El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)-Autónoma, Oscar Muntes, criticó la criminalización de la protesta social y advirtió que la gestión de Javier Milei “no es el país de la libertad como ellos llaman, sino un populismo de derechas que descarga ajuste sobre el pueblo e intenta disciplinarlo con políticas de persecución y procesamiento de luchadores y dirigentes sociales”.
El gobierno, la justicia y los medios de comunicación oficialistas “colocaron como parte central de la agenda el proceso de criminalización contra el movimiento piquetero en general y contra las luchas sociales (en defensa del Estado, de la educación y salud pública, del salario, de los bienes naturales y enfrentando las políticas de hambre y empobrecimiento contra nuestro pueblo), ejecutando campañas de descalificación y desprestigio hacia compañeros que están en las primeras líneas”, indicó Muntes a esta Agencia.
En ese marco, apuntó que lo que ocurre “se trata de un proceso que viene desde la punta del poder político, que pone todos los recursos de los servicios de inteligencia, colocando un armado de pseudo periodistas a sueldo del gobierno y actuando para colocar al poder judicial como un ariete contra las organizaciones que están en lucha”.
Para perseguir a los luchadores sociales “parece que la ministra de Defensa, Patricia Bullrich, se arroga de la fuerza por sobre la Ley, ya que permite que Gendarmería Nacional disponga a expedir órdenes para que las fuerzas de seguridad bajo su órbita operen de manera de asustar, amedrentar y evitar el legal reclamo docente, excediendose fuera de las facultades que la Ley les otorga”. En ese marco, contó que a un colectivo de docentes de Feliciano, que volvían de la protesta en la capital fue interceptado, revisado, deteniéndose momentaneamente a docentes con el guardapolvo puesto, en plena vía pública -particularmente a bordo de transportes, con el supuesto fin de identificarlas o requisarlas sin orden judicial previa, y sin que se presenten alguna de las circunstancias previstas por el Artículo 230 bis CPPN, que claramente no era el cas, ya que eran docentes que volvían de realizar una protesta sin incidentes en la ciudad de Paraná.
Ante ese escenario, Muntes llamó “a rechazar las políticas que criminalizan la protesta social y demostrarle al gobierno que el pueblo no tiene miedo de defender sus derechos, ya que tarde o temprano las campañas de mentiras caen por su propio peso”, por lo que desde ATE y la CTA-A Entre Ríos sostienen “la lucha por el sobreseimiento de todos los acusados, que va de la mano de la resistencia a este gobierno que está agravando el hambre, la miseria y el sometimiento del país a los intereses una camarilla del capital financiero y el imperialismo”.