La inminente firma del contrato de inversión entre el poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay y la multinacional HIF Global, la Agrupación de Funcionarios de las Usinas y Transmisiones Eléctrica del Estado (Aute) expresó “su más enérgico rechazo al proceso de negociación. Denunciamos la falta de transparencia y el hermetismo con el que se ha manejado este acuerdo estratégico, cuyo impacto afectará de forma directa a toda la sociedad uruguaya”, supo AIM.

En un comunicado firmado por su presidente, Jhony Salvinia, denunciaron que la negociación fue hecha de espaldas a la ciudadanía, manteniéndose la información bajo secreto. “El poder Ejecutivo y la dirección de UTE mantienen los términos exactos del pliego tarifario bajo estricta reserva”; junto a la falta de control social, ya que “ni los trabajadores organizados ni la ciudadanía han tenido acceso a la fórmula económica ni a las cláusulas de este contrato energético antes del "cierre del acuerdo" anunciado en los medios”.

Señalaron que se incrementa el déficit democrático porque “Se define el destino de la matriz energética nacional por las próximas décadas sin participación ciudadana”.

“Reiteramos nuestra advertencia técnica: este pliego tarifario especial generará un perjuicio estimado en decenas de millones de dólares anuales para UTE”, señalaron.

Explicaron que: “Mientras UTE paga un promedio de US$ 80 por MWh a los generadores privados, la fórmula negociada con HIF Global busca garantizarles un costo de energía de apenas US$ 40 por MWh (el 50 por ciento del valor de mercado). Este déficit descapitaliza a la empresa pública. Advertimos que la pérdida de ingresos podría generar impactos en la calidad de servicio, en las tarifas residenciales, recorte de inversiones en infraestructura eléctrica y la disminución del presupuesto para políticas sociales y pymes”.

Rechazaron la entrega de soberanía y el modelo extractivista, manifestando que: “El agua de nuestros ríos y la energía renovable de la matriz eléctrica —financiada por toda la población— se entregarán a un enclave privado para producir e-combustibles destinados exclusivamente a los mercados de Europa y Asia”.

“Las modificaciones logísticas para trasladar la planta a Nuevo Paysandú obedecen a presiones diplomáticas y ambientales en la región, pero no modifican el problema de fondo: la entrega de los recursos estratégicos del país”.

Advirtieron asimismo que: “Este megaproyecto no está diseñado para abaratar la energía de los hogares uruguayos ni para transformar la matriz de consumo interna; su único fin es garantizar la rentabilidad de una corporación extranjera”.

“Comprendemos y nos solidarizamos con la necesidad urgente de empleo genuino en el litoral del país. Sin embargo, los puestos de trabajo temporales de la fase constructiva no pueden ser la moneda de cambio para hipotecar el patrimonio nacional”, remarcaron.

“Respaldamos firmemente a las organizaciones sociales y vecinales que exigen el acceso real a la información ambiental y económica. Por lo tanto, exigimos que el gobierno haga públicos de forma inmediata todos los documentos, estudios de impacto y contratos a firmar con HIF Global”.