La jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó el pedido de la fundación Republican Action for Argentina para dejar sin efecto el pago de 16.000 millones de dolares que el país debe realizar tras la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El Estado argentino sigue obligado a pagar la millonaria suma.

La magistrada argumentó que la solicitud fue presentada fuera del plazo establecido, que era de un año. El pedido había sido realizado el pasado 17 de febrero, pero Preska lo desestimó citando jurisprudencia previa, como el caso D'Amato vs. Deutsche Bank y Restor-A-Dent Dental Lab'ys, Inc. v. Certified Alloy Prods., Inc., los cuales establecen que el interés del solicitante debe ser directo y no remoto o contingente.


La fundación había solicitado que se anule el fallo que condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio de las sociedades españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, expropietarias de una participación del 25 por ciento en YPF.


En 2023, Preska dictaminó que Argentina incumplió las normas de adquisición de acciones al expropiar el 51 por ciento de YPF sin realizar una oferta pública a los accionistas minoritarios. Esto dio lugar a la millonaria condena contra el Estado argentino.


El director de Research for Traders, Darío Epstein, criticó a quienes promovieron la solicitud rechazada: "Aquellos que vendieron pescado podrido y embarraron la cancha diciendo que iban a salvar 16.000 millones de dólares, tengan un poco de humildad y llámense a silencio". Además, enfatizó que "el tema es serio y no debe usarse para operar políticamente".


Mientras tanto, el Gobierno argentino manifestó su voluntad de colaborar con Estados Unidos en una investigación sobre la estatización de YPF, en un intento por frenar el impacto financiero del fallo.