Tomará estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara de Diputados un anteproyecto de Ley que obligará a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a publicar diariamente la agenda de autoridades del gobierno, informaron a AIM. 

El proyecto ingresado en la Oficina de Sugerencia Ciudadana de la Cámara Baja permitirá a los ciudadanos entrerrianos conocer los movimientos de las autoridades del Estado, para poder comprender posiciones y la dirección de las decisiones políticas en los estamentos del gobierno.

Además, el proyecto busca garantizar los datos para que comunicadores sociales puedan cubrir libremente las audiencias y conferencias en un proceso de democratización de los flujos de generación de información, como ocurre con organismos nacionales.

En ese marco, también se establece en el proyecto que “todos los periodistas registrados según la Ley provincial 5670, no deberán ser acreditados para actos de gobierno. Sólo deberán acreditarse aquellos que no estén registrados”, y se aclaró que “la acreditación podrá ser previa por correo electrónico con acuse de recibo y número de acreditación o in situ”.

Asimismo, se clara que “ningún funcionario podrá impedir el acceso a periodistas a lugares donde los presidentes de las Cámaras, el presidente del STJ, el gobernador (en su carácter de mandatario provincial) o sus funcionarios, esté participando de un acto de gobierno”.

Actualmente en Entre Ríos los Poderes del Estado no informan la agenda de los funcionarios públicos a todos los periodistas sino que hacen una minuciosa selección de medios a convocar en conferencias, charlas u audiencias de las autoridades, lo que resulta arbitrario y discriminatorio para los medios y periodistas que piensan distinto.

El trabajo del periodista es informar a los ciudadanos y poder preguntar con libertad a los funcionarios públicos sobre asuntos de Estado que hacen a los gobiernos, ya que sus decisiones y  políticas de Estado afectan directamente a los ciudadanos entrerrianos y al privar el acceso a la agenda de los funcionarios y restringir los actos de gobiernos se atenta contra el principio de acceso a la información pública, se limita el derecho al trabajo de los periodistas y el derecho a informar, confirmó esta Agencia.