Las organizaciones sociales expresaron su más contundente rechazo a la posición que el gobierno argentino está llevando y defendiendo ante el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas (ONU), ya que “no responde a los intereses de nuestro pueblo sino de sectores corporativos vinculados al agronegocio y las grandes corporaciones de la alimentación”, expresaron a AIM desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).
Actualmente se encuentran en curso las negociaciones sobre el documento de “Recomendaciones de Políticas sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores” que se va definir entre los días 4 al 7 y 10 de mayo en Roma. Esta iniciativa es fuertemente impulsada por la sociedad civil global a través de un extenso trabajo participativo y cuenta con el apoyo de los Estados de la Unión Europea, Suiza, Senegal y Mali.
En estos días se cuenta con una ventana de oportunidad para evitar que la posición Argentina sea la misma que se presentó en la negociación de las “Directrices Voluntarias sobre los Sistemas Alimentarios y la Nutrición” que tuvieron lugar en el ámbito del CSA entre septiembre de 2020 y febrero de este año, en donde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina –conducido por Felipe Solá-, alineado fuertemente con los gobiernos ecocidas de Bolsonaro y Trump, se opuso férreamente a que se incorporen términos como: “dietas sostenibles y saludables”, “transformación o transición de los sistemas alimentarios”, “agricultura insostenible”, “mercados locales”, “agroecología”, entre otros.
El resultado de ese proceso de negociación terminó siendo un documento muy pobre y alineado con los intereses del sector corporativo agroexportador. El Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC) para relaciones con el CSA, cuestionó muy fuertemente el proceso de negociación y su resultado y, lamentó, en especial, el rol regresivo del gobierno argentino junto al bloque de países agroexportadores. “Ello resulta absolutamente inaceptable en esta era de múltiples crisis (sanitaria, social, ecológica y climática) que la evidencia científica demuestra que nos ha llevado el actual modelo de agricultura química-transgénica, industrialización animal y de producción de objetos comestibles ultraprocesados”, advirtieron a este Medio desde la UTT.
Durante las negociaciones actuales de las recomendaciones –que no son siquiera jurídicamente vinculantes- Argentina ha tomado un rol aún más protagónico y se ha convertido en el país líder de la oposición a la agroecología, secundado por Brasil, Estados Unidos y Chile y, en menor medida, Indonesia y Nueva Zelanda. Así, el gobierno argentino se presenta ante la comunidad internacional como defensor de un modelo agroalimentario insostenible, e insiste con vehemencia en hacer hincapié en “otros enfoques innovadores” – como la agricultura climáticamente inteligente, la intensificación sostenible, la siembra directa, promovidos por las grandes corporaciones transnacionales- en vez de la agroecología; vuelve a cuestionar la necesidad de “transformar los sistemas alimentarios” o promover una “transición de los sistemas alimentarios”; dice desconocer los sistemas participativos de garantía para la agroecología (SPG´s), a pesar de que el propio ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación está involucrado activamente en su desarrollo; niega las referencias únicas a los 10 elementos de la agroecología de la FAO (aprobados por el Consejo mismo de la FAO en 2019); cuestiona las metodologías de evaluación de la agroecología promovidas por la FAO como el sistema Tape; insta a que se cambie la recomendación de “disminución del uso de plaguicidas para prevenir daños al ambiente y la salud” por la “promoción de las buenas prácticas agrícolas”; presenta al comercio internacional como la única vía necesaria y sostenible para la seguridad alimentaria, solicitando así que se evite mención singular a los mercados locales de cercanía por considerarlos una “barrera al comercio internacional”; se niega a aceptar el término “disminución” de plaguicidas, fertilizantes y antibióticos y solicita que se reemplace por “optimización” y se niega a que se dispongan créditos, subsidios e incentivos a la agroecología, entre otros.
