en Paraná con los que se dan en la zona oeste y norte de Capital Federal, sin considerar gastos por traslados. En este punto rechaza que no haya habido precisión sobre la cantidad de baños químicos, y remite expediente de contratación que también se adjuntó.