A través de una resolución publicada este mes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional eliminó 130 registros del automotor y suspendió la apertura de otras dependencias que estaban previstas. Javier Milei prometió en campaña elimina por completo este sistema por considerarlo burocrático y costoso para los propietarios de vehículos. “El discurso es que hay que bajar costos y hacer más eficiente el servicio, justamente eliminándolos lo que se va a lograr es todo lo contrario porque hacerlo más barato no depende de los registros seccionales”, señaló a AIM el mandatario automotor Mariano Peter.

“El Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios es uno solo y es nacional. Está dividido en registros seccionales a lo largo y a lo ancho del país para que haya una oficina que pueda atender al usuario o al mandatario y brindarle el servicio de registración, patentamiento o cualquier otro trámite que tenga que ver con un automotor”, explicó Peter a esta Agencia.

Los registros seccionales si bien son organismos públicos son de gestión privada, “si bien están dirigidos por un funcionario nacional, los empleados que trabajan ahí son trabajadores de comercio y cobran de lo que se recauda en el registro. Estos se autofinancian, no le insumen ningún gasto al Estado nacional y el 50 por ciento de lo que se recauda pasa a financiar el Ministerio de Justicia de la Nación, o sea que no solo no le insume ningún gasto al Estado nacional sino que, por el contrario, lo financia”.

Con respecto a los encargados de registros señaló: “Son nombrados siguiendo un procedimiento. Se debe ser abogado, escribano o contador público. Es cierto que hay gente que no es profesional y también está a cargo de un registro, esas cosas que están mal son las que hay que sanear, lo cual no significa eliminar”, y agregó, “el encargado de registro deja de serlo cuando fallece o comete una falta grave, y allí la Dirección nacional nombra un interventor que debe estar por un tiempo determinado hasta que se nombre otro encargado; esto se soluciona saneando, si tenés un registro que está intervenido desde hace años y hace bien las cosas nombralo como encargado y sino desplazalo y nombrá a otro, pero la solución no pasa por eliminar, sino por sanear y mejorar”.

Ante el discurso de “tenemos que ir hacia los trámites digitales”, indicó: “ya están, uno entra a la página de la Dirección nacional y va a encontrar todo el listado de trámites que están disponibles, se pueden hacer a través de la web pero, por supuesto, el trámite se debe concluir en la oficina del registro firmando los formularios porque eso es lo que le da la seguridad jurídica. Si bien hay que agilizar y modernizar, debido a la naturaleza del objeto en cuestión no puedo pretender que si compro un automotor lo haga a través de una factura y nada más, tiene que tener una regulación que debe estar adaptada a la realidad de cada país y ser lo más rigurosa posible para poder evitar delitos. El sistema registral argentino considero que es el mejor que tenemos adaptado a nuestra realidad, cualquier otra modificación que se quisiera hacer para hacerlo más laxo, menos exigente, o que dependa únicamente de lo virtual eliminando el cara a cara, los registros seccionales, me parece que sería un grave error y un ataque a la seguridad jurídica”.

Peter analizó que “eliminar los registros automotores, por lo que he estado leyendo en cuentas oficiales y redes sociales de funcionarios y gente muy afín al gobierno, es el objetivo y hacer que sea solo un registro virtual. El problema de esto es que, en primer lugar, quedarían sin trabajo miles y miles de personas que no son empleados públicos sino de comercio. El discurso es que hay que bajar costos y hacer más eficiente el servicio, justamente eliminándolos lo que se va a lograr es todo lo contrario porque hacerlo más barato no depende de los registros seccionales ya que los aranceles los fija el Ministerio de Justicia por una resolución, de este modo, no hace falta su eliminación para que los trámites registrales sean más baratos”; en segundo lugar, indicó, “una gran parte del costo de los trámites registrales es de las provincias por los impuestos de sellos que cobran y estos no pueden ser modificados por ley nacional porque sería una intromisión inaceptable e inconstitucional de la Nación con las provincias”.

En cuanto a la eficiencia del Estado remarcó: “Justamente, si queremos que el servicio de registración sea más eficiente, lo peor que podemos hacer es cerrar registros seccionales y delegar todo en una nube; lo que hay que hacer en estos casos es todo lo contrario, abrir más registros seccionales para que entonces el Estado se acerque a los ciudadanos y les facilite el servicio, para que puedan procesar esos trámites, evitar que la gente haga kilómetros”.