Tal como se manifestó en la convocatoria del Foro para un Programa Agrario Soberano y Popular, “la denominada Revolución Verde, a partir de la segunda guerra mundial, transformó la agricultura en una actividad híper lucrativa, especulativa y beneficiosa para unos pocos, llevando adelante una reforma agraria a la inversa, profundizando aún más la ya concentrada estructura de tenencia de la tierra en manos de grandes grupos económicos, principalmente nacionales, pero también trasnacionales. Usufructuando el avance tecnológico, la introducción de insumos agrotóxicos y maquinaria de escala se obtuvieron niveles monstruosos de rentabilidad, que profundizaron el monopolio y hegemonía del modelo agroindustrial a escala mundial”.
De esta manera, “la acelerada industrialización de la agricultura y expansión del agronegocio, impactan violentamente sobre el ambiente y la salud del conjunto de la población. Expulsa a las y los trabajadores de la tierra, a las y los pequeños y medianos productores, a campesinos y campesinas, generando una agricultura sin agricultores. La población rural migra a las grandes ciudades, sin oportunidades laborales, por lo que se genera mayor desocupación, pobreza y exclusión de los sectores populares, con la consecuente pérdida de la vida y cultura campesino-indígena y rural”.
Luego de más de tres décadas de consolidación de este modelo en la Argentina con la entrada de la soja transgénica en 1996, tenemos más del 40 por ciento de la población por debajo de la línea de pobreza, dos millones de niños y niñas con hambre, y cinco de cada 10 niños obesos. Urge transformar un modelo agroalimentario que destruyó más de tres millones de hectáreas de bosque (y sigue deforestando más de 100.000 hectáreas por año) y que es responsable de casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero del país.
La agroecología, como ciencia, práctica y movimiento se encuentra en constante crecimiento en la Argentina, demostrando que una agricultura que regenere el entramado social, económico y ambiental es no solo necesaria y urgente, sino también posible. Podemos encontrar agricultores transicionando hacia la agroecología en sus establecimientos, campesinos y pueblos originarios recuperando sus saberes ancestrales, académicos investigando y aportando a los procesos colectivos en marcha, técnicos aprendiendo y compartiendo otra forma de hacer agricultura, comensales demandando alimentos sanos y sin agrotóxicos.
“Llevamos más de cuatro décadas de realización de experiencias de campo, de investigaciones en el ámbito universitario, de reflexión colectiva, de formación profesional y de movimientos sociales abrazando a la agroecología que de ninguna manera pueden soslayarse. Sobre todo, teniendo en cuenta que esta ha sido la respuesta a la imposición de un modelo que ha convertido a nuestro país en un emblema en el mundo de lo que produce la agricultura industrial: destrucción socioambiental, hambre y mala alimentación para las mayorías”, coincidieron las organizaciones.
Hasta los diferentes niveles del estado están promoviendo esta transición; el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca creó la primer Dirección Nacional de Agroecología, además de contar con la Secretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) con un fuerte enfoque agroecológico. El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el ministerio de Desarrollo Social cuentan con programas de promoción de la Agroecología. Son varias también las provincias y municipios que se encuentran desarrollando programas bajo el enfoque de los principios agroecológicos. “Resulta entonces inentendible e inadmisible que el mismo gobierno que promueve la agroecología a nivel nacional, boicotee una negociación multilateral que tiene como objetivo consensuar políticas públicas para la transformación de los sistemas agroalimentarios, y por lo tanto de la calidad de vida de toda la humanidad”, subrayaron.
“La premisa fundamental de la Cumbre tendría que ser aquella que fomente el enfoque holístico y sistémico que reconozca la naturaleza multidimensional de la alimentación (social, económica, ecológica, cultural y política), que afirme la soberanía alimentaria (los derechos de los Pueblos, naciones y estados para definir sus propios sistemas alimentarios) y que reclame a los sistemas alimentarios como bienes comunes que no pueden dejarse a soluciones basadas en mercado: esto no solamente requiere la participación y la soberanía plenas de los pueblos pero también colocar el bienestar de las personas, pueblos y del planeta al centro. Esto impone regulaciones estrictas sobre el sistema alimentario corporativo para abarcar su naturaleza predatoria y expansionista y para realinearlo con los imperativos sociales, económicos, culturales y ecológicos urgentes”, agregaron